En Panamá conocemos a Chile, en gran parte, por su cordillera, su vino y por el cobre que cruza el Canal con destino a los mercados de norte América y Europa. En la actualidad, ese metal precioso chileno se dirige más hacia las usinas chinas. La saga de los 33 mineros chilenos enterrados en un socavón durante tres meses capturó la imaginación y la solidaridad de todos los trabajadores del mundo, especialmente en Panamá. Su rescate fue recibido con alegría espontánea por todo el mundo.
Los trabajadores del mundo celebraron el heroísmo de los mineros, la voluntad de los chilenos por salvar a sus hijos atrapados y la moderna tecnología utilizada para hacer posible enorme empeño. Al mismo tiempo, sin embargo, los mineros chilenos han planteado muy claramente que lo ocurrido pudo haber sido evitado. La tragedia fue provocada por dos causas: En primer lugar, el desgreño de los empresarios quienes sólo tienen interés en extraer más minerales de la tierra sin importar el costo humano. En segundo lugar, el gobierno de ese país que nunca modernizó su legislación para elevar al más alto nivel de seguridad las condiciones de trabajo en las minas chilenas.
En reciente escrito, Francisco Herreros plantea que el mundo “ignora que el mismo día del rescate, los otros 328 trabajadores de la mina San José (en Copiapó) fueron despedidos sin indemnización por causal de quiebra”.
También desconoce “que en 2009 se registraron más de 191 mil accidentes laborales en el país, con 443 muertos. Además, en el primer trimestre de 2010, fallecieron 155 trabajadores. Los accidentes mineros dejaron 373 muertos en Chile en la última década, y 31 en 2010. Mientras el rescate alcanzaba el clímax, fallecieran víctimas de accidentes otros dos mineros, en Petorca y la Ligua”.
La situación chilena se parece a Panamá, así como Colombia, Brasil y México donde los accidentes mineros son usuales sin que los gobiernos pongan orden en el desgreño de los empresarios. Al igual que en los demás países latinoamericanos, la explotación minera favorece a inversionistas extranjeros. En el caso de Chile, el cobre es la entrada fiscal más importante. Sólo la empresa estatal CODELCO aportó en las últimas tres décadas 70 mil millones de dólares al fisco. (Guardando proporciones es el Canal de Panamá para la economía chilena).
Al mismo tiempo, el sector privado de la minería chilena que representa más de la mitad de las explotaciones sólo aportó 9 mil millones en los últimos 5 años. Pero, transfirió a sus filiales en el extranjero otros 90 mil millones de dólares en ganancias.
Según Herreros, el meollo del asunto no estriba en unos dólares más. “En materia de seguridad del trabajo en las minas, bastaría que el gobierno chileno envíe al Congreso un proyecto de ley que ratifique el Convenio 176 de la OIT, sobre Seguridad y Salud en las Minas. Pero no lo hará, ya que dicho convenio permite que los trabajadores paralicen las faenas que no consideren seguras, sin ser despedidos. Tampoco enviará proyectos que ratifiquen el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, la Recomendación 164 y el Convenio 187”.
Al igual que en el resto de la región, esta situación de inseguridad laboral no le permite a Chile salir de su situación de subdesarrollo. La sobre explotación de sus trabajadores no les permite integrarse al mercado de consumo e impulsar un crecimiento interno del país.
Pero los trabajadores chilenos enfrentan otro reto quizás aún más difícil. El gobierno chileno aprovechando “el viento de cola” provocado por el drama de los mineros de Copiapó, anunció su intención de introducir reformas a la legislación laboral. Según Herreros, el presidente “Piñera intentará meter de contrabando la “modernización del mercado laboral” que obsesiona desde hace años a la derecha y el empresariado, con medidas tales como “la consagración legal de la flexibilidad laboral, eliminando la indemnización por años de servicio y debilitando el movimiento sindical rebajando a cinco el número mínimo de trabajadores para constituir un sindicato”.
El pueblo chileno acaba de rescatar a sus 33 mineros de una muerte segura, gracias a su fuerza y determinación. El mundo celebra. Igualmente, hay que destacar la disciplina y fe inquebrantable de los 33 mineros que no se rindieron. Sin duda, los trabajadores mineros y su historia combativa reflejan la organización del pueblo chileno. En muchas oportunidades ha levantado proyectos para sacar el país de la pobreza. Una y otra vez ha sido reprimido. Herreros concluye que lo único que puede darle esperanza a Chile “es la recomposición de un fuerte movimiento popular, con vocación de poder”.
