Nuevas políticas públicas para combatir el crimen organizado (IV)

Ante el desorden generalizado a nivel nacional y la legislación contraria a los intereses del país, es necesario introducir nuevas políticas públicas para erradicar el crimen organizado. Hay que tomar la acción necesaria que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado. Hemos señalado como las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación de las instituciones gubernamentales, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otras iniciativas legislativas han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y el crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle de agua al pez.
Hay que proceder de manera rápida y eficaz para reformar la legislación aprobada en las últimas dos décadas y así comenzar a eliminar el crimen y la violencia. Las reformas legislativas tendrían que centrarse en las áreas del trabajo, de la educación y de la economía. Las iniciativas legislativas tendrían que ser opuestas a las aprobadas de manera irregular por la Asamblea de Diputados el fin de semana pasada.
En primer lugar, en el sector trabajo, hay que estabilizar (todo lo contrario de flexibilizar) el empleo. Hay que convertir el concepto promovido por la legislación de trabajo informal o “justo a tiempo”, en la noción de trabajo estable y decente. Hay que devolverle al trabajador su hogar, que le fuera secuestrada por la legislación que flexibiliza su relación de trabajo. La relación estable entre el trabajador y el hogar produce una familia íntegra con valores asociados con el trabajo y la educación. En vez de dispersar a los miembros de la familia, esa institución básica debe fortalecerse.
Fortaleciendo a la familia de manera concreta, con un hogar que se sustenta con un ingreso regular, se activa la red de relaciones de la comunidad. Los valores de trabajo y educación, compartidos por las unidades familiares de la comunidad, generan un interés en promover actividades culturales, educativas, deportivas y otras.
En segundo lugar, en el sector educación, hay que devolverle el sentido original que le dieron los fundadores del sistema educativo panameño hace cien años. Mediante la educación estamos formando nuevos ciudadanos y trabajadores del más alto nivel productivo que contribuyan a consolidar la Nación. En la actualidad, estamos formando empleados domésticos para una economía “transitista” al servicio del crimen organizado.
Los establecimientos escolares han sido abandonados y se encuentran en un estado deplorable. Los educadores han sido objeto de persecución y sus salarios han disminuido a tal extremo que necesitan varios empleos simultáneos para cumplir con sus responsabilidades familiares. La situación ha creado una generación de estudiantes sin rumbo, a quienes se les prohíbe organizarse y realizar actividades académicas por temor a sus protestas.
Hay que construir establecimientos escolares nuevos, darle mantenimiento permanente a los otros y reestructurar la planilla de los educadores.
Tercero, el sector económico tiene que planificarse para contribuir al crecimiento y desarrollo armónicos con los intereses de todos los panameños. En la actualidad, el crimen organizado se ha adueñado del turismo, también de la explotación de los recursos naturales y ha puesto a nuestra juventud a defender sus intereses en las calles actuando como sicarios. La seguridad alimenticia y la seguridad ciudadana han sido subordinadas a la seguridad de los inversionistas de cuyos capitales se desconocen su origen. La seguridad ciudadana ha sido sacrificada a nombre de un Ministerio de Seguridad cuyo objetivo es contribuir al tráfico internacional y nacional de drogas y armas.
Panamá, 17 de junio de 2010.