La crisis económica de EEUU y los países más industrializados del mundo parece consolidarse. La tasa de ganancia de las inversiones – y como consecuencia – el crecimiento económico se encuentra en su punto más bajo desde la gran crisis. La economía mundial sigue marchando – aunque cojeando – en gran parte debido a la expansión de la producción china. Entre los países llamados “subdesarrollados” la situación es ambivalente. En los países de la gran cuenca del Caribe las tasas de crecimiento han perdido su ímpetu. La disminución de las importaciones de EEUU – entre otras razones – han resentido las economías de la región.
En el caso de Panamá, la tasa de crecimiento ha disminuido en forma significativa en los últimos dos años. Sin embargo, Panamá logra mantener una tasa aceptable para los inversionistas en gran medida gracias a las expectativas creadas por la ampliación del Canal, las actividades portuarias y la confianza que le proporciona un gobierno amigo del capitalismo depredador.
En 14 meses en el poder, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha creado condiciones favorables para que los inversionistas extranjeros lleguen al país recibiendo todas las garantías para que puedan explotar sin control a la fuerza de trabajo y acabar con la naturaleza del país. Precisamente, las dos fuentes de riqueza de todo país. El presidente Martinelli – quizás ignorando el significado de sus propias acciones – está destruyendo la relación productiva que debe existir entre la población (trabajadores educados y productivos) y la naturaleza que sirve de base para el desarrollo económico. La gota que rebasó el contenedor fue la aprobación, a tambor batiente, de la Ley 30 que de un solo plumazo reformó 3 códigos y seis leyes. Esas piezas legislativas existían para proteger a la población y a la naturaleza de los inversionistas depredadores.
Los depredadores son inversionistas piratas quienes para extraer riquezas destruyen todo lo que encuentran en su camino. En el caso de Panamá, la Ley 30 les permite a los inversionistas destruir las comunidades formadas por trabajadores quienes se quedarán sin el empleo asalariado que les permitía llevar el sustento familiar a sus hogares. Al mismo tiempo, les dará luz verde a los inversionistas que están destruyendo bosques, ríos, playas y otros recursos naturales.
Los obreros de las bananeras de Changuinola se levantaron contra la Ley 30 y pagaron su atrevimiento con vidas humanas, centenares de heridos y muchas viviendas destruidas. La represión de la Policía Nacional de Martinelli fue implacable. Ante la ola de rechazo a la barbarie desatada por el presidente, éste decidió llamar a una mesa de diálogo entre las partes: gobierno, empresarios y obreros. Han pasado tres semanas de no-diálogo de los convocados y el gobierno todavía no ha dado el primer paso para encontrar un terreno común sobre el cual entablar un intercambio que tenga sentido.
Por el contrario, en la mesa de diálogo se dan cita los representantes más sectarios del gobierno que les cuesta sólo pensar que se sentarán a conversar con obreros. Por su lado, los empresarios escogidos a dedo por el gobierno consideran que es una pérdida de tiempo hablar sobre Bocas del Toro. Curiosamente, mientras que en el pasado los presidentes Pérez Balladares, Moscoso y Martín Torrijos dividían a los trabajadores para después aliarse con el sector que los favorecía, en el caso de Martinelli éste ha logado unir a los trabajadores por primera vez en más de cuarenta años. La unión, sin embargo, no ha sido puesta a prueba debido a la inoperancia total de la mesa del diálogo.
Según la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), ninguna de las demandas de los trabajadoras ha sido objeto de consideración por el gobierno. Estos son “la derogatoria de la Ley 30”, la ampliación de la mesa para incluir indígenas, ambientalistas y otros. Atender a los heridos de la represión en Changuinola y eliminar los expedientes levantados por las fiscalías en contra de los miembros de las agrupaciones populares sentados en la mesa.
