En varias oportunidades hemos compartido con los lectores nuestra preocupación por la presencia creciente del crimen organizado en Panamá. Esta situación se asocia directamente con las políticas públicas equivocadas que han ejecutado los últimos gobiernos y que el presidente Ricardo Martinelli no ha cambiado.
Por un lado, la creciente informalidad del empleo, producto de las políticas de flexibilización, está debilitando la estructura de la mayoría de las familias panameñas que están quedando sin cabeza responsables. Por el otro, la política de desregulación pone en peligro el sistema educativo del cual dependen más de 700 mil escolares. Estos factores, combinados con la “apertura” financiera que favorece inversiones especulativas y de origen desconocido, crean el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado penetre el tejido social panameño.
El debilitamiento de la familia crea comunidades vulnerables, donde prevalecen los negocios que bordean con lo permitido por la ley y proliferan las pandillas al servicio del crimen organizado. Las escuelas, a su vez, son abandonadas por autoridades y comunidades que ceden ante el avance del crimen.
El sistema educativo panameño está en crisis desde el inicio de la ejecución de los programas neoliberales en la década de 1980. En la actualidad, las escuelas se encuentran en un estado de abandono lamentable. Los educadores son mal pagados y no existen programas de educación continua adecuados para asegurar sus niveles académicos. El nivel de deserción escolar ha llegado a su nivel más alto en la historia del país.
Frente a esta situación desoladora, el gobierno del presidente Martinelli no presenta propuestas. Más bien continúa aplicando las viejas políticas que tienden a hundir aún más el sistema educativo. En forma sorpresiva, sin embargo, el mandatario panameño ha sacado un “as de la manga” que pretende resolver los problemas del sector educativo. Anunció la creación de un programa para subvencionar las economías familiares de todos los estudiantes del país.
Comenzaría en 2011 con los escolares de primaria en los planteles oficiales a lo largo y ancho del país. Seguiría con los adolescentes de la educación media. Según señalan los medios, en 2013 el programa incluiría también a los escolares del sector privado. En total, se beneficiarían cerca de 800 mil estudiantes pertenecientes al sistema educativo panameño. Casi el 90 por ciento está formado por estudiantes en el sector público (oficial).
Según el programa que ejecutaría el Ministerio de Educación, la familia recibiría un subsidio mensual de 20 dólares por cada niño (hasta un máximo de cuatro) que tiene un buen rendimiento escolar. El despacho ministerial todavía no tiene un presupuesto para el proyecto. Tampoco tiene claridad sobre el total de estudiantes que serían beneficiados ni como calcularlo.
El equipo que está trabajando en el proyecto tampoco tiene un plan para distribuir los fondos a las familias. Desde el punto de vista político, sin embargo, el programa puede resultar en una enorme ayuda a elevar la muy golpeada imagen del gobierno. Sin importar el éxito administrativo del programa, los fondos desembolsados por el gobierno serían muy bien acogidos por la gran mayoría de las familias panameñas que están pasando serias dificultades económicas, tanto de la capital como del interior del país.
El gobierno nacional tiene una responsabilidad: ofrecerle la mejor educación a los panameños. El programa descrito más arriba no está dirigido a lograr ese propósito. Para cumplir con esa obligación constitucional, el presidente Martinelli tendría que formar un equipo que presente el mejor programa académico para los niños panameños. Además, ofrecerle a cada niño un desayuno y almuerzo diario, en forma organizada y considerando los niveles nutritivos más altos.
Un cálculo muy por encima – 20 dólares por estudiante – arrojaría un gasto total anual para el programa de 100 millones de dólares (sin incluir los gastos administrativos). El Ministerio de Educación tiene actualmente un presupuesto de 600 millones de dólares. Apenas el 2.5 por ciento del presupuesto nacional del gobierno. Para que el sistema educativo se comience a recuperar, el gobierno tendría que duplicar el presupuesto de ese sector a un cinco por ciento del total. Es decir, a un total de 1,200 millones de dólares.
Se estaría hablando de casi diez veces la suma que pretende gastar el gobierno en su programa de 20 dólares para cada escolar. Sólo se puede concluir que el programa presentado por el presidente Martinelli tiene más objetivos politiqueros que educativos.
Panamá, 29 de julio de 2010.
jueves, 29 de julio de 2010
viernes, 23 de julio de 2010
La lucha en Puerto Rico continúa
El estudiantado universitario de Puerto Rico acaba de obtener una victoria contundente contra los gobernantes de la colonia norteamericana que pretendían someter a la Universidad nacional de ese país a políticas neoliberales de recortes, producto de la crisis interna que experimenta la economía de EEUU. El triunfo estudiantil también tiene que verse en el contexto de las luchas por la independencia del pueblo borinquen. Desde fines del siglo XIX, Puerto Rico es una colonia de Washington que la ha sometido a la represión y militarización.
Sin este antecedente de lucha anticolonial no puede entenderse a cabalidad la trascendencia política y cultural de la victoria obtenida por el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la huelga de dos meses que acaba de concluir en defensa del derecho de los jóvenes a la educación pública. Los estudiantes conquistaron el apoyo de grandes sectores del pueblo castigados por las medidas neoliberales del gobernador anexionista Luis Fortuño. Los estudiantes consiguieron casi todo lo que exigía su pliego petitorio. En la primera asamblea nacional celebrada en la historia de la UPR, con la asistencia de representantes de los 11 centros regionales confirmaron los acuerdos a que llegó el Comité Nacional Negociador con la directiva de la casa de estudios.
Adicionalmente, la asamblea se pronunció por un voto preventivo en favor de decretar una nueva huelga general en caso de que se intente aumentar las matrículas que pagan los estudiantes. “El estudiantado se opone a que se aumenten los costos de estudio, sobre todo a la imposición de una cuota en enero de 2011… y dejamos claro que haremos todo lo necesario para detener esa cuota”. Según Angel Guerra, del periódico La Jornada, “la huelga estudiantil de Puerto Rico se distingue por la vibrante y la militancia creativa de sus protagonistas. Para la mayoría de los estudiantes ésta era su primera experiencia de participación política. El movimiento también se distinguió por su radicalismo democrático, ejemplo para las nuevas generaciones de América Latina, en especial en estos tiempos en que el sistema dominante intenta –y logra con frecuencia– enajenar a los jóvenes con el consumismo y alejarlos de la actividad política”.
En las luchas sociales y políticas de Puerto Rico, debido a su condición colonial, se manifiesta con particular énfasis –explícita o implícitamente– la resistencia frontal contra la dominación de Washington. Ello favorece la vinculación de las reivindicaciones nacionales con las sociales, el impulso de unas por otras, un ingrediente indispensable en las luchas de liberación de los países dependientes. Así, los estudiantes de la UPR –y los docentes que se les han sumado en número creciente– están luchando contra una directiva de la entidad calificadora de universidades de EEUU que urge a reducir drásticamente la contribución a la universidad del presupuesto del llamado Estado Libre Asociado.
A la vez, el movimiento estudiantil se enfrenta a una camarilla neoliberal entronizada en la administración universitaria que, a tono con las directivas imperiales, ha endeudado alegremente al alto centro docente mientras intenta descargar los costos sobre los estudiantes. El objetivo es privatizar la UPR, liquidando así un centro de educación pública que ha llegado a ser crucial en el fomento del pensamiento crítico, el desarrollo del arte y la investigación científica y, en suma, la preservación de la identidad y la conciencia nacionales de Puerto Rico.
Uno de los voceros estudiantiles dijo una frase lapidaria a propósito de la victoria lograda con la huelga: “Este movimiento no se queda aquí, continúa”. Los pueblos del continente latinoamericano han demostrado que la lucha por la universidad autónoma, nacional y pública es la lucha por un país independiente y un pueblo soberano.
Mejor ejemplo de esa realidad es el caso de la Universidad de Panamá. En esta casa de estudios superiores se formaron los jóvenes y los intelectuales que hicieron realidad la evacuación de las tropas de ocupación norteamericana de la Zona del Canal. La sociedad moderna se basa en la transformación de lo tradicional, en la constante lucha por el progreso. El progreso y el desarrollo requieren de condiciones que sólo el trabajo y la educación pueden ofrecer. El trabajo produce hombres y mujeres pensantes, pendientes de sus verdaderos intereses para lo cual se organizan. La educación moldea a las nuevas generaciones que son capaces de concebir ese mundo nuevo a la cual tiene derecho la humanidad. Las ideas de la juventud, basadas en la realidad concreta y en el legado de muchas generaciones, contagian a la nación que proyecta sus aspiraciones hacia el futuro.
La isla borinquen con una juventud progresista y trabajadora le está dando señales claras al mundo que pronto se sacudirá las cadenas coloniales.
Panamá, 22 de julio de 2010.
Sin este antecedente de lucha anticolonial no puede entenderse a cabalidad la trascendencia política y cultural de la victoria obtenida por el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la huelga de dos meses que acaba de concluir en defensa del derecho de los jóvenes a la educación pública. Los estudiantes conquistaron el apoyo de grandes sectores del pueblo castigados por las medidas neoliberales del gobernador anexionista Luis Fortuño. Los estudiantes consiguieron casi todo lo que exigía su pliego petitorio. En la primera asamblea nacional celebrada en la historia de la UPR, con la asistencia de representantes de los 11 centros regionales confirmaron los acuerdos a que llegó el Comité Nacional Negociador con la directiva de la casa de estudios.
Adicionalmente, la asamblea se pronunció por un voto preventivo en favor de decretar una nueva huelga general en caso de que se intente aumentar las matrículas que pagan los estudiantes. “El estudiantado se opone a que se aumenten los costos de estudio, sobre todo a la imposición de una cuota en enero de 2011… y dejamos claro que haremos todo lo necesario para detener esa cuota”. Según Angel Guerra, del periódico La Jornada, “la huelga estudiantil de Puerto Rico se distingue por la vibrante y la militancia creativa de sus protagonistas. Para la mayoría de los estudiantes ésta era su primera experiencia de participación política. El movimiento también se distinguió por su radicalismo democrático, ejemplo para las nuevas generaciones de América Latina, en especial en estos tiempos en que el sistema dominante intenta –y logra con frecuencia– enajenar a los jóvenes con el consumismo y alejarlos de la actividad política”.
En las luchas sociales y políticas de Puerto Rico, debido a su condición colonial, se manifiesta con particular énfasis –explícita o implícitamente– la resistencia frontal contra la dominación de Washington. Ello favorece la vinculación de las reivindicaciones nacionales con las sociales, el impulso de unas por otras, un ingrediente indispensable en las luchas de liberación de los países dependientes. Así, los estudiantes de la UPR –y los docentes que se les han sumado en número creciente– están luchando contra una directiva de la entidad calificadora de universidades de EEUU que urge a reducir drásticamente la contribución a la universidad del presupuesto del llamado Estado Libre Asociado.
A la vez, el movimiento estudiantil se enfrenta a una camarilla neoliberal entronizada en la administración universitaria que, a tono con las directivas imperiales, ha endeudado alegremente al alto centro docente mientras intenta descargar los costos sobre los estudiantes. El objetivo es privatizar la UPR, liquidando así un centro de educación pública que ha llegado a ser crucial en el fomento del pensamiento crítico, el desarrollo del arte y la investigación científica y, en suma, la preservación de la identidad y la conciencia nacionales de Puerto Rico.
Uno de los voceros estudiantiles dijo una frase lapidaria a propósito de la victoria lograda con la huelga: “Este movimiento no se queda aquí, continúa”. Los pueblos del continente latinoamericano han demostrado que la lucha por la universidad autónoma, nacional y pública es la lucha por un país independiente y un pueblo soberano.
Mejor ejemplo de esa realidad es el caso de la Universidad de Panamá. En esta casa de estudios superiores se formaron los jóvenes y los intelectuales que hicieron realidad la evacuación de las tropas de ocupación norteamericana de la Zona del Canal. La sociedad moderna se basa en la transformación de lo tradicional, en la constante lucha por el progreso. El progreso y el desarrollo requieren de condiciones que sólo el trabajo y la educación pueden ofrecer. El trabajo produce hombres y mujeres pensantes, pendientes de sus verdaderos intereses para lo cual se organizan. La educación moldea a las nuevas generaciones que son capaces de concebir ese mundo nuevo a la cual tiene derecho la humanidad. Las ideas de la juventud, basadas en la realidad concreta y en el legado de muchas generaciones, contagian a la nación que proyecta sus aspiraciones hacia el futuro.
La isla borinquen con una juventud progresista y trabajadora le está dando señales claras al mundo que pronto se sacudirá las cadenas coloniales.
Panamá, 22 de julio de 2010.
lunes, 19 de julio de 2010
La batalla de Changuinola
Existe consenso en todos los sectores sociales del país, menos en el Palacio de Las Garzas, que la Ley Nº30 conocida como la “ley chorizo” debe ser revocada. La represión sanguinaria de los trabajadores en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, los arrestos ilegales, las órdenes de conducción, la prepotencia y el alarde de ignorancia por parte del gobierno que preside Ricardo Martinelli llegó a su límite. Las organizaciones sindicales, los gremios de educadores, estudiantiles y empresariales le están pidiendo al gobierno que se retracte y acepte el diálogo.
Los dirigentes de las asociaciones empresariales más grandes del país le han recomendado al gobierno que busque la fórmula para poner fin a la desestabilización que su política ha provocado. El diario La Prensa, en una nota editorial “Hoy por Hoy” publicada hace pocos días señala que “el gobierno ha estado jugando con fuego y ahora enfrenta las consecuencias. El llamado a la huelga nacional que han hecho gremios y sindicatos es la respuesta a su política de imposición antes que el diálogo, al garrote sobre el consenso”. Concluye que “en este momento lo que se impone es el diálogo… esta administración debe dar señales de sus buenas intenciones y revertir sus inexcusables errores”.
El presidente Martinelli fue obligado a reconocer que se equivocó en Changuinola. Sin plan y sin conocimiento de los antecedentes, envió a una compañía de antimotines de la Policía Nacional dirigida por elementos sin experiencia a disparar contra los trabajadores de la bananera en huelga. Después de nueve días de enfrentamientos, dos muertos, centenares de heridos, un pueblo destruido, 300 arrestos y persecución sin control, admitió que los obreros tenían razón y culpó a la Bocas Fruit Co. de abuso de autoridad.
El presidente Martinelli también tuvo que retroceder en su ofensiva contra los sindicatos del resto del país. Detuvo al dirigente de los obreros de la construcción, Jaime Caballero, y al estudiante Rolando Ortiz. Obligó al profesor Juan Jované a buscar refugio en la Universidad de Panamá. Al mismo tiempo, movilizó al Ministerio Público para girar órdenes de conducción contra 17 dirigentes sindicales, entre ellos al secretario general de SUNTRACS, Genaro López. Según el fiscal a cargo de la persecución, eran buscados porque se pronunciaron solidarios con la huelga de los trabajadores en Bocas del Toro.
La Corte Suprema de Justicia declaró que todas las órdenes emitidas por la Fiscalía eran ilegales. Entre los indagados estaban los dirigentes de gremios educativos Andrés Rodríguez (Asociación de Profesores de la República), Juan Herrera (Asociación de Educadores de Veraguas) y el dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténtico. También fue objeto de una orden de conducción la ecologista Yaritza Espinoza del colectivo Voces Ecológicas. Sin embargo, las autoridades aún no liberan a Caballero y Ortiz, detenidos junto con presos comunes en el centro penitenciario La Joya.
Según el fiscal, los expedientes levantados contra los dirigentes populares descansan sobre una nueva modalidad de “agente encubierto” creada por la ley del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En este caso, el agente encubierto declaró en la Fiscalía que había escuchado en un encuentro que los dirigentes perseguidos “planeaban realizar acciones contra el Canal de Panamá”. Según el fiscal encargado del caso, las órdenes contra los dirigentes están “suspendidas” pero siguen vigentes.
Según informó un diario de la localidad, el agente encubierto indicó que se infiltró en una reunión (pública) celebrada a fines de junio en la Universidad de Panamá. “El informante identificó supuestamente a Juan Ramón Herrera, Orlando Ortiz y a Cristian Díaz, así como a miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses, de la Asociación de Funcionarios del Seguro Social y del SUNTRACS”.
La legislación nueva sobre la cual descansa la figura del “agente encubierto” es una imitación de las leyes antiterroristas de EEUU. En Panamá la ley “antiterrorista” se está aplicando también a los obreros que declararon un paro en una obra de la ampliación del Canal de Panamá dirigida por una empresa española asociada con otra de origen italiano. Los huelguistas fueron destituidos por la empresa constructora. El consorcio extranjero, a pesar de tener registros para operar en Panamá, no se ha afiliado a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que tiene convenios colectivos con el sindicato.
La batalla de Changuinola fue ganada por los trabajadores, a pesar de las bajas sufridas. Sin embargo, todo indica que el gobierno desestabilizado seguirá creando zozobra en el país, persiguiendo a los sindicatos, amenazando a la sociedad civil y golpeando a las organizaciones populares.
Panamá, 15 de julio de 2010.
Los dirigentes de las asociaciones empresariales más grandes del país le han recomendado al gobierno que busque la fórmula para poner fin a la desestabilización que su política ha provocado. El diario La Prensa, en una nota editorial “Hoy por Hoy” publicada hace pocos días señala que “el gobierno ha estado jugando con fuego y ahora enfrenta las consecuencias. El llamado a la huelga nacional que han hecho gremios y sindicatos es la respuesta a su política de imposición antes que el diálogo, al garrote sobre el consenso”. Concluye que “en este momento lo que se impone es el diálogo… esta administración debe dar señales de sus buenas intenciones y revertir sus inexcusables errores”.
El presidente Martinelli fue obligado a reconocer que se equivocó en Changuinola. Sin plan y sin conocimiento de los antecedentes, envió a una compañía de antimotines de la Policía Nacional dirigida por elementos sin experiencia a disparar contra los trabajadores de la bananera en huelga. Después de nueve días de enfrentamientos, dos muertos, centenares de heridos, un pueblo destruido, 300 arrestos y persecución sin control, admitió que los obreros tenían razón y culpó a la Bocas Fruit Co. de abuso de autoridad.
El presidente Martinelli también tuvo que retroceder en su ofensiva contra los sindicatos del resto del país. Detuvo al dirigente de los obreros de la construcción, Jaime Caballero, y al estudiante Rolando Ortiz. Obligó al profesor Juan Jované a buscar refugio en la Universidad de Panamá. Al mismo tiempo, movilizó al Ministerio Público para girar órdenes de conducción contra 17 dirigentes sindicales, entre ellos al secretario general de SUNTRACS, Genaro López. Según el fiscal a cargo de la persecución, eran buscados porque se pronunciaron solidarios con la huelga de los trabajadores en Bocas del Toro.
La Corte Suprema de Justicia declaró que todas las órdenes emitidas por la Fiscalía eran ilegales. Entre los indagados estaban los dirigentes de gremios educativos Andrés Rodríguez (Asociación de Profesores de la República), Juan Herrera (Asociación de Educadores de Veraguas) y el dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténtico. También fue objeto de una orden de conducción la ecologista Yaritza Espinoza del colectivo Voces Ecológicas. Sin embargo, las autoridades aún no liberan a Caballero y Ortiz, detenidos junto con presos comunes en el centro penitenciario La Joya.
Según el fiscal, los expedientes levantados contra los dirigentes populares descansan sobre una nueva modalidad de “agente encubierto” creada por la ley del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En este caso, el agente encubierto declaró en la Fiscalía que había escuchado en un encuentro que los dirigentes perseguidos “planeaban realizar acciones contra el Canal de Panamá”. Según el fiscal encargado del caso, las órdenes contra los dirigentes están “suspendidas” pero siguen vigentes.
Según informó un diario de la localidad, el agente encubierto indicó que se infiltró en una reunión (pública) celebrada a fines de junio en la Universidad de Panamá. “El informante identificó supuestamente a Juan Ramón Herrera, Orlando Ortiz y a Cristian Díaz, así como a miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses, de la Asociación de Funcionarios del Seguro Social y del SUNTRACS”.
La legislación nueva sobre la cual descansa la figura del “agente encubierto” es una imitación de las leyes antiterroristas de EEUU. En Panamá la ley “antiterrorista” se está aplicando también a los obreros que declararon un paro en una obra de la ampliación del Canal de Panamá dirigida por una empresa española asociada con otra de origen italiano. Los huelguistas fueron destituidos por la empresa constructora. El consorcio extranjero, a pesar de tener registros para operar en Panamá, no se ha afiliado a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que tiene convenios colectivos con el sindicato.
La batalla de Changuinola fue ganada por los trabajadores, a pesar de las bajas sufridas. Sin embargo, todo indica que el gobierno desestabilizado seguirá creando zozobra en el país, persiguiendo a los sindicatos, amenazando a la sociedad civil y golpeando a las organizaciones populares.
Panamá, 15 de julio de 2010.
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