La Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá fue creada para servirle al proyecto de nación que concibieron los fundadores de la Republica y las generaciones que continuaron su labor. Méndez Pereira y sus colaboradores eran concientes de las necesidades que tenía el país.
A partir de 1935 la Universidad de Panamá comenzó a producir los profesionales que demandaban el Estado, las empresas públicas, las industrias y el comercio. La Universidad egresó generación tras generación de ingenieros, médicos y educadores.
El debate en torno a las políticas universitarias giraba en torno al futuro del país, la cuestión social, los retos del desarrollo, la soberanía y la viabilidad del proyecto de nación. Profesores y estudiantes reflejaban las preocupaciones de los diferentes sectores sociales del país. Al mismo tiempo, estremecían los cimientos de la sociedad con sus pronunciamientos y sus manifestaciones publicas.
La Universidad de Panamá era una institución que vibraba con el país y el país le enviaba a sus mejores hijos para ser formados en el espíritu de una nación en movimiento, en construcción. Fueron los universitarios panameños que hicieron realidad nuestro anhelo de soberanía, que universalizaron la educación, levantaron el lema de “salud igual para todos”, que ocuparon las plazas claves de nuestras industrias y que hicieron realidad el anhelo de ser libres de frontera a frontera.
Las políticas neoliberales aplicadas en el país durante el último cuarto de siglo ha ido lenta pero sistemáticamente desmontando los logros de las generaciones que lucharon en el siglo XX. El estado panameño es apenas una caricatura de lo que fue. Las empresas publicas y las industrias prácticamente han desaparecido. El sector agropecuario está en crisis, algunos dicen que está en bancarrota. Nuestra educación y el sistema de salud están en crisis. El proyecto de nación ha sido cuidadosamente engavetado y encerrado bajo llave.
En este contexto la Universidad de Panamá se encuentra buscando el camino que la reúna con el proyecto de nación. Frente a un Estado debilitado por las políticas neoliberales de desregulación, la Universidad no le puede proporcionar su fuerza ni sus recursos intelectuales a una sociedad que no logra encontrar su propia identidad.
La sociedad le está exigiendo a la Universidad de Panamá que se pronuncie sobre los grandes problemas que la aquejan. Le esta pidiendo que ponga toda su energía creativa al servicio del proyecto de nación. El Estado dirige los destinos del país por senderos peligrosos y le corresponde a la Universidad de Panamá trabajar en la búsqueda de nuevos caminos.
El avance del crimen organizado refleja una realidad que los panameños no podemos ignorar. Hay que ver el problema de la violencia de manera integral. De igual manera, los problemas sociales y económicos y nuestras relaciones con los países vecinos tienen que ser manejados con un plan nacional de desarrollo. El desgreño administrativo es otro elemento que debe atraer la atención de todos.
La Universidad de Panamá se encuentra sumida en un debate electoral que no conduce a objetivos claros. Algunas de las mentes más claras del país se han pasado meses elaborando tácticas para crear ilusiones falsas en torno al futuro de la institución.
Hay que entender que la crisis de la Universidad no tiene que ver sólo con los programas de estudios, los profesores y los estudiantes. La crisis universitaria es el reflejo de una crisis nacional. El debate no puede centrarse en proyectos de diferentes sectores, tiene que enfocar los problemas del país. La Universidad no existe para solucionarle problemas a quienes tienen aspiraciones administrativas. La Universidad se creó para servirle al proyecto de nación.
Iniciemos el debate universitario en torno a los problemas nacionales y busquemos sus soluciones. La situación actual de la Universidad, arrastrada por un proceso que afecta a todo el país, no debe enceguecer a los discípulos de los Méndez Pereira, Miró o Soler. Hay que elevar la mirada por encima del horizonte y contribuir en forma decidida a la construcción de la nueva sociedad a la que aspira todo panameño comprometido con la nación. El reto planteado para el debate universitario es hacer de la Universidad de Panamá un proyecto que la ponga al servicio del país.
Panamá, 24 de junio de 2010.