Panamá, 28 de octubre de 2010.
sábado, 30 de octubre de 2010
jueves, 21 de octubre de 2010
Trabajadores recuperan el derecho a la huelga
El enfrentamiento en la mesa del diálogo entre capital y trabajo arrojó un triunfo parcial para los trabajadores. Sin embargo, no hay que olvidar los muertos y heridos que se sacrificaron hace tres meses en la batalla de Changuinola. Después de varias semanas, el gobierno nacional y los representantes de los patrones llegaron a un acuerdo con los trabajadores y otros sectores de la sociedad civil en la mesa del diálogo creada para revisar la Ley 30. Hay que esperar un tiempo para determinar si los logros en el diálogo representan algún cambio en la correlación de fuerzas.
La legislación, conocida con el nombre de “ley chorizo”, que acababa con los sindicatos del país, eliminaba los estudios de impacto ambiental y ponía por encima de la ley a los abusos policiales, fue aprobada en junio de 2010. Las protestas de los obreros fueron reprimidas especialmente en Changuinola, centro de producción bananera, donde la Policía Nacional reconoció haber muerto a dos obreros y herido a varios centenares.
La mayoría de los trabajadores de las bananeras en el área de Changuinola son de la etnia ngobe. El presidente Martinelli y su gabinete enviaron tropas militarizadas para reprimir las protestas. En encuestas recientes, el 85 por ciento de los panameños rechazaron las acciones de los ministros que encabezaron la represión.
Con relación a los acuerdos, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) señaló “que nunca podremos sentirnos plenamente satisfechos con los resultados obtenidos... (Pero) se ha logrado frenar los planes del gobierno dirigidos a liquidar a las organizaciones sindicales y conculcar importantes conquistas de los trabajadores. Se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30”.
Según FRENADESO, “el gobierno volvió a incumplir su palabra y en uno de los anteproyectos de ley, el que se refiere a la policía, eliminó un párrafo fundamental acordado en la mesa de diálogo, el que ordenaba la detención preventiva para los policías que cometieran actos delictivos en manifestaciones públicas. La Confederación Nacional de Sindicatos Independientes (CONUSI) no avaló este cambio que el gobierno impuso luego de concluida la labor de la mesa sobre la Ley 30”.
También dice que “los responsables de estos crímenes deben ir al banquillo de los acusados y los funcionarios responsables de la represión y de los insultos contra el pueblo, como el ministro José Raúl Mulino, el director de la Policía Gustavo Pérez, la ministra Alma Cortés y Didier Degracia, deben ser destituidos”.
El Partido Alternativa Popular (PAP) coincide en que el ministro “Mulino debe presentar de inmediato su renuncia si tuviera un mínimo de dignidad”. El PAP presentó su posición frente a los acuerdos planteando, por un lado, algunos resultados positivos y, por el otro, destacando los negativos.
“Lo positivo: La mesa de diálogo consagró lo que los trabajadores con la huelga general del 13 de julio pasado y el pueblo de Changuinola logró en las calles a costa de muertos, heridos, lisiados y centenas de detenidos, devolver a los sindicatos el derecho de cobrar sus cuotas, el derecho a huelga (aunque retaceado) y los estudios de impacto ambiental.
“Lo negativo: Se concentra sobre todo en materia de derechos humanos, pues el gobierno, desconociendo incluso lo acordado en la mesa de diálogo, reiteró la “Ley chorizo” impidiendo a los jueces separar del cargo y detener preventivamente a policías que hayan cometido flagrante abuso de autoridad en servicio. Además, se mantiene la vigencia de la “Ley carcelazo” (sanciones de hasta 2 años por cerrar una calle) cuya derogación fue uno de los objetivos de la lucha”.
Los heridos y las familias de las víctimas no recibirán ayuda. Además, “la mesa no desactivó las amenazas contra la libertad personal de la dirigencia popular porque se mantiene el expediente amañado de la Fiscalía Auxiliar contra todos ellos”.
En cuanto al derecho a huelga se conservó el derecho de la gerencia, su personal de confianza y los empleados de mantenimiento para entrar a las plantas afectadas por una huelga legal. Según el PAP, “esto es un retroceso respecto a los derechos que consagra el Código de Trabajo y una victoria de los empresarios”.
