Políticas públicas y crimen organizado (I)

Sectores vinculados al gobierno y a sus estamentos de “seguridad” señalan que el crimen organizado ha creado en Panamá una crisis social de envergadura. Además, apuntan a que el crimen organizado está creciendo. Agregan que el mejor contrapeso a esa enfermedad es una ciudadanía organizada. Los mismos dicen que hay que “sacar a los maleantes de la sociedad, sacarlos de la calle”. Sin embargo, las mismas autoridades gubernamentales legislan en forma sistemática en contra de la ciudadanía y a favor del crimen organizado.
Algunos expertos dicen que es necesario prevenir y buscar la causa del crimen. Dicen que es necesario buscar la causa en la estructura de la familia. Según estos especialistas, la familia bien constituida produciría ciudadanos íntegros. Tienen razón quienes dicen que es necesario buscar las causas del crimen. Sin embargo, se pierden cuando señalan que la víctima de la desorganización social – la familia – es la causa del problema. Hay que buscar las causas del crimen en otro lugar.
Las causas del crimen organizado en Panamá son las políticas públicas que aplican sistematicamente los gobiernos. La desorganización social de los diferentes sectores sociales es consecuencia de las leyes que se aprueban en la Asamblea de Diputados y son ejecutadas por el Presidente de la República. Leyes contra las organizaciones de los trabajadores, contra los productores agrícolas, contra los estudiantes, contra las amas de casa, contra los pequeños propietarios y tantas otras.
Estas leyes debilitan el tejido social de la familia, de la comunidad y del país. A su vez, le permiten a quienes especulan con las riquezas nacionales apropiarse de la producción de los panameños mediante la violencia, la corrupción y utilizando las mismas leyes que se crean para ese fin,
Los gobiernos panameños han desarrollado políticas publicas que contribuyen al aumento del crimen y de la corrupción. Entre las políticas públicas más notorias en este sentido ha sido la flexibilización de la fuerza de trabajo. Paralelo a la flexibilización, aparecen la desregulación y la llamada “apertura”. ¿Qué efectos han tenido estas políticas públicas sobre la estructura social panameña?
Estas políticas que debilitan la estructura social panameña son complementadas con espectáculos como la “Gran caminata por la seguridad ciudadana” realizada el domingo pasado en la ciudad de Panamá. Encabezada por el presidente de la República, la marcha que debió haber enviado un mensaje claro al país a favor de la paz se convirtió en un “show mediático” sin mayor contenido.
Para enfrentar el crimen organizado se necesita una sociedad, con grupos sociales consolidados, organizados y decididos a tomar acción. Se necesita una dirección política (gobierno) conocedora de las causas de la crisis y con la valentía para enfrentar los retos que presenta el crimen organizado. En la actualidad, sin embargo, los grupos sociales son desarticulados por la legislación que les secuestra sus familias, les destruye sus fuentes de trabajo y desarticula las redes sociales de las comunidades. Además, convierte a los gobernantes en presas fáciles para caer en las trampas del crimen organizado.
Hemos enumerado algunas de las malas noticias. Pero también hay buenas noticias. De la misma manera que se ha legislado en forma negativa durante los últimos lustros, se puede revertir esa tendencia y comenzar a promover leyes que pongan fin al crimen y destruir sus tentáculos. Por un lado, leyes que estabilicen el trabajo (en contra de la flexibilización). Además, leyes que regulen las actividades económicas en el país. Igualmente, una legislación que respete las riquezas del país y las ponga al servicio de los panameños.
Panamá, 27 de mayo de 2010.