El gobierno pretende que está dialogando mientras satura los medios de comunicación con propaganda a favor de la ley 30 y persigue a los defensores de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la empresa minera Petaquilla admitió que los embalses de contención del cianuro están a punto de desbordarse. Según otra versión, de SERPAJ-Panamá, “la tina de Molejones en el Campamento 5, se rajó y toda el agua y lodo con cianuro fueron a dar derechito al río del mismo nombre, tributario del río San Juan” que llega al Caribe.
Panamá, 26 de agosto de 2010.
jueves, 26 de agosto de 2010
lunes, 23 de agosto de 2010
EEUU realiza ejercicios militares en el Canal
La Policía Nacional hizo aparecer al trabajador de Bocas del Toro, Valentín Palacio, desaparecido como consecuencia de la represión desatada contra los sindicalistas bananeros en huelga a principios del pasado mes de julio. Según la Policía, el joven trabajador ngobe fue golpeado en Changuinola por un grupo de “maleantes” y amenazado de muerte. Durante un mes el paradero de Palacio fue un misterio a pesar de los habeas corpus interpuestos por familiares y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Panamá.
En otro acto encubierto, el gobierno panameño está financiando la compra de 1000 chasis de buses Volvo para surtir las rutas de transporte público de la ciudad capital. La empresa favorecida en Panamá tiene como nombre Transmassivo, cuya dirección ejecutiva está en manos de la empresa colombiana Fanalca. Otra empresa colombiana – Superpolo – construirá los buses. Superpolo es una propiedad conjunta de MarcoPolo (Brasil) y Fanalca.
Sin que el gobierno nacional informe a la ciudadanía panameña, EEUU inició ayer un conjunto de maniobras militares sobre ambas costas de Panamá, principalmente en los alrededores del Canal de Panamá. Se desconoce el tipo de maniobras o la intensidad de las mismas. Según medios internacionales, EEUU ha invitado al gobierno panameño que envíe observadores. Además, están participando oficiales navales de otros países de la región. Entre estos últimos se destacan las armadas de Argentina, Brasil, Chile así como de México. Incluso, están involucrados elementos de las fuerzas armadas de Ecuador, Nicaragua y El Salvador.
Según informa la agencia de noticias France Press (AFP), y confirma el Comando Sur de EEUU, este país inauguró ayer un conjunto de “ejercicios militares” en las inmediaciones de la vía acuática. Los ejercicios incluyen 15 países latinoamericanos, Canadá así como EEUU. Hace un mes el gobierno panameño acusó de terroristas a los trabajadores de la construcción, empleados en la ampliación del Canal, que protestaban por los salarios bajos.
Las maniobras se realizarán entre el 18 y 26 de agosto de 2010. Según AFP la movilización militar tiene como objetivo “coordinar respuestas a una eventual amenaza al Canal de Panamá o ante desastres naturales”. A la cabeza de la actividad se encuentra la Segunda Flota de EEUU. El ejercicio, denominado PANAMAX, busca "mejorar las capacidades terrestres, navales, aéreas y de fuerzas especiales de los 15 países de la región participantes".
La AFP señala que los ejercicios se están realizando en momentos en que EEUU ha incrementado las tensiones con Venezuela. La agencia agrega que “el embajador norteamericano designado para trasladarse a Caracas denunció, entre otras cosas, que el ejército venezolano tiene la moral baja y presenta influencia cubana”. EEUU también ha creado inestabilidad en la región ocupando más de media docena de bases militares colombianas. Según la Agencia la ocupación militar de Colombia por parte de EEUU “irritó al gobierno de Hugo Chávez”. El acuerdo firmado el año pasado entre Washington y Bogotá permite a soldados estadounidenses utilizar siete bases colombianas, lo que Caracas denunció como una amenaza.
Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Haití son los únicos países latinoamericanos que no participan en las maniobras militares. En los ejercicios, durante los cuales estarán apostados 42 representantes de 13 países en el cuartel de la Segunda Flota de la Armada en Norfolk, Virginia, participarán componentes de la Fuerza Aérea estadounidense del estado de Arizona y del Ejército en Texas, informó la agencia de prensa.