Nuevas políticas públicas para combatir el crimen organizado (IV)

Ante el desorden generalizado a nivel nacional y la legislación contraria a los intereses del país, es necesario introducir nuevas políticas públicas para erradicar el crimen organizado. Hay que tomar la acción necesaria que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado. Hemos señalado como las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación de las instituciones gubernamentales, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otras iniciativas legislativas han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y el crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle de agua al pez.
Hay que proceder de manera rápida y eficaz para reformar la legislación aprobada en las últimas dos décadas y así comenzar a eliminar el crimen y la violencia. Las reformas legislativas tendrían que centrarse en las áreas del trabajo, de la educación y de la economía. Las iniciativas legislativas tendrían que ser opuestas a las aprobadas de manera irregular por la Asamblea de Diputados el fin de semana pasada.
En primer lugar, en el sector trabajo, hay que estabilizar (todo lo contrario de flexibilizar) el empleo. Hay que convertir el concepto promovido por la legislación de trabajo informal o “justo a tiempo”, en la noción de trabajo estable y decente. Hay que devolverle al trabajador su hogar, que le fuera secuestrada por la legislación que flexibiliza su relación de trabajo. La relación estable entre el trabajador y el hogar produce una familia íntegra con valores asociados con el trabajo y la educación. En vez de dispersar a los miembros de la familia, esa institución básica debe fortalecerse.
Fortaleciendo a la familia de manera concreta, con un hogar que se sustenta con un ingreso regular, se activa la red de relaciones de la comunidad. Los valores de trabajo y educación, compartidos por las unidades familiares de la comunidad, generan un interés en promover actividades culturales, educativas, deportivas y otras.
En segundo lugar, en el sector educación, hay que devolverle el sentido original que le dieron los fundadores del sistema educativo panameño hace cien años. Mediante la educación estamos formando nuevos ciudadanos y trabajadores del más alto nivel productivo que contribuyan a consolidar la Nación. En la actualidad, estamos formando empleados domésticos para una economía “transitista” al servicio del crimen organizado.
Los establecimientos escolares han sido abandonados y se encuentran en un estado deplorable. Los educadores han sido objeto de persecución y sus salarios han disminuido a tal extremo que necesitan varios empleos simultáneos para cumplir con sus responsabilidades familiares. La situación ha creado una generación de estudiantes sin rumbo, a quienes se les prohíbe organizarse y realizar actividades académicas por temor a sus protestas.
Hay que construir establecimientos escolares nuevos, darle mantenimiento permanente a los otros y reestructurar la planilla de los educadores.
Tercero, el sector económico tiene que planificarse para contribuir al crecimiento y desarrollo armónicos con los intereses de todos los panameños. En la actualidad, el crimen organizado se ha adueñado del turismo, también de la explotación de los recursos naturales y ha puesto a nuestra juventud a defender sus intereses en las calles actuando como sicarios. La seguridad alimenticia y la seguridad ciudadana han sido subordinadas a la seguridad de los inversionistas de cuyos capitales se desconocen su origen. La seguridad ciudadana ha sido sacrificada a nombre de un Ministerio de Seguridad cuyo objetivo es contribuir al tráfico internacional y nacional de drogas y armas.
Panamá, 17 de junio de 2010.

“Desregulación” y crimen organizado (III)