La mesa reconoció que durante una huelga se paraliza la producción en los planteles industriales. Sin embargo, no quedaron claros los derechos de los trabajadores en paro en el sector comercial.
Panamá, 21 de octubre de 2010.
La legislación, conocida con el nombre de “ley chorizo”, que acababa con los sindicatos del país, eliminaba los estudios de impacto ambiental y ponía por encima de la ley a los abusos policiales, fue aprobada en junio de 2010. Las protestas de los obreros fueron reprimidas especialmente en Changuinola, centro de producción bananera, donde la Policía Nacional reconoció haber muerto a dos obreros y herido a varios centenares.
La mayoría de los trabajadores de las bananeras en el área de Changuinola son de la etnia ngobe. El presidente Martinelli y su gabinete enviaron tropas militarizadas para reprimir las protestas. En encuestas recientes, el 85 por ciento de los panameños rechazaron las acciones de los ministros que encabezaron la represión.
Con relación a los acuerdos, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) señaló “que nunca podremos sentirnos plenamente satisfechos con los resultados obtenidos... (Pero) se ha logrado frenar los planes del gobierno dirigidos a liquidar a las organizaciones sindicales y conculcar importantes conquistas de los trabajadores. Se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30”.
Según FRENADESO, “el gobierno volvió a incumplir su palabra y en uno de los anteproyectos de ley, el que se refiere a la policía, eliminó un párrafo fundamental acordado en la mesa de diálogo, el que ordenaba la detención preventiva para los policías que cometieran actos delictivos en manifestaciones públicas. La Confederación Nacional de Sindicatos Independientes (CONUSI) no avaló este cambio que el gobierno impuso luego de concluida la labor de la mesa sobre la Ley 30”.
También dice que “los responsables de estos crímenes deben ir al banquillo de los acusados y los funcionarios responsables de la represión y de los insultos contra el pueblo, como el ministro José Raúl Mulino, el director de la Policía Gustavo Pérez, la ministra Alma Cortés y Didier Degracia, deben ser destituidos”.
El Partido Alternativa Popular (PAP) coincide en que el ministro “Mulino debe presentar de inmediato su renuncia si tuviera un mínimo de dignidad”. El PAP presentó su posición frente a los acuerdos planteando, por un lado, algunos resultados positivos y, por el otro, destacando los negativos.
“Lo positivo: La mesa de diálogo consagró lo que los trabajadores con la huelga general del 13 de julio pasado y el pueblo de Changuinola logró en las calles a costa de muertos, heridos, lisiados y centenas de detenidos, devolver a los sindicatos el derecho de cobrar sus cuotas, el derecho a huelga (aunque retaceado) y los estudios de impacto ambiental.
“Lo negativo: Se concentra sobre todo en materia de derechos humanos, pues el gobierno, desconociendo incluso lo acordado en la mesa de diálogo, reiteró la “Ley chorizo” impidiendo a los jueces separar del cargo y detener preventivamente a policías que hayan cometido flagrante abuso de autoridad en servicio. Además, se mantiene la vigencia de la “Ley carcelazo” (sanciones de hasta 2 años por cerrar una calle) cuya derogación fue uno de los objetivos de la lucha”.
Los heridos y las familias de las víctimas no recibirán ayuda. Además, “la mesa no desactivó las amenazas contra la libertad personal de la dirigencia popular porque se mantiene el expediente amañado de la Fiscalía Auxiliar contra todos ellos”.
En cuanto al derecho a huelga se conservó el derecho de la gerencia, su personal de confianza y los empleados de mantenimiento para entrar a las plantas afectadas por una huelga legal. Según el PAP, “esto es un retroceso respecto a los derechos que consagra el Código de Trabajo y una victoria de los empresarios”.
La mesa reconoció que durante una huelga se paraliza la producción en los planteles industriales. Sin embargo, no quedaron claros los derechos de los trabajadores en paro en el sector comercial.
Panamá, 21 de octubre de 2010.
viernes, 8 de octubre de 2010
Universidad y humanidades
La Universidad de Panamá nació en un día como hoy hace 75 años. Apareció en 1935, en una coyuntura extraordinaria para el desarrollo y consolidación de la nación panameña. Inserto en los procesos de expansión del mundo capitalista por varios siglos, resultado de su privilegiada posición geográfica, Panamá estaba a punto de iniciar una transformación radical de sus estructuras sociales.