"La mayor parte del ejercicio será simulado y contará con algunas acciones en vivo en Panamá, Florida y Virginia", según el Comando Sur. En 2009 los ejercicios incluyeron un componente “contraterrorista”. En 2008 durante maniobras similares murió un policía panameño en un caso que fue calificado como descuido por parte de las autoridades.
EEUU realiza este tipo de maniobras militares conjuntas desde la década de 1950 en el marco de sus preparativos para enfrentar a la Unión Soviética en la guerra fría. Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980 le daba apoyo a las dictaduras militares en la región facilitando tecnología de punta. En la actualidad, el gobierno norteamericano no explica que objetivos persigue financiando y organizando las maniobras militares.
En el caso de Panamá, que se ha declarado neutral y no tiene fuerzas armadas desde 1990, desde entonces los gobiernos no cumplen con sus obligaciones constitucionales. Los oficiales de la Policía Nacional y del Servicio Aéreo Naval son invitados para disfrazarse de coroneles y almirantes y sentarse con sus contrapartes en centros refrigerados para observar en pantallas virtuales las operaciones.
Panamá, 19 de agosto de 2010.
En otro acto encubierto, el gobierno panameño está financiando la compra de 1000 chasis de buses Volvo para surtir las rutas de transporte público de la ciudad capital. La empresa favorecida en Panamá tiene como nombre Transmassivo, cuya dirección ejecutiva está en manos de la empresa colombiana Fanalca. Otra empresa colombiana – Superpolo – construirá los buses. Superpolo es una propiedad conjunta de MarcoPolo (Brasil) y Fanalca.
Sin que el gobierno nacional informe a la ciudadanía panameña, EEUU inició ayer un conjunto de maniobras militares sobre ambas costas de Panamá, principalmente en los alrededores del Canal de Panamá. Se desconoce el tipo de maniobras o la intensidad de las mismas. Según medios internacionales, EEUU ha invitado al gobierno panameño que envíe observadores. Además, están participando oficiales navales de otros países de la región. Entre estos últimos se destacan las armadas de Argentina, Brasil, Chile así como de México. Incluso, están involucrados elementos de las fuerzas armadas de Ecuador, Nicaragua y El Salvador.
Según informa la agencia de noticias France Press (AFP), y confirma el Comando Sur de EEUU, este país inauguró ayer un conjunto de “ejercicios militares” en las inmediaciones de la vía acuática. Los ejercicios incluyen 15 países latinoamericanos, Canadá así como EEUU. Hace un mes el gobierno panameño acusó de terroristas a los trabajadores de la construcción, empleados en la ampliación del Canal, que protestaban por los salarios bajos.
Las maniobras se realizarán entre el 18 y 26 de agosto de 2010. Según AFP la movilización militar tiene como objetivo “coordinar respuestas a una eventual amenaza al Canal de Panamá o ante desastres naturales”. A la cabeza de la actividad se encuentra la Segunda Flota de EEUU. El ejercicio, denominado PANAMAX, busca "mejorar las capacidades terrestres, navales, aéreas y de fuerzas especiales de los 15 países de la región participantes".
La AFP señala que los ejercicios se están realizando en momentos en que EEUU ha incrementado las tensiones con Venezuela. La agencia agrega que “el embajador norteamericano designado para trasladarse a Caracas denunció, entre otras cosas, que el ejército venezolano tiene la moral baja y presenta influencia cubana”. EEUU también ha creado inestabilidad en la región ocupando más de media docena de bases militares colombianas. Según la Agencia la ocupación militar de Colombia por parte de EEUU “irritó al gobierno de Hugo Chávez”. El acuerdo firmado el año pasado entre Washington y Bogotá permite a soldados estadounidenses utilizar siete bases colombianas, lo que Caracas denunció como una amenaza.
Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Haití son los únicos países latinoamericanos que no participan en las maniobras militares. En los ejercicios, durante los cuales estarán apostados 42 representantes de 13 países en el cuartel de la Segunda Flota de la Armada en Norfolk, Virginia, participarán componentes de la Fuerza Aérea estadounidense del estado de Arizona y del Ejército en Texas, informó la agencia de prensa.
"La mayor parte del ejercicio será simulado y contará con algunas acciones en vivo en Panamá, Florida y Virginia", según el Comando Sur. En 2009 los ejercicios incluyeron un componente “contraterrorista”. En 2008 durante maniobras similares murió un policía panameño en un caso que fue calificado como descuido por parte de las autoridades.
EEUU realiza este tipo de maniobras militares conjuntas desde la década de 1950 en el marco de sus preparativos para enfrentar a la Unión Soviética en la guerra fría. Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980 le daba apoyo a las dictaduras militares en la región facilitando tecnología de punta. En la actualidad, el gobierno norteamericano no explica que objetivos persigue financiando y organizando las maniobras militares.
En el caso de Panamá, que se ha declarado neutral y no tiene fuerzas armadas desde 1990, desde entonces los gobiernos no cumplen con sus obligaciones constitucionales. Los oficiales de la Policía Nacional y del Servicio Aéreo Naval son invitados para disfrazarse de coroneles y almirantes y sentarse con sus contrapartes en centros refrigerados para observar en pantallas virtuales las operaciones.
Panamá, 19 de agosto de 2010.
jueves, 12 de agosto de 2010
Sondeos de opinión favorecen a Martinelli
Según la última encuesta efectuada por una empresa de la localidad, el presidente Ricardo Martinelli se recuperó de su caída en popularidad ante la opinión pública. Más del 60 por ciento de la muestra entrevistada opinó que Martinelli estaba manejando bien los asuntos gubernamentales. Al mismo tiempo, sin embargo, sus colaboradores más cercanos en el Consejo de Gabinete siguieron perdiendo imagen frente a la población. Este fue el caso especialmente del flamante ministro de Seguridad, Raúl Mulino, y las ministras de Educación y Trabajo, respectivamente, Lucy Molinar y Alma Cortez.
Los resultados de la encuesta contrastan con la represión de la huelga de los trabajadores de las bananeras en Changuinola que costó varias vidas, el colapso del servicio de recolección de basura de la ciudad capital y la denuncia de casos de corrupción en diferentes sectores del gobierno. Según algunos comentaristas, la recuperación de Martinelli se debió probablemente a su llamada a una mesa del diálogo para revisar la Ley 30 (conocida como la ley “chorizo”) que ha sido rechazada por la gran mayoría de los panameños. Según la encuesta más del 60 por ciento de la población entrevistada opinó que la Ley 30 debía ser derogada y otro 20 por ciento señaló que los artículos contrarios a la sindicalización debían eliminarse.
La mesa del diálogo creada por el gobierno del presidente Martinelli arrancó con diversos problemas. Entre los 10 actores invitados a sentarse, sólo dos provienen del sector laboral. Tanto CONUSI, vinculado a FRENADESO, como CONATO, cercano al torrijismo, aceptaron la invitación pero la condicionaron a una agenda dirigida a la derogación de la Ley 30. Además, pidieron que se incluyera en la discusión la remoción de varios ministros y directivos de la Policía Nacional.
El gobierno, por su lado, invitó a un conjunto de figuras a la mesa del diálogo que fueron sorprendidos al saber que irían a la cita con los trabajadores y el gobierno. El presidente Martinelli defiende la Ley 30 señalando que los obreros están contentos con la iniciativa que la sindicalización sea voluntaria y que la Policía no sea responsable de sus actos cuando está cumpliendo con su trabajo.