Las políticas públicas de desregulación complementan las medidas de flexibilización del trabajo que han tomado los últimos gobiernos. Según las nociones que manejan los ideólogos neoliberales, la desregulación debería disminuir la participación del sector público en las actividades económicas de los inversionistas. Los empresarios reciben recursos del sector público o utilizan la infraestructura que ofrece la sociedad pero no deben ser objeto de supervisión. La propuesta supone que los inversionistas se autorregulan en una amplia gama de actividades económicas. En principio, los intereses de todos los inversionistas supuestamente encuentran un equilibrio que garantiza la competencia entre los empresarios.
La desregulación también pretende reducir la participación del gobierno en actividades que pueden beneficiar a los inversionistas. La aplicación de las políticas públicas de desregulación han afectado la participación gubernamental en sectores estratégicos como la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo urbano, así como la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, el transporte, el deporte y el desarrollo de la comunidad.
Los diferentes niveles de educación han visto sus presupuestos disminuir e, igualmente, la calidad de la educación. La desregulación ha reorientado recursos a otros sectores y, a la vez, ha convertido ese sector gubernamental en un centro de corrupción.
El mismo fenómeno se puede destacar con relación a las políticas públicas en salud y vivienda. El presupuesto disminuye y las enfermedades erradicadas en el pasado regresan a ocupar sus lugares. Las soluciones habitacionales son cada vez menos “racionales” y responden a otros intereses.
La desregulación y las respectivas políticas públicas correspondientes también tienen como objetivo promover la captación de inversiones extranjeras. La legislación permite el ingreso de capitales sin previo examen de su origen. La inversión en actividades vinculadas a negocios relacionados con la explotación de drogas, del sexo y de casa de juego tienden a multiplicarse. En torno a estas actividades se desarrollan actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la prostitución y los juegos al azar.
La desregulación, a su vez, crea un mercado paralelo que no es controlado por la sociedad. La proliferación de estas actividades penetran las estructuras legalmente establecidas y tienden a corromperlas. En un principio, los agentes que ocupan estas instancias aceptan pagos ilegales y después s prestan favores remunerados. En un segundo momento, se crean asociaciones entre las actividades ilícitas y los negocios establecidos legalmente. El proceso llega a su tercera etapa cuando los agentes de las actividades ilícitas se apoderan de las actividades legales (productivas) o las someten a sus propósitos. En estos casos, la instancia pública responde a los intereses ilícitos como el lavado de dinero, tráfico de drogas y otros negocios turbios.
Dependiendo de la etapa de desarrollo de este proceso de descomposición, el grado de la violencia y de la delincuencia varían. En la medida en que las políticas públicas se flexibilizan y las estructuras gubernamentales se desregularizan, hay un incremento de la violencia y del crimen.
Ante un panorama de este tipo, es necesario tomar algún tipo de acción que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado. Hemos señalado como las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación del gobierno, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otros han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle agua al pez.
Panamá, 10 de junio de 2010.

La flexibilización y el crimen organizado (II)

La llamada flexibilización de la fuerza de trabajo, noción introducida en el Código de Trabajo en 1995, es un ataque frontal a las nociones de modernidad y al proyecto de desarrollo que caracterizan el mundo de los últimos dos o tres siglos de la humanidad. El concepto de la flexibilización plantea que el trabajo no es una parte esencial de la estructura social. Más bien, la legislación panameña sostiene que el trabajo es un elemento marginal, que no tiene un valor fundamental para el desarrollo de la sociedad.
El presidente Ricardo Martinelli quiere llevar la flexibilización aún más lejos. Ha planteado que la conquista del día domingo como día de descanso para los trabajadores debe eliminarse. Además, tiene un proyecto de ley preparado que haría desaparecer a los sindicatos laborales. El mandatario acaba de proponer un proyecto de ley para crear el Area Económica Especial del Barú (las antiguas plantaciones bananeras) donde los trabajadores no tendrían la protección de la Constitución Política ni del Código de Trabajo. Es decir, que no se podrían organizar, que tendrían salarios por debajo del mínimo y que los “empresarios” podrían contratar libremente trabajadores extranjeros.
Como consecuencia, el trabajo pasa a ser sacrificado por las políticas publicas que se aprueban y ejecutan en el país. La flexibilización tiene efectos macro y micro sobre la sociedad. En términos generales, reduce la participación del consumo de los trabajadores en la economía. A la vez, desarticula su participación en las instancias donde se toman las decisiones que lo afectan. Se producen incrementos en el empleo informal, en el desempleo juvenil, en la discriminación por género y en la descalificación del trabajo.
A nivel micro, la flexibilización convierte a los jefes de hogar en trabajadores precarios, bloquea el ingreso de los jóvenes al trabajo, incrementa la deserción escolar de los adolescentes y aumenta el abandono de los niños. La flexibilización desintegra la estructura familiar, convirtiéndolo el hogar en un cascaron sin figura paterna o autoridad socializadora. Al mismo tiempo, la ausencia de la estructura familiar desarticula a la comunidad y su red de relaciones que, incluso, se vuelve conflictiva.
La familia se desintegra con cada miembro buscando una solución a su problema particular. Muchas veces siguen viviendo bajo un mismo techo pero sin relaciones familiares. Igual fenómeno se produce a nivel de la comunidad al desaparecer la red de relaciones. La gente vive en un lugar que guarda cierta homogeneidad pero sin que exista un sentir comunitario.
La desintegración familiar genera condiciones propicias para la corrupción. Los diferentes miembros de la familia negocian independientemente con agentes del crimen organizado para resolver problemas inmediatos. La comunidad, a la vez, se convierte en un hervidero de oportunidades para la corrupción del comercio, del trafico de personas y de drogas.
La flexibilización de la fuerza de trabajo propicia las condiciones ideales para el crecimiento y consolidación del crimen organizado. En este “caldo de cultivo” creado por el trabajo informal, la familia desintegrada y la comunidad desarticulada, el crimen organizado recluta los jóvenes para sus bandas al servicio del tráfico de ilícitos y la prostitución. El crecimiento del crimen organizado crea conflictos territoriales entre los grupos que promueven los asaltos y los homicidios (ajusticiamientos).
La legislación pasada y la nueva que pretende introducir el gobierno – al servicio de los intereses del crimen organizado – sólo contribuye a acelerar el espiral de violencia y la inseguridad ciudadana que vive Panamá.
Panamá, 3 de junio de 2010.