Con motivo del aniversario, la Facultad de Humanidades acaba de publicar el libro “Las humanidades en la Universidad de Panamá”, de los profesores Carmen G. Córdoba y Marco A. Gandásegui. El libro recoge un conjunto de ensayos sobre un selecto grupo de hombres y mujeres que contribuyeron a la casa de estudios superiores y al desarrollo del país. Además, el volumen recoge varios artículos de los fundadores de la Universidad.
Según el libro, en 1935 “la República de Panamá fundada apenas tres décadas antes (1903) tenía que consolidar sus instituciones. Además, el país se preparaba para crear el mercado nacional con la construcción de carreteras, la modernización del sector agropecuario y el surgimiento de fábricas. La demanda de obreros productivos, técnicos de todos los niveles, profesionales y científicos para administrar el nuevo Estado panameño se percibía claramente en el horizonte”.
Como consecuencia, “la Universidad de Panamá fue convocada apenas creada para dar forma a ese ejército moderno de hombres y mujeres preparados para asumir las responsabilidades de hacer realidad el proyecto de nación anhelado por todos los panameños. El país apenas tenía una población de medio millón de habitantes pero su actividad económica era vibrante, en parte gracias a la ruta de transito y el Canal de Panamá. Las oportunidades eran múltiples pero sus posibilidades eran frenadas por la existencia de una estructura social dependiente y una escasez de hombres y mujeres con las herramientas intelectuales para construir el mundo nuevo anhelado”.
La Universidad de Panamá nació en medio de una lucha ideológica entre fuerzas liberales y conservadores. “Esta lucha entre lo viejo – decidido a no morir – y lo nuevo – que aún no se hacía realidad – remecía toda la estructura social panameña”. El crítico intelectual Roque J. Laurenza lo plantearía en 1933 en su famosa intervención sobre los poetas republicanos en el Instituto Nacional:
“La nueva generación quiere disparar la vida panameña hacia un nuevo horizonte, preñado de promesas, (pero la) tradición pesa sobre la conciencia nacional con su aparente suficiencia”.
La Universidad de Panamá sigue siendo – y lo será siempre - la expresión de ese nuevo mundo que se está construyendo. Refleja al país que se esfuerza por dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. Es la lucha entre las estructuras del pasado y las nuevas que apuntan hacia el futuro. Un futuro, sin embargo, no conocido, por construirse, lleno de esperanzas y con proyectos sociales definidos.
El libro recién publicado se refiere a los debates que han caracterizado a la Universidad de Panamá en 75 años de historia. “Los debates y los enfrentamientos ideológicos emergieron inmediatamente. Hombres y mujeres de la talla de Octavio Méndez Pereira, Jephta Duncan y Georgina Jiménez se lanzaron a la palestra. No se quedaron atrás Baltasar Isaza Calderón, Diego Domínguez Caballero y Otilia Arosemena de Tejeira.
Los debates entre conservadores y liberales, fueron rápidamente superados por las ideas reformistas de la siguiente generación de universitarios. Es el período en que emergen las organizaciones de las capas medias, los gremios de la clase obrera y una juventud combativa, dispuesta a reivindicar la Nación. “Si las generaciones de pensadores críticos llenaron los pasillos universitarios con sus ideas en sus primeros años, la nueva generación que la sucedió no perdió el paso y trajo intelectuales como Isaías García, Ricaurte Soler, Reina Torres de Araúz, César de León y Víctor Avila”. Todos estos docentes e investigadores, hombres públicos y forjadores de ideas tenían en común su compromiso universitario y su práctica diaria de compartir ideas con la juventud. En el plano ideológico, los humanistas universitarios se enfrentan en forma permanente apuntando en la dirección que consideran urgente para hacer realidad el proyecto de nación.
“Estas figuras – juntos con Rodrigo Miró, Ángel Rubio, Carlos M. Gasteazoro, Alfredo Castillero y tantos otros – tenían otro elemento en común. Eran profesores de la Facultad de Humanidades semillero del pensamiento más progresista de Panamá. Ser humanista era y es, por definición, ser progresista”. Nos legaron la tarea impostergable de construir un futuro nuevo y mejor - sin perder nuestra identidad - sobre el cual tenemos que avanzar sin prisa para llegar más rápido a nuestro destino como nación.