El Partido Alternativa Popular (PAP), una de las organizaciones que más denunció los actos de violencia gubernamental en Bocas del Toro, se pronunció enfático. Exigió “la derogatoria de todas las leyes que son causales del conflicto (a Ley 14, el decreto ejecutivo 537 y la Ley 30), así como finalizar la persecución desatada contra los dirigentes sindicales y populares y solicitar el archivo de todos expedientes por ser inocentes de los cargos imputados”. También planteó la creación de “una comisión especial que le de seguimiento a la atención de los heridos, a fin de garantizar la mejor atención médica posible, sin escatimar recursos, a fin de velar por sus prontas y mejores recuperaciones posible”.
En el caso de aproximadamente 150 trabajadores de las bananeras (entre ellos muchos de los heridos por disparos de perdigones) se han abierto expedientes criminales por atentar contra “la seguridad interna del Estado”. Estas acusaciones reconocidas como políticas pueden llevar penas de cárcel de 10 años. Igualmente, en la ciudad de Panamá y otras capitales de provincia el gobierno ha levantado expedientes contra dirigentes sindicales y populares acusándolos de subvertir el orden y desestabilizar las instituciones del Estado.
A un grupo de trabajadores que anunció una huelga en la construcción de las ampliaciones del Canal de Panamá en Gatún (provincia de Colón) se le acusó de atentar contra la seguridad del Estado al poner en peligro el transporte público (¿la vía acuática interoceánica?). Casualmente, la Autoridad del Canal de Panamá poco después que contempla contratar 850 trabajadores nuevos en los próximos meses. Aparentemente, la medida obedece a su interés en garantizar la entrega de las nuevas esclusas con capacidad para recibir barcos hasta de 150 mil toneladas en la fecha prevista de 2013.
El sector empresarial panameño ve con preocupación las políticas del presidente Martinelli que pueden incidir desfavorablemente en sus planes de generar más ganancias de sus inversiones. Martinelli anunció un plan de inversiones de US$13 mil millones en un período de cuatro años que no responde a un criterio económico sustentado. Entre esas inversiones se destacan edificios públicos, centros hospitalarios especializados y corredores viales. Para lograr estos objetivos los empresarios se quejan de que se aumentan los impuestos, se endeuda el país y se generan conflictos con los sectores populares.
La popularidad de Martinelli se encuentra en un hilo. A pesar de su aparente “rebote”, producto del último sondeo de opinión pública, su futuro no se ve muy claro. FRENADESO recordó en la mesa del diálogo el caso de Valentín Palacio, trabajador desaparecido durante la represión en Changuinola.
Panamá, 12 de agosto de 2010.
Los resultados de la encuesta contrastan con la represión de la huelga de los trabajadores de las bananeras en Changuinola que costó varias vidas, el colapso del servicio de recolección de basura de la ciudad capital y la denuncia de casos de corrupción en diferentes sectores del gobierno. Según algunos comentaristas, la recuperación de Martinelli se debió probablemente a su llamada a una mesa del diálogo para revisar la Ley 30 (conocida como la ley “chorizo”) que ha sido rechazada por la gran mayoría de los panameños. Según la encuesta más del 60 por ciento de la población entrevistada opinó que la Ley 30 debía ser derogada y otro 20 por ciento señaló que los artículos contrarios a la sindicalización debían eliminarse.
La mesa del diálogo creada por el gobierno del presidente Martinelli arrancó con diversos problemas. Entre los 10 actores invitados a sentarse, sólo dos provienen del sector laboral. Tanto CONUSI, vinculado a FRENADESO, como CONATO, cercano al torrijismo, aceptaron la invitación pero la condicionaron a una agenda dirigida a la derogación de la Ley 30. Además, pidieron que se incluyera en la discusión la remoción de varios ministros y directivos de la Policía Nacional.
