La flexibilización y el crimen organizado (II)

La llamada flexibilización de la fuerza de trabajo, noción introducida en el Código de Trabajo en 1995, es un ataque frontal a las nociones de modernidad y al proyecto de desarrollo que caracterizan el mundo de los últimos dos o tres siglos de la humanidad. El concepto de la flexibilización plantea que el trabajo no es una parte esencial de la estructura social. Más bien, la legislación panameña sostiene que el trabajo es un elemento marginal, que no tiene un valor fundamental para el desarrollo de la sociedad.
El presidente Ricardo Martinelli quiere llevar la flexibilización aún más lejos. Ha planteado que la conquista del día domingo como día de descanso para los trabajadores debe eliminarse. Además, tiene un proyecto de ley preparado que haría desaparecer a los sindicatos laborales. El mandatario acaba de proponer un proyecto de ley para crear el Area Económica Especial del Barú (las antiguas plantaciones bananeras) donde los trabajadores no tendrían la protección de la Constitución Política ni del Código de Trabajo. Es decir, que no se podrían organizar, que tendrían salarios por debajo del mínimo y que los “empresarios” podrían contratar libremente trabajadores extranjeros.
Como consecuencia, el trabajo pasa a ser sacrificado por las políticas publicas que se aprueban y ejecutan en el país. La flexibilización tiene efectos macro y micro sobre la sociedad. En términos generales, reduce la participación del consumo de los trabajadores en la economía. A la vez, desarticula su participación en las instancias donde se toman las decisiones que lo afectan. Se producen incrementos en el empleo informal, en el desempleo juvenil, en la discriminación por género y en la descalificación del trabajo.
A nivel micro, la flexibilización convierte a los jefes de hogar en trabajadores precarios, bloquea el ingreso de los jóvenes al trabajo, incrementa la deserción escolar de los adolescentes y aumenta el abandono de los niños. La flexibilización desintegra la estructura familiar, convirtiéndolo el hogar en un cascaron sin figura paterna o autoridad socializadora. Al mismo tiempo, la ausencia de la estructura familiar desarticula a la comunidad y su red de relaciones que, incluso, se vuelve conflictiva.
La familia se desintegra con cada miembro buscando una solución a su problema particular. Muchas veces siguen viviendo bajo un mismo techo pero sin relaciones familiares. Igual fenómeno se produce a nivel de la comunidad al desaparecer la red de relaciones. La gente vive en un lugar que guarda cierta homogeneidad pero sin que exista un sentir comunitario.
La desintegración familiar genera condiciones propicias para la corrupción. Los diferentes miembros de la familia negocian independientemente con agentes del crimen organizado para resolver problemas inmediatos. La comunidad, a la vez, se convierte en un hervidero de oportunidades para la corrupción del comercio, del trafico de personas y de drogas.
La flexibilización de la fuerza de trabajo propicia las condiciones ideales para el crecimiento y consolidación del crimen organizado. En este “caldo de cultivo” creado por el trabajo informal, la familia desintegrada y la comunidad desarticulada, el crimen organizado recluta los jóvenes para sus bandas al servicio del tráfico de ilícitos y la prostitución. El crecimiento del crimen organizado crea conflictos territoriales entre los grupos que promueven los asaltos y los homicidios (ajusticiamientos).
La legislación pasada y la nueva que pretende introducir el gobierno – al servicio de los intereses del crimen organizado – sólo contribuye a acelerar el espiral de violencia y la inseguridad ciudadana que vive Panamá.
Panamá, 3 de junio de 2010.