7 de octubre de 2010.
Con motivo del aniversario, la Facultad de Humanidades acaba de publicar el libro “Las humanidades en la Universidad de Panamá”, de los profesores Carmen G. Córdoba y Marco A. Gandásegui. El libro recoge un conjunto de ensayos sobre un selecto grupo de hombres y mujeres que contribuyeron a la casa de estudios superiores y al desarrollo del país. Además, el volumen recoge varios artículos de los fundadores de la Universidad.
Según el libro, en 1935 “la República de Panamá fundada apenas tres décadas antes (1903) tenía que consolidar sus instituciones. Además, el país se preparaba para crear el mercado nacional con la construcción de carreteras, la modernización del sector agropecuario y el surgimiento de fábricas. La demanda de obreros productivos, técnicos de todos los niveles, profesionales y científicos para administrar el nuevo Estado panameño se percibía claramente en el horizonte”.
Como consecuencia, “la Universidad de Panamá fue convocada apenas creada para dar forma a ese ejército moderno de hombres y mujeres preparados para asumir las responsabilidades de hacer realidad el proyecto de nación anhelado por todos los panameños. El país apenas tenía una población de medio millón de habitantes pero su actividad económica era vibrante, en parte gracias a la ruta de transito y el Canal de Panamá. Las oportunidades eran múltiples pero sus posibilidades eran frenadas por la existencia de una estructura social dependiente y una escasez de hombres y mujeres con las herramientas intelectuales para construir el mundo nuevo anhelado”.
La Universidad de Panamá nació en medio de una lucha ideológica entre fuerzas liberales y conservadores. “Esta lucha entre lo viejo – decidido a no morir – y lo nuevo – que aún no se hacía realidad – remecía toda la estructura social panameña”. El crítico intelectual Roque J. Laurenza lo plantearía en 1933 en su famosa intervención sobre los poetas republicanos en el Instituto Nacional:
“La nueva generación quiere disparar la vida panameña hacia un nuevo horizonte, preñado de promesas, (pero la) tradición pesa sobre la conciencia nacional con su aparente suficiencia”.
La Universidad de Panamá sigue siendo – y lo será siempre - la expresión de ese nuevo mundo que se está construyendo. Refleja al país que se esfuerza por dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. Es la lucha entre las estructuras del pasado y las nuevas que apuntan hacia el futuro. Un futuro, sin embargo, no conocido, por construirse, lleno de esperanzas y con proyectos sociales definidos.
El libro recién publicado se refiere a los debates que han caracterizado a la Universidad de Panamá en 75 años de historia. “Los debates y los enfrentamientos ideológicos emergieron inmediatamente. Hombres y mujeres de la talla de Octavio Méndez Pereira, Jephta Duncan y Georgina Jiménez se lanzaron a la palestra. No se quedaron atrás Baltasar Isaza Calderón, Diego Domínguez Caballero y Otilia Arosemena de Tejeira.
Los debates entre conservadores y liberales, fueron rápidamente superados por las ideas reformistas de la siguiente generación de universitarios. Es el período en que emergen las organizaciones de las capas medias, los gremios de la clase obrera y una juventud combativa, dispuesta a reivindicar la Nación. “Si las generaciones de pensadores críticos llenaron los pasillos universitarios con sus ideas en sus primeros años, la nueva generación que la sucedió no perdió el paso y trajo intelectuales como Isaías García, Ricaurte Soler, Reina Torres de Araúz, César de León y Víctor Avila”. Todos estos docentes e investigadores, hombres públicos y forjadores de ideas tenían en común su compromiso universitario y su práctica diaria de compartir ideas con la juventud. En el plano ideológico, los humanistas universitarios se enfrentan en forma permanente apuntando en la dirección que consideran urgente para hacer realidad el proyecto de nación.
“Estas figuras – juntos con Rodrigo Miró, Ángel Rubio, Carlos M. Gasteazoro, Alfredo Castillero y tantos otros – tenían otro elemento en común. Eran profesores de la Facultad de Humanidades semillero del pensamiento más progresista de Panamá. Ser humanista era y es, por definición, ser progresista”. Nos legaron la tarea impostergable de construir un futuro nuevo y mejor - sin perder nuestra identidad - sobre el cual tenemos que avanzar sin prisa para llegar más rápido a nuestro destino como nación.
7 de octubre de 2010.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