El gobierno, por su lado, invitó a un conjunto de figuras a la mesa del diálogo que fueron sorprendidos al saber que irían a la cita con los trabajadores y el gobierno. El presidente Martinelli defiende la Ley 30 señalando que los obreros están contentos con la iniciativa que la sindicalización sea voluntaria y que la Policía no sea responsable de sus actos cuando está cumpliendo con su trabajo.
El Partido Alternativa Popular (PAP), una de las organizaciones que más denunció los actos de violencia gubernamental en Bocas del Toro, se pronunció enfático. Exigió “la derogatoria de todas las leyes que son causales del conflicto (a Ley 14, el decreto ejecutivo 537 y la Ley 30), así como finalizar la persecución desatada contra los dirigentes sindicales y populares y solicitar el archivo de todos expedientes por ser inocentes de los cargos imputados”. También planteó la creación de “una comisión especial que le de seguimiento a la atención de los heridos, a fin de garantizar la mejor atención médica posible, sin escatimar recursos, a fin de velar por sus prontas y mejores recuperaciones posible”.
En el caso de aproximadamente 150 trabajadores de las bananeras (entre ellos muchos de los heridos por disparos de perdigones) se han abierto expedientes criminales por atentar contra “la seguridad interna del Estado”. Estas acusaciones reconocidas como políticas pueden llevar penas de cárcel de 10 años. Igualmente, en la ciudad de Panamá y otras capitales de provincia el gobierno ha levantado expedientes contra dirigentes sindicales y populares acusándolos de subvertir el orden y desestabilizar las instituciones del Estado.
A un grupo de trabajadores que anunció una huelga en la construcción de las ampliaciones del Canal de Panamá en Gatún (provincia de Colón) se le acusó de atentar contra la seguridad del Estado al poner en peligro el transporte público (¿la vía acuática interoceánica?). Casualmente, la Autoridad del Canal de Panamá poco después que contempla contratar 850 trabajadores nuevos en los próximos meses. Aparentemente, la medida obedece a su interés en garantizar la entrega de las nuevas esclusas con capacidad para recibir barcos hasta de 150 mil toneladas en la fecha prevista de 2013.
El sector empresarial panameño ve con preocupación las políticas del presidente Martinelli que pueden incidir desfavorablemente en sus planes de generar más ganancias de sus inversiones. Martinelli anunció un plan de inversiones de US$13 mil millones en un período de cuatro años que no responde a un criterio económico sustentado. Entre esas inversiones se destacan edificios públicos, centros hospitalarios especializados y corredores viales. Para lograr estos objetivos los empresarios se quejan de que se aumentan los impuestos, se endeuda el país y se generan conflictos con los sectores populares.
La popularidad de Martinelli se encuentra en un hilo. A pesar de su aparente “rebote”, producto del último sondeo de opinión pública, su futuro no se ve muy claro. FRENADESO recordó en la mesa del diálogo el caso de Valentín Palacio, trabajador desaparecido durante la represión en Changuinola.
Panamá, 12 de agosto de 2010.
jueves, 5 de agosto de 2010
Flexibilización y violencia en Panamá y Honduras
La política anti-obrera del presidente Ricardo Martinelli tiene sus seguidores en la región. En este caso, se trata del nuevo gobierno hondureño, producto de un golpe militar, presidido por Porfirio Lobo. Dándole seguimiento a propuestas por los sectores más conservadores de su clase empresarial y escudándose en políticas neo-liberales, el gobierno de Tegucigalpa está creando lo que llama un “Plan Solidario de Empleo Anticrisis”. Al igual que en Panamá el “plan” ha desatado una protesta social generalizada.
El “Plan Solidario” consiste en flexibilizar el empleo creando puestos de trabajo “por hora” o sólo por jornada de medio día. Según José Luis Baquedano, “es un proyecto político que pretende impulsar una mayor flexibilización y precarización laboral, a través de contratos de trabajo por hora y de media jornada. Una propuesta que de ninguna manera va a resolver el grave problema del empleo, ni mucho menos el del valor del salario versus el costo real de la canasta básica”. Baquedano es el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro del comité ejecutivo de del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP).
