¿Se apaga la estrella de Martinelli?

Hace un año, el 1º de julio de 2009, Ricardo Martinelli tomó posesión de la Presidencia de la República de Panamá. Durante su campaña electoral y en su discurso inaugural prometió cambios para el país. Entre las promesas más importantes, aseguró que pondría fin a la creciente violencia y presencia del crimen organizado. También planteó que acabaría con la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública. (Perdonaré, dijo, a quienes metan la pata. Destituiré a quienes meten la mano). Colocó entre sus prioridades sanear la economía de la familia panameña que se empobrece cada vez más.
También prometió crear un eje político regional de la derecha política para combatir a los gobiernos que se identificaban con agendas progresistas. Señaló que abriría las puertas del país a toda clase de inversiones, sin importar sus consecuencias para el ambiente o la integridad del país.
En el año que ha transcurrido desde su proclamación, Martinelli ha presenciado un crecimiento constante de la tasa de criminalidad, la agudización de las tasas de homicidio y actos delictivos en las comunidades del país y un aumento del tráfico de drogas y trata de blancas. A nadie le caben dudas de que Martinelli quisiera reducir la violencia. Sin embargo, poner en acción las políticas anti-criminales irían en contra de sus políticas favoritas de flexibilización del trabajo y de desregulación de las instituciones gubernamentales.
En las encuestas que se aplican para recoger las percepciones del público, se siente un cansancio con las promesas incumplidas del gobierno frente a la criminalidad. Las comunidades del país han sido tomadas por el crimen organizado y la Policía Nacional tiene problemas para ejercer su autoridad. El crimen organizado maneja las pandillas que se trasladan de un extremo al otro del país y de la ciudad Capital. Los casinos y antros del juego se han convertido en centros de distribución de drogas y de servicios de prostitución.
El avance del crimen organizado se percibe también en la creciente ola de corrupción que ha penetrado al sector público en combinación con el sector privado. Los casos que involucran a funcionarios y ex funcionarios en el tráfico de drogas y otros delitos se multiplican. La separación de la procuradora general de la Nación cinco año antes de cumplir con su período constitucional llamó la atención inmediatamente a las posibles consecuencias que podría tener esta acción.
Los sectores que le han llamado la atención al gobierno de su desviación de los caminos prometidos han sido objeto de ataques y amenazas contundentes. Entre estos se encuentran las organizaciones no gubernamentales (ONG), que se sienten representantes de la sociedad civil, así como gremios empresariales e, incluso, los medios de comunicación que en su momento apoyaban la gestión de Martienlli.
Martinelli reconoció que las políticas neoliberales de sus antecesores empobrecen a la familia panameña (el 50 por ciento se encuentra por debajo de la línea de la pobreza o muy cerca de ella) y prometió aliviar la situación de los “pobres”. Sus políticas, sin embargo, han continuado hundiendo la economía de la familia panameña que cada vez tiene más restringida su capacidad de consumo.
Aprobó una reforma fiscal que entrará en efecto a partir de hoy con un incremento del 40 por ciento a los impuestos de los sectores más pobres de la población. El impuesto al consumo pasa del 5 al 7 por ciento para todos los productos y servicios, sin incluir los alimentos.
Su política exterior ha sido más que un fracaso, una farsa. Se alió con los gobiernos de México y Colombia, así como con la extrema derecha del Partido Republicano de EEUU. Sus viajes a Europa para retratarse con Berlusconi y buscar sin éxito reuniones con otros mandatarios han generado gastos pero sin recompensa alguna. Sus declaraciones extemporáneas sobre Israel han creado problemas incluso entre los propios estamentos de ese país del Medio Oriente.
Martinelli se enfrentó directamente con las organizaciones sindicales del país al reformar el Código de Trabajo mediante la aprobación de una ley inconstitucional. La reforma al Código de Trabajo eliminó en la práctica el derecho a la huelga de los trabajadores y, además, puso fin a la cuota sindical. Al mismo tiempo, eliminó la obligación de realizar estudios de impacto ambiental para toda obra que se realice en el país. Además, creó la figura del “policía sicario” al legalizar la irresponsabilidad del agente del orden cuando hace uso de su arma de fuego.
Políticamente Martinelli se ha creado una situación de inestabilidad al alejarse de sus aliados más cercanos como son los empresarios, la Embajada de EEUU y el Partido Panameñista. En el marco de una creciente pérdida de popularidad y un enfrentamiento con la oposición de los sectores populares y de las capas medias, no es el momento más adecuado para perder sus aliados. Es probable que durante el segundo semestre de 2010 la estrella de Martinelli se siga apagando.
Panamá, 1º de julio de 2010.