Trabajadores recuperan el derecho a la huelga

El enfrentamiento en la mesa del diálogo entre capital y trabajo arrojó un triunfo parcial para los trabajadores. Sin embargo, no hay que olvidar los muertos y heridos que se sacrificaron hace tres meses en la batalla de Changuinola. Después de varias semanas, el gobierno nacional y los representantes de los patrones llegaron a un acuerdo con los trabajadores y otros sectores de la sociedad civil en la mesa del diálogo creada para revisar la Ley 30. Hay que esperar un tiempo para determinar si los logros en el diálogo representan algún cambio en la correlación de fuerzas.
La legislación, conocida con el nombre de “ley chorizo”, que acababa con los sindicatos del país, eliminaba los estudios de impacto ambiental y ponía por encima de la ley a los abusos policiales, fue aprobada en junio de 2010. Las protestas de los obreros fueron reprimidas especialmente en Changuinola, centro de producción bananera, donde la Policía Nacional reconoció haber muerto a dos obreros y herido a varios centenares.
La mayoría de los trabajadores de las bananeras en el área de Changuinola son de la etnia ngobe. El presidente Martinelli y su gabinete enviaron tropas militarizadas para reprimir las protestas. En encuestas recientes, el 85 por ciento de los panameños rechazaron las acciones de los ministros que encabezaron la represión.
Con relación a los acuerdos, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) señaló “que nunca podremos sentirnos plenamente satisfechos con los resultados obtenidos... (Pero) se ha logrado frenar los planes del gobierno dirigidos a liquidar a las organizaciones sindicales y conculcar importantes conquistas de los trabajadores. Se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30”.
Según FRENADESO, “el gobierno volvió a incumplir su palabra y en uno de los anteproyectos de ley, el que se refiere a la policía, eliminó un párrafo fundamental acordado en la mesa de diálogo, el que ordenaba la detención preventiva para los policías que cometieran actos delictivos en manifestaciones públicas. La Confederación Nacional de Sindicatos Independientes (CONUSI) no avaló este cambio que el gobierno impuso luego de concluida la labor de la mesa sobre la Ley 30”.
También dice que “los responsables de estos crímenes deben ir al banquillo de los acusados y los funcionarios responsables de la represión y de los insultos contra el pueblo, como el ministro José Raúl Mulino, el director de la Policía Gustavo Pérez, la ministra Alma Cortés y Didier Degracia, deben ser destituidos”.
El Partido Alternativa Popular (PAP) coincide en que el ministro “Mulino debe presentar de inmediato su renuncia si tuviera un mínimo de dignidad”. El PAP presentó su posición frente a los acuerdos planteando, por un lado, algunos resultados positivos y, por el otro, destacando los negativos.
“Lo positivo: La mesa de diálogo consagró lo que los trabajadores con la huelga general del 13 de julio pasado y el pueblo de Changuinola logró en las calles a costa de muertos, heridos, lisiados y centenas de detenidos, devolver a los sindicatos el derecho de cobrar sus cuotas, el derecho a huelga (aunque retaceado) y los estudios de impacto ambiental.
“Lo negativo: Se concentra sobre todo en materia de derechos humanos, pues el gobierno, desconociendo incluso lo acordado en la mesa de diálogo, reiteró la “Ley chorizo” impidiendo a los jueces separar del cargo y detener preventivamente a policías que hayan cometido flagrante abuso de autoridad en servicio. Además, se mantiene la vigencia de la “Ley carcelazo” (sanciones de hasta 2 años por cerrar una calle) cuya derogación fue uno de los objetivos de la lucha”.
Los heridos y las familias de las víctimas no recibirán ayuda. Además, “la mesa no desactivó las amenazas contra la libertad personal de la dirigencia popular porque se mantiene el expediente amañado de la Fiscalía Auxiliar contra todos ellos”.
En cuanto al derecho a huelga se conservó el derecho de la gerencia, su personal de confianza y los empleados de mantenimiento para entrar a las plantas afectadas por una huelga legal. Según el PAP, “esto es un retroceso respecto a los derechos que consagra el Código de Trabajo y una victoria de los empresarios”.
La mesa reconoció que durante una huelga se paraliza la producción en los planteles industriales. Sin embargo, no quedaron claros los derechos de los trabajadores en paro en el sector comercial.
Panamá, 21 de octubre de 2010.