El gobierno panameño impuso esta legislación hace varios años creando zozobra en la familia del trabajador e incrementando el crimen organizado en el país. La flexibilización del trabajo le permite al empresario minimizar el salario del trabajador y emplearlo de la manera que considere más apropiado. El trabajador se vuelve una máquina. Este arreglo destruye a la familia que pierde a su proveedor principal y desarticula a la comunidad cuyas familias son diezmadas. La flexibilización es la causa de la aparición de las pandillas y la violencia criminal.
Hace un mes Martinelli promulgó la Ley 30 que, entre sus múltiples objetivos, eliminó la organización sindical en Panamá. La legislación fue rechazada por el pueblo panameño con un costo de varias vidas en las fincas bananeras de Changuinola (Bocas del Toro) producto de la represión policíaca. En la actualidad, el gobierno panameño busca fórmulas para imponer sus medidas por encima de la oposición popular.
Según Baqueadano, el gobierno está legislando en Honduras a pedido de los empresarios maquiladores. Los “trabajos son transitorios, sin beneficios sociales. Una total explotación de la mano de obra… De hecho va a modificar de forma ilegal el Código del Trabajo y la relación obrero-patronal. La empresa privada ha hecho un negocio con el desempleo. Los niveles son tan elevados que los trabajadores se someten a cualquier vejamen y propuesta que le haga el patrón”.
En este contexto, los presidentes Martinelli y Lobo tuvieron oportunidad de conversar en julio de 2010 sobre un acuerdo para exportar trabajadores de ese país a Panamá, donde recibirían remuneraciones inferiores al salario mínimo panameño. En su momento, Martinelli veía la importación de trabajadores como una medida para frenar las protestas de los trabajadores en las obras relacionadas con la ampliación del Canal de Panamá. Las empresas contratadas para trabajar en la vía acuática son de origen extranjero (española e italiana). Aparentemente, se consideran por encima de la ley y no se han hecho miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que tiene un convenio colectivo con los 50 mil trabajadores del Sindicato de la Construcción panameño (SUNTRACS).
Baquedano, en una entrevista concedida a Giorgio Trucchi, periodista uruguayo, agrega que la legislación hondureña que se quiere imponer crearía un sistema de trabajo “totalmente precarizado, no van a poder organizarse sindicalmente, no van a tener acceso a ninguna prestación laboral. Van a ser explotados y con salarios de hambre. Las mismas organizaciones sindicales van a salir gravemente afectadas. Eso es parte del plan desestabilizador”.
Los trabajadores hondureños están pidiendo que “se respete el Convenio que firmamos con los diputados, en el que acordamos que ningún proyecto de ley que afecte a los trabajadores y trabajadoras puede ser discutido y aprobado sin haberlo previamente consensuado con las confederaciones sindicales”. Hay que recordar que ese fue un pacto alcanzado con el presidente destituido por los militares en 2009, Manuel Zelaya. Según Baquedano, también “vamos a exigir que se ponga en práctica el Plan Nacional de Generación de Empleo Digno. Ese Plan fue consensuado de forma tripartita antes del golpe, en el seno del Consejo Económico y Social, y cuenta con el apoyo de la OIT.
Los sindicatos hondureños saben que su lucha es cuesta arriba. Reconocen que en Guatemala siguen “asesinando” a obreros y en “Panamá están masacrando a los trabajadores”. Según Baquedano, “los hondureños necesitan el apoyo internacional para fortalecer al movimiento sindical centroamericano, ante esta estrategia para desestabilizar al movimiento social y criminalizar la protesta”.
Panamá, 5 de agosto de 2010.