Políticas públicas y crimen organizado (I)

Sectores vinculados al gobierno y a sus estamentos de “seguridad” señalan que el crimen organizado ha creado en Panamá una crisis social de envergadura. Además, apuntan a que el crimen organizado está creciendo. Agregan que el mejor contrapeso a esa enfermedad es una ciudadanía organizada. Los mismos dicen que hay que “sacar a los maleantes de la sociedad, sacarlos de la calle”. Sin embargo, las mismas autoridades gubernamentales legislan en forma sistemática en contra de la ciudadanía y a favor del crimen organizado.
Algunos expertos dicen que es necesario prevenir y buscar la causa del crimen. Dicen que es necesario buscar la causa en la estructura de la familia. Según estos especialistas, la familia bien constituida produciría ciudadanos íntegros. Tienen razón quienes dicen que es necesario buscar las causas del crimen. Sin embargo, se pierden cuando señalan que la víctima de la desorganización social – la familia – es la causa del problema. Hay que buscar las causas del crimen en otro lugar.
Las causas del crimen organizado en Panamá son las políticas públicas que aplican sistematicamente los gobiernos. La desorganización social de los diferentes sectores sociales es consecuencia de las leyes que se aprueban en la Asamblea de Diputados y son ejecutadas por el Presidente de la República. Leyes contra las organizaciones de los trabajadores, contra los productores agrícolas, contra los estudiantes, contra las amas de casa, contra los pequeños propietarios y tantas otras.
Estas leyes debilitan el tejido social de la familia, de la comunidad y del país. A su vez, le permiten a quienes especulan con las riquezas nacionales apropiarse de la producción de los panameños mediante la violencia, la corrupción y utilizando las mismas leyes que se crean para ese fin,
Los gobiernos panameños han desarrollado políticas publicas que contribuyen al aumento del crimen y de la corrupción. Entre las políticas públicas más notorias en este sentido ha sido la flexibilización de la fuerza de trabajo. Paralelo a la flexibilización, aparecen la desregulación y la llamada “apertura”. ¿Qué efectos han tenido estas políticas públicas sobre la estructura social panameña?
Estas políticas que debilitan la estructura social panameña son complementadas con espectáculos como la “Gran caminata por la seguridad ciudadana” realizada el domingo pasado en la ciudad de Panamá. Encabezada por el presidente de la República, la marcha que debió haber enviado un mensaje claro al país a favor de la paz se convirtió en un “show mediático” sin mayor contenido.
Para enfrentar el crimen organizado se necesita una sociedad, con grupos sociales consolidados, organizados y decididos a tomar acción. Se necesita una dirección política (gobierno) conocedora de las causas de la crisis y con la valentía para enfrentar los retos que presenta el crimen organizado. En la actualidad, sin embargo, los grupos sociales son desarticulados por la legislación que les secuestra sus familias, les destruye sus fuentes de trabajo y desarticula las redes sociales de las comunidades. Además, convierte a los gobernantes en presas fáciles para caer en las trampas del crimen organizado.
Hemos enumerado algunas de las malas noticias. Pero también hay buenas noticias. De la misma manera que se ha legislado en forma negativa durante los últimos lustros, se puede revertir esa tendencia y comenzar a promover leyes que pongan fin al crimen y destruir sus tentáculos. Por un lado, leyes que estabilicen el trabajo (en contra de la flexibilización). Además, leyes que regulen las actividades económicas en el país. Igualmente, una legislación que respete las riquezas del país y las ponga al servicio de los panameños.
Panamá, 27 de mayo de 2010.