Panamá ya cuenta con su Ministerio de Seguridad Pública, creado por el gobierno que preside Ricardo Martinelli. La nueva dependencia tiene relación directa con la política norteamericana de controlar el tráfico de drogas entre Colombia y EEUU. La patria de Santander es actualmente el principal productor y exportador de cocaína en el mundo. EEUU, a su vez, consume más de 50 por ciento de todas las drogas producidas a escala mundial. El nuevo Ministerio, además, tendrá bajo su responsabilidad servir de correa de trasmisión entre las fuerzas de seguridad que tiene EEUU en Colombia.
El Ministerio de Seguridad tiene bajo su mando todas las fuerzas represivas del Estado panameño. Concentra las actividades de la Policía Nacional, las fuerzas especiales de la Presidencia, las Fuerzas Aéreonavales, de Investigación Judicial, Migración y Fuerzas Fronterizas. Algunos asesores norteamericanos sugirieron que el Ministerio Público se sometiera al nuevo Ministerio. Por el momento, esta idea fue engavetada. La nueva entidad, que forma parte del gabinete del presidente Martinelli, suplanta a las antiguas Fuerzas de Defensa (FDP). Entre las primeras iniciativas del general Noriega al frente de las FDP en 1983 fue concentrar todas las instituciones represivas, en forma similar a lo que está ocurriendo actualmente.
La centralización de las actividades represivas de los aparatos especializados del Estado panameño, le permite a EEUU mantener un control más estricto sobre las actividades del gobierno. En la actualidad, Panamá está habilitando un total de 11 bases aéreonavales sobre el Atlántico y el Pacífico para uso de patrulleras y pequeños barcos de guerra norteamericanos. Igualmente, utiliza fondos, tecnología y asesoría de EEUU para patrullar la frontera con Colombia.
El nuevo Ministerio es encabezado por el J. Raúl Mulino, presidente del pequeño partido Unión Patriótica , miembro de la alianza gubernamental. En el desmembramiento del antiguo Ministerio de Gobierno y Justicia, que dio lugar al nuevo engranaje de seguridad, apareció también el Ministerio del Interior. Todo indica que esta nueva dependencia se dedicará a actividades de índole social con sus juntas comunales, los bomberos y la Banda Republicana.
Mientras que EEUU tiene un proyecto muy claro en Panamá, el gobierno del presidente Martinelli no logra definir sus políticas en forma precisa. Hasta el presente – después de 10 meses en la Presidencia – ha logrado mantener un perfil alto que lo ha favorecido en las encuestas. Sin embargo, no se ha preocupado de resolver los problemas de seguridad ciudadana, de educación o salud y los problemas económicos no son atendidos.
El colapso reciente del sistema de recolección de basura es una muestra de los problemas que acechan al actual gobierno. Las políticas ambientales, mineras y turísticas tienden a acumular contradicciones que pueden estallar en cualquier momento. Martinelli pareciera más interesado es convertir el país en centro de inversiones de dudosa transparencia. Al mismo tiempo, expone al Istmo a alianzas extranjeras conflictivas.
En este marco, se ha enfrentado a los trabajadores, a las capas medias y, últimamente, cuestionó la legitimidad de las organizaciones formadas en la década de 1990 con el nombre Sociedad Civil. Los programas de subvención popular, en parte heredados del gobierno anterior, le han permitido conservar algo de credibilidad. Pero todo indica que el Ministerio de Seguridad, y las políticas represivas que anuncia, pondrán en entredicho la legitimidad de los ocupantes del Palacio de las Garzas.
Panamá, 22 de abril de 2010.
sábado, 24 de abril de 2010
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