El “Plan Solidario” consiste en flexibilizar el empleo creando puestos de trabajo “por hora” o sólo por jornada de medio día. Según José Luis Baquedano, “es un proyecto político que pretende impulsar una mayor flexibilización y precarización laboral, a través de contratos de trabajo por hora y de media jornada. Una propuesta que de ninguna manera va a resolver el grave problema del empleo, ni mucho menos el del valor del salario versus el costo real de la canasta básica”. Baquedano es el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro del comité ejecutivo de del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP).
El gobierno panameño impuso esta legislación hace varios años creando zozobra en la familia del trabajador e incrementando el crimen organizado en el país. La flexibilización del trabajo le permite al empresario minimizar el salario del trabajador y emplearlo de la manera que considere más apropiado. El trabajador se vuelve una máquina. Este arreglo destruye a la familia que pierde a su proveedor principal y desarticula a la comunidad cuyas familias son diezmadas. La flexibilización es la causa de la aparición de las pandillas y la violencia criminal.
Hace un mes Martinelli promulgó la Ley 30 que, entre sus múltiples objetivos, eliminó la organización sindical en Panamá. La legislación fue rechazada por el pueblo panameño con un costo de varias vidas en las fincas bananeras de Changuinola (Bocas del Toro) producto de la represión policíaca. En la actualidad, el gobierno panameño busca fórmulas para imponer sus medidas por encima de la oposición popular.
Según Baqueadano, el gobierno está legislando en Honduras a pedido de los empresarios maquiladores. Los “trabajos son transitorios, sin beneficios sociales. Una total explotación de la mano de obra… De hecho va a modificar de forma ilegal el Código del Trabajo y la relación obrero-patronal. La empresa privada ha hecho un negocio con el desempleo. Los niveles son tan elevados que los trabajadores se someten a cualquier vejamen y propuesta que le haga el patrón”.
En este contexto, los presidentes Martinelli y Lobo tuvieron oportunidad de conversar en julio de 2010 sobre un acuerdo para exportar trabajadores de ese país a Panamá, donde recibirían remuneraciones inferiores al salario mínimo panameño. En su momento, Martinelli veía la importación de trabajadores como una medida para frenar las protestas de los trabajadores en las obras relacionadas con la ampliación del Canal de Panamá. Las empresas contratadas para trabajar en la vía acuática son de origen extranjero (española e italiana). Aparentemente, se consideran por encima de la ley y no se han hecho miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que tiene un convenio colectivo con los 50 mil trabajadores del Sindicato de la Construcción panameño (SUNTRACS).
Baquedano, en una entrevista concedida a Giorgio Trucchi, periodista uruguayo, agrega que la legislación hondureña que se quiere imponer crearía un sistema de trabajo “totalmente precarizado, no van a poder organizarse sindicalmente, no van a tener acceso a ninguna prestación laboral. Van a ser explotados y con salarios de hambre. Las mismas organizaciones sindicales van a salir gravemente afectadas. Eso es parte del plan desestabilizador”.
Los trabajadores hondureños están pidiendo que “se respete el Convenio que firmamos con los diputados, en el que acordamos que ningún proyecto de ley que afecte a los trabajadores y trabajadoras puede ser discutido y aprobado sin haberlo previamente consensuado con las confederaciones sindicales”. Hay que recordar que ese fue un pacto alcanzado con el presidente destituido por los militares en 2009, Manuel Zelaya. Según Baquedano, también “vamos a exigir que se ponga en práctica el Plan Nacional de Generación de Empleo Digno. Ese Plan fue consensuado de forma tripartita antes del golpe, en el seno del Consejo Económico y Social, y cuenta con el apoyo de la OIT.
Los sindicatos hondureños saben que su lucha es cuesta arriba. Reconocen que en Guatemala siguen “asesinando” a obreros y en “Panamá están masacrando a los trabajadores”. Según Baquedano, “los hondureños necesitan el apoyo internacional para fortalecer al movimiento sindical centroamericano, ante esta estrategia para desestabilizar al movimiento social y criminalizar la protesta”.
Panamá, 5 de agosto de 2010.
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