Violencia y corrupción inauguran 2010

El año se inició en Panamá con inusitada violencia provocada por la creciente ola de tráfico de ilícitos y lavado de dinero. En los primeros días de 2010 se reportaron cerca de 25 homicidios, en su gran mayoría obra de sicarios. Este escenario es acompañado por un incremento de los casos reportados de corrupción en todos los sectores y niveles, tanto del sector público como del privado.
Los medios de comunicación destacaron 14 casos de corrupción en las dos primeras semanas del año. A nivel municipal, se destacaron los casos de los Municipios de Santiago, Colón y la ciudad capital. Además, el antiguo tesorero de la Alcaldía de Panamá salió de la cárcel con una fianza de medio millón de dólares. Igualmente, en tres ministerios - Educación, Vivienda y Gobierno y Justicia - se presentaron casos de mal uso de fondos. La nueva encargada de la Contraloría General de la República, a su vez, nombró a un director de Finanzas con prontuario penal.
En el Departamento de Migración el tráfico de indocumentados sigue aumentado. La ilegalidad de los casinos fue destapada nuevamente con el caso del expresidente Pérez Balladares. La Lotería Nacional de Beneficencia busca el paradero de varios centenares de miles de dólares. La ANAM y la Autoridad Marítima no se quedan atrás con casos denunciados.
En la Asamblea de Diputados el caso CEMIS, donde fueron acusados la mayoría de los legisladores por tráfico de favores, fue reabierto por la Corte Suprema de Justicia. A la cabeza del desfile de casos de corrupción se encuentra el presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien aceptó un avión de lujo del gobierno chino (Taiwán) para asegurar el reconocimiento diplomático de Panamá. Este caso es más que vergonzoso ya que perjudica abiertamente el desarrollo del país y su imagen en el exterior.
Todos estos casos están – de una u otra manera – relacionados con la denuncia del fiscal Ayú Prado quien asegura que Panamá se convirtió en el eslabón clave en el tráfico de drogas que controlan los carteles de México y Colombia. Estos carteles, a su vez, están íntimamente vinculados a la mafia norteamericana que controla la distribución de drogas en EEUU. Este país representa más del 80 por ciento del mercado para las drogas que se producen en América latina y Asia (especialmente Afganistán). Una fuente gubernamental aseguró que las distintas instancias públicas están infiltradas por los traficantes de drogas y lavadores de dinero.
Sobre la falsa premisa de que la alta tasa de criminalidad – asociado con el tráfico de droga y lavado de dinero – es un problema de seguridad, EEUU impuso la creación de una nueva instancia gubernamental: el futuro Ministerio de Seguridad. En esta instancia- protegida por el secretismo y las operaciones por encima de la ley – EEUU pretende nuevamente convertir las fuerzas del orden panameñas en herramientas de su política exterior.
En 1943 EEUU militarizó la Policía Nacional por razones de seguridad durante la segunda guerra mundial. En 1953 convirtió la Policía en una Guardia Nacional para enfrentar el peligro “comunista”. En 1983 creó las Fuerzas de Defensa (FDP) para servir de brazo represivo en la región centroamericana. Ahora EEUU pretende crear el Ministerio de Seguridad de Panamá para combatir el tráfico de drogas y el “terrorismo”. En el pasado, como en el presente, EEUU sólo defiende sus intereses y sacrifica a los países “aliados” cuando lo considere conveniente.
El gobierno de EEUU anunció que aumentaría el monto correspondiente a préstamos para armas e infraestructura militar destinadas a Panamá en el marco del Plan Mérida. Según el embajador panameño en Washington, el Pentágono se involucraría más en los asuntos internos de Panamá. De esta partida podrían salir fondos para las bases “aeronavales” que se construyen sobre las costas panameñas. Una delegación de congresistas norteamericanos visitó a principios de año al presidente Martinelli para sondear la disposición panameña frente a la ofensiva militar de EEUU en el Istmo.
El incremento de la criminalidad y de la corrupción creó una crisis en el Ministerio Público donde la procuradora general, Ana Matilde Gómez, se encuentra sometida a varios juicios por supuesto abuso de autoridad. El caso se complicó con la intervención del actual presidente Martinelli, el expresidente Pérez Balladares y el nuevo magistrado de la Corte Suprema, José Almengor. Este último fue separado de su cargo, hace apenas un año, como fiscal por la misma procuradora que ahora le toca juzgar. El tráfico de favores no se detiene ante autoridad alguna y, prueba de ello, las concesiones de explotación mineral y plantas hidráulicas continúan sin plan ni control ambiental.
En política exterior, el presidente Martinelli se ha convertido en el padrino de los golpistas hondureños prometiendo su apoyo a una campaña internacional para lavarle la cara a los militares y oligarcas de ese país centroamericano. A fin de mes viajará a Tegucigalpa para participar en la toma de posesión de un nuevo presidente que no ha sido reconocido por país alguno de la región y menos de afuera.
Seis meses después de asumir la presidencia, a principios de enero, Martinelli anunció un plan de inversiones de 15 mil millones de dólares para el período 2010-2014. Se destacan en estas iniciativas la explotación minera, las plantas hidráulicas y un sistema de transporte metropolitano (ferroviario) para la ciudad de Panamá. El Metro contemplado tendría una extensión de 14 kilómetros a un costo de 1200 millones de dólares y se completaría en 2013. El proyecto se está realizando sin un plan maestro de desarrollo urbano y sin los controles financieros adecuados.
A pesar de estos problemas, Martinelli espera tener a su favor una Asamblea de Diputados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Igualmente, un aliado militar que desde Washington permitiría los abusos del Ejecutivo siempre y cuando no estorbe su política hegemónica para la región. Al mismo tiempo, una oposición política tradicional preocupada de sus conflictos internos y una sociedad civil pensando en el pasado. Sólo quedarían los sectores populares organizados para hacerle frente a un gobierno fuertemente centralizado en la persona del presidente de la República.
La violencia y el asalto al erario público sólo se detendrán si se crean las condiciones para cambiar radicalmente las políticas públicas del gobierno y sus aliados. Los sectores populares tendrán que buscar aliados entre las capas medias, los sectores productivos – del campo y de la ciudad – así como entre los panameños que ven con preocupación el deterioro del tejido social de la sociedad.
Panamá, 14 de enero de 2010.