El año 2010 culmina con una nota agria para Panamá en el escenario mundial. El presidente Ricardo Martinelli apareció en todos los titulares internacionales por culpa de su apetito político desmedido, revelado por los cables secretos enviados por la Embajada de EEUU desde la capital panameña. Lo que era vox populi en los medios locales se trasladó por unas horas a los medios globales.
La arrogancia, el tráfico y la corrupción no retendrán por mucho tiempo la atención del mundo. En cambio, la turbulencia económica que remece el sistema capitalista, sin aparente solución, las protestas sociales, la derrota del presidente Barak Obama en noviembre, la emergencia de nuevas potencias globales, la creciente crisis ambiental, el empobrecimiento creciente de los trabajadores a escala mundial y la cuestión de género son problemas que sacudieron el planeta en 2010 y prometen continuar presentes en el próximo año.
Obama desilusionó a todos los pueblos – y no sólo al suyo - por su falta de imaginación para gobernar al país más poderoso del mundo, herido como resultado de políticas equivocadas y una economía en declinación. Obama tomó posesión de su cargo en Washington en enero de 2009 y se dedicó a repetir las mismas políticas de su antecesor. El pueblo norteamericano no respaldó a Obama en las elecciones parciales de 2010 y perdió la mayoría en el Congreso. El presidente norteamericano continuó con las guerras en Asia, el acoso a países que buscan soluciones propias a sus problemas y con una política de agresión contra América latina.
No hay mucha esperanza que Obama saque a relucir una política que le permita a EEUU salir de sus problemas. Esto quiere decir que el mundo entero tendrá que buscar soluciones alternativas. La economía de EEUU tuvo por tercer año consecutivo una tasa de crecimiento negativa, que arrastró a sus principales socios – sobre todo Europa - por el mismo camino. La única excepción fue China que mantiene un ritmo de crecimiento económico del 10 por ciento anual. Los socios proveedores de materias primas al gigante asiático – como son la mayoría de los países de América del Sur - han evitado caer en el espiral norteamericano. La “reprimarización” de las economías latinoamericanas, sin embargo, no constituyen garantía alguna para el desarrollo de la región a mediano o largo plazos.
El caso de China también es impredecible. Está apostando a que la economía de EEUU no se desplome antes de 2025. Para esa fecha considera que estaría en condiciones de absorber las pérdidas de EEUU y del resto del mundo. En la actualidad, EEUU le debe a China más de 950 mil millones de dólares y sigue exportando sus plantas industriales a los grandes centros urbanos que crecen como hongos en aquel país.
La turbulencia de la economía capitalista ha agudizado la crisis ambiental que se ha disparado fuera de control. El Tratado de Kyoto es historia y la reciente reunión en Cancún ni mereció comentarios en los diarios. Los países más industrializados se han comprometido a controlar sus desmanes, pero sin dar garantías. En el caso de América latina la especulación en torno a los metales y a la energía, desató en 2010 una carrera para acabar con los últimos reductos protegidos por la naturaleza.
El sector social más golpeado por la prolongada crisis económica ha sido la clase de los trabajadores. En EEUU, el 10 por ciento de los trabajadores está sin empleo, en España la cifra alcanza el 20 por ciento y en América latina ha crecido la informalidad y el “trabajo precario” a cifras antes no imaginadas. En el caso de Panamá, supera el 40 por ciento. A escala mundial la situación es alarmante en áreas como Africa, vastas extensiones de Asia y algunos países europeos donde las economías han colapsado y los trabajadores no encuentran solución alguna.
Los antiguos partidos socialistas o comunistas fueron neutralizados como consecuencia de la “guerra” neoliberal desatada en los últimos 20 años. En América latina, sin embargo, quedan algunos reductos. En Cuba, el gobierno anunció este año que estudian nuevos “lineamientos” dentro de su concepción socialista de sociedad. Los otros países del ALBA se pronunciaron en 2010 comprometidos con la “revolución socialista del siglo XXI”.
En 2010 la cuestión de género logró captar más atención como resultado de las movilizaciones de las mujeres a nivel internacional. El desarrollo del capitalismo ha incorporado cada vez más mujeres a la fuerza de trabajo, así como a las filas de ocupaciones profesionales y técnicas. La creciente presencia de la mujer, en todas las áreas de actividad, generó en muchos países una reacción negativa. La violencia contra la mujer siguió incrementando a escala mundial, especialmente en los países más industrializados.
Los movimientos sociales en todos los países del mundo siguieron tomando fuerza pero sin definir con claridad objetivos y sin constituir redes lo suficientemente fuertes para asumir aún un rol significativo en el escenario mundial. Esta situación, sin embargo, puede cambiar en cualquier momento en la medida en que existen todos los medios para establecer nexos entre los grupos que luchan por transformar sus sociedades. El escenario existe y sólo falta el sujeto social con la capacidad para catalizar un movimiento de cambios globales.
Panamá, 30 de diciembre de 2010.
viernes, 31 de diciembre de 2010
sábado, 25 de diciembre de 2010
2010: Un balance de contradicciones
Como la mayoría de los países con sistemas de mercado, Panamá se caracteriza por las contradicciones políticas y por los conflictos sociales. Además, por una falta de previsión en todo lo que se refiere a los usos de la riqueza económica nacional. Muchos observadores, en el caso de Panamá, sienten que el país se desliza por un sendero peligroso.
Las lluvias de fin de año causaron pérdidas de vida y destrucción de infraestructura sin justificación alguna. Mientras que uno de los puentes sobre el Canal de Panamá – el Centenario - fue inutilizado y otro (de las Américas) presenta fallas muy serias, el ministro del ramo anuncia que el gobierno quiere construir un tercer puente.
El sistema ferroviario urbano - Metro – anunciado tiene dificultades para despegar. El Metro bus que complementaría el servicio ferroviario parece que reemplazará el transporte colectivo de los “diablos rojos. Sigue siendo un misterio cómo se va a hacer .
De todas las aberraciones que caracterizan las actuaciones del gobierno podemos hacer una selección de 10 que se destacan.
1. Las exportaciones disminuyeron y las importaciones aumentaron en 2010. Las políticas públicas siguen castigando al productor nacional, creando menos empleo y haciendo mas dependiente la economía nacional. No hay seguridad alimentaria.
2. Las deserciones escolares aumentaron y las inversiones educativas disminuyeron en 2010. El empleo informal y el trabajo precario que crean las políticas gubernamentales está empobreciendo a la familia obligando a los adolescentes a abandonar sus estudios y buscar ingresos. El gobierno promueve las pandillas y le crea condiciones favorables al crimen organizado.
3. Las inversiones inmobiliarias superaron los US$mil millones y las familias con vivienda disminuyeron en 2010. La inversión especulativa de nacionales y extranjeros en viviendas de alto costo siguió alimentando la “burbuja” que pronto estallará. Al mismo tiempo, no se invierte en la construcción de “viviendas sociales”.
4. El transporte público empeoró y los gastos en sistemas inútiles aumentaron en 2010. El promedio de tiempo que le toma a una persona para llegar a su lugar de trabajo es de dos horas creando un gasto innecesario que perjudica a la familia panameña y a la economía nacional. Mientras tanto, se siguen generando “sistemas” que distribuye fondos públicos a quienes se aprovechan de la gente.
5.Los gastos en deportes aumentaron y el número de atletas compitiendo disminuyó. El alcalde de las ciudad capital quiso poner a los niños a boxear mientras que las escuelas no tienen programas deportivos y sus infraestructuras están en un estado de deterioro.
6. El acaparamiento de tierras urbanas aumentó y las inundaciones son cada vez más fatales. Los especuladores de tierras han convertido a la ciudad de Panamá en una bomba ambiental a punto de estallar. Los ríos han sido desviados para construir urbanizaciones, centros comerciales y carreteras sin tomar en consideración los problemas de drenaje y salud ambiental.
7. Los impuestos aumentaron y los servicios públicos disminuyeron. Hay que hacer la salvedad: Los impuestos que deben pagar los pobres. En cambio, los ricos pagan menos impuestos. A cambio del aumento de impuestos, se interrumpió el servicio de recolección de basura, más de la mitad de la población metropolitana no tiene acceso a los servicios de agua potable o tiene un acceso deficiente, las vías urbanas se encuentran en un permanente caos (“tranques”) y la Policía no controla el crimen organizado.
8. Los propietarios incrementaron sus ganancias y los trabajadores recibieron menos remuneraciones. Según estadísticas oficiales, por décimo año consecutivo, la suma de los salarios que se le pagan a los trabajadores panameños disminuyó, mientras que las ganancias de los propietarios aumentaron. Esta desproporción es el producto de la “flexibilización” del trabajo y la “desregulación” de la relación obrero patronal.
9. Los partidos recibieron mayores subvenciones y trabajaron menos en la Asamblea. El sistema de subvenciones públicos para el funcionamiento de los partidos políticos dejó de ser funcional hace más de 10 años. En vez de contribuir a la formación de políticos mejor preparados para legislar y ejecutar políticas públicas, las subvenciones son distribuidas entre los políticos para fines desconocidos oficialmente.
10. El presidente Martinelli viajó más y se supo menos de sus salidas al exterior. Los presidentes de la República han reemplazado a sus cuerpos diplomáticos en el exterior. El presidente Martinelli viajo un promedio de más de un viaje por mes. Sólo suspendió su participación en el Mundial de Fútbol en Africa del Sur para reprimir a los trabajadores de las bananeras en Changuinola. Un total de cinco personas murieron como consecuencia de los disparos de perdigones y del gas lacrimógeno.
Panamá, 23 de diciembre de 2010.
Las lluvias de fin de año causaron pérdidas de vida y destrucción de infraestructura sin justificación alguna. Mientras que uno de los puentes sobre el Canal de Panamá – el Centenario - fue inutilizado y otro (de las Américas) presenta fallas muy serias, el ministro del ramo anuncia que el gobierno quiere construir un tercer puente.
El sistema ferroviario urbano - Metro – anunciado tiene dificultades para despegar. El Metro bus que complementaría el servicio ferroviario parece que reemplazará el transporte colectivo de los “diablos rojos. Sigue siendo un misterio cómo se va a hacer .
De todas las aberraciones que caracterizan las actuaciones del gobierno podemos hacer una selección de 10 que se destacan.
1. Las exportaciones disminuyeron y las importaciones aumentaron en 2010. Las políticas públicas siguen castigando al productor nacional, creando menos empleo y haciendo mas dependiente la economía nacional. No hay seguridad alimentaria.
2. Las deserciones escolares aumentaron y las inversiones educativas disminuyeron en 2010. El empleo informal y el trabajo precario que crean las políticas gubernamentales está empobreciendo a la familia obligando a los adolescentes a abandonar sus estudios y buscar ingresos. El gobierno promueve las pandillas y le crea condiciones favorables al crimen organizado.
3. Las inversiones inmobiliarias superaron los US$mil millones y las familias con vivienda disminuyeron en 2010. La inversión especulativa de nacionales y extranjeros en viviendas de alto costo siguió alimentando la “burbuja” que pronto estallará. Al mismo tiempo, no se invierte en la construcción de “viviendas sociales”.
4. El transporte público empeoró y los gastos en sistemas inútiles aumentaron en 2010. El promedio de tiempo que le toma a una persona para llegar a su lugar de trabajo es de dos horas creando un gasto innecesario que perjudica a la familia panameña y a la economía nacional. Mientras tanto, se siguen generando “sistemas” que distribuye fondos públicos a quienes se aprovechan de la gente.
5.Los gastos en deportes aumentaron y el número de atletas compitiendo disminuyó. El alcalde de las ciudad capital quiso poner a los niños a boxear mientras que las escuelas no tienen programas deportivos y sus infraestructuras están en un estado de deterioro.
6. El acaparamiento de tierras urbanas aumentó y las inundaciones son cada vez más fatales. Los especuladores de tierras han convertido a la ciudad de Panamá en una bomba ambiental a punto de estallar. Los ríos han sido desviados para construir urbanizaciones, centros comerciales y carreteras sin tomar en consideración los problemas de drenaje y salud ambiental.
7. Los impuestos aumentaron y los servicios públicos disminuyeron. Hay que hacer la salvedad: Los impuestos que deben pagar los pobres. En cambio, los ricos pagan menos impuestos. A cambio del aumento de impuestos, se interrumpió el servicio de recolección de basura, más de la mitad de la población metropolitana no tiene acceso a los servicios de agua potable o tiene un acceso deficiente, las vías urbanas se encuentran en un permanente caos (“tranques”) y la Policía no controla el crimen organizado.
8. Los propietarios incrementaron sus ganancias y los trabajadores recibieron menos remuneraciones. Según estadísticas oficiales, por décimo año consecutivo, la suma de los salarios que se le pagan a los trabajadores panameños disminuyó, mientras que las ganancias de los propietarios aumentaron. Esta desproporción es el producto de la “flexibilización” del trabajo y la “desregulación” de la relación obrero patronal.
9. Los partidos recibieron mayores subvenciones y trabajaron menos en la Asamblea. El sistema de subvenciones públicos para el funcionamiento de los partidos políticos dejó de ser funcional hace más de 10 años. En vez de contribuir a la formación de políticos mejor preparados para legislar y ejecutar políticas públicas, las subvenciones son distribuidas entre los políticos para fines desconocidos oficialmente.
10. El presidente Martinelli viajó más y se supo menos de sus salidas al exterior. Los presidentes de la República han reemplazado a sus cuerpos diplomáticos en el exterior. El presidente Martinelli viajo un promedio de más de un viaje por mes. Sólo suspendió su participación en el Mundial de Fútbol en Africa del Sur para reprimir a los trabajadores de las bananeras en Changuinola. Un total de cinco personas murieron como consecuencia de los disparos de perdigones y del gas lacrimógeno.
Panamá, 23 de diciembre de 2010.
domingo, 19 de diciembre de 2010
La invasión militar norteamericana de 1989
El escándalo de Wilkileaks ha sacado a la luz pública el control que tiene EEUU sobre los medios de comunicación en casi todos los países del mundo. En los cables develados por Wikileaks, los embajadores norteamericanos y sus empleados informaban a Washington, como niños traviesos, que los países en que están son gobernados por ignorantes, corruptos y, a veces, hasta por asesinos. Las cadenas de televisión y los