“Desregulación” y crimen organizado (III)

Las políticas públicas de desregulación complementan las medidas de flexibilización del trabajo que han tomado los últimos gobiernos. Según las nociones que manejan los ideólogos neoliberales, la desregulación debería disminuir la participación del sector público en las actividades económicas de los inversionistas. Los empresarios reciben recursos del sector público o utilizan la infraestructura que ofrece la sociedad pero no deben ser objeto de supervisión. La propuesta supone que los inversionistas se autorregulan en una amplia gama de actividades económicas. En principio, los intereses de todos los inversionistas supuestamente encuentran un equilibrio que garantiza la competencia entre los empresarios.
La desregulación también pretende reducir la participación del gobierno en actividades que pueden beneficiar a los inversionistas. La aplicación de las políticas públicas de desregulación han afectado la participación gubernamental en sectores estratégicos como la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo urbano, así como la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, el transporte, el deporte y el desarrollo de la comunidad.
Los diferentes niveles de educación han visto sus presupuestos disminuir e, igualmente, la calidad de la educación. La desregulación ha reorientado recursos a otros sectores y, a la vez, ha convertido ese sector gubernamental en un centro de corrupción.
El mismo fenómeno se puede destacar con relación a las políticas públicas en salud y vivienda. El presupuesto disminuye y las enfermedades erradicadas en el pasado regresan a ocupar sus lugares. Las soluciones habitacionales son cada vez menos “racionales” y responden a otros intereses.
La desregulación y las respectivas políticas públicas correspondientes también tienen como objetivo promover la captación de inversiones extranjeras. La legislación permite el ingreso de capitales sin previo examen de su origen. La inversión en actividades vinculadas a negocios relacionados con la explotación de drogas, del sexo y de casa de juego tienden a multiplicarse. En torno a estas actividades se desarrollan actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la prostitución y los juegos al azar.
La desregulación, a su vez, crea un mercado paralelo que no es controlado por la sociedad. La proliferación de estas actividades penetran las estructuras legalmente establecidas y tienden a corromperlas. En un principio, los agentes que ocupan estas instancias aceptan pagos ilegales y después s prestan favores remunerados. En un segundo momento, se crean asociaciones entre las actividades ilícitas y los negocios establecidos legalmente. El proceso llega a su tercera etapa cuando los agentes de las actividades ilícitas se apoderan de las actividades legales (productivas) o las someten a sus propósitos. En estos casos, la instancia pública responde a los intereses ilícitos como el lavado de dinero, tráfico de drogas y otros negocios turbios.
Dependiendo de la etapa de desarrollo de este proceso de descomposición, el grado de la violencia y de la delincuencia varían. En la medida en que las políticas públicas se flexibilizan y las estructuras gubernamentales se desregularizan, hay un incremento de la violencia y del crimen.
Ante un panorama de este tipo, es necesario tomar algún tipo de acción que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado. Hemos señalado como las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación del gobierno, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otros han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle agua al pez.
Panamá, 10 de junio de 2010.