Martinelli no dialoga y sigue la crisis

La crisis económica de EEUU y los países más industrializados del mundo parece consolidarse. La tasa de ganancia de las inversiones – y como consecuencia – el crecimiento económico se encuentra en su punto más bajo desde la gran crisis. La economía mundial sigue marchando – aunque cojeando – en gran parte debido a la expansión de la producción china. Entre los países llamados “subdesarrollados” la situación es ambivalente. En los países de la gran cuenca del Caribe las tasas de crecimiento han perdido su ímpetu. La disminución de las importaciones de EEUU – entre otras razones – han resentido las economías de la región.
En el caso de Panamá, la tasa de crecimiento ha disminuido en forma significativa en los últimos dos años. Sin embargo, Panamá logra mantener una tasa aceptable para los inversionistas en gran medida gracias a las expectativas creadas por la ampliación del Canal, las actividades portuarias y la confianza que le proporciona un gobierno amigo del capitalismo depredador.
En 14 meses en el poder, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha creado condiciones favorables para que los inversionistas extranjeros lleguen al país recibiendo todas las garantías para que puedan explotar sin control a la fuerza de trabajo y acabar con la naturaleza del país. Precisamente, las dos fuentes de riqueza de todo país. El presidente Martinelli – quizás ignorando el significado de sus propias acciones – está destruyendo la relación productiva que debe existir entre la población (trabajadores educados y productivos) y la naturaleza que sirve de base para el desarrollo económico. La gota que rebasó el contenedor fue la aprobación, a tambor batiente, de la Ley 30 que de un solo plumazo reformó 3 códigos y seis leyes. Esas piezas legislativas existían para proteger a la población y a la naturaleza de los inversionistas depredadores.
Los depredadores son inversionistas piratas quienes para extraer riquezas destruyen todo lo que encuentran en su camino. En el caso de Panamá, la Ley 30 les permite a los inversionistas destruir las comunidades formadas por trabajadores quienes se quedarán sin el empleo asalariado que les permitía llevar el sustento familiar a sus hogares. Al mismo tiempo, les dará luz verde a los inversionistas que están destruyendo bosques, ríos, playas y otros recursos naturales.
Los obreros de las bananeras de Changuinola se levantaron contra la Ley 30 y pagaron su atrevimiento con vidas humanas, centenares de heridos y muchas viviendas destruidas. La represión de la Policía Nacional de Martinelli fue implacable. Ante la ola de rechazo a la barbarie desatada por el presidente, éste decidió llamar a una mesa de diálogo entre las partes: gobierno, empresarios y obreros. Han pasado tres semanas de no-diálogo de los convocados y el gobierno todavía no ha dado el primer paso para encontrar un terreno común sobre el cual entablar un intercambio que tenga sentido.
Por el contrario, en la mesa de diálogo se dan cita los representantes más sectarios del gobierno que les cuesta sólo pensar que se sentarán a conversar con obreros. Por su lado, los empresarios escogidos a dedo por el gobierno consideran que es una pérdida de tiempo hablar sobre Bocas del Toro. Curiosamente, mientras que en el pasado los presidentes Pérez Balladares, Moscoso y Martín Torrijos dividían a los trabajadores para después aliarse con el sector que los favorecía, en el caso de Martinelli éste ha logado unir a los trabajadores por primera vez en más de cuarenta años. La unión, sin embargo, no ha sido puesta a prueba debido a la inoperancia total de la mesa del diálogo.
Según la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), ninguna de las demandas de los trabajadoras ha sido objeto de consideración por el gobierno. Estos son “la derogatoria de la Ley 30”, la ampliación de la mesa para incluir indígenas, ambientalistas y otros. Atender a los heridos de la represión en Changuinola y eliminar los expedientes levantados por las fiscalías en contra de los miembros de las agrupaciones populares sentados en la mesa.
El gobierno pretende que está dialogando mientras satura los medios de comunicación con propaganda a favor de la ley 30 y persigue a los defensores de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la empresa minera Petaquilla admitió que los embalses de contención del cianuro están a punto de desbordarse. Según otra versión, de SERPAJ-Panamá, “la tina de Molejones en el Campamento 5, se rajó y toda el agua y lodo con cianuro fueron a dar derechito al río del mismo nombre, tributario del río San Juan” que llega al Caribe.
Panamá, 26 de agosto de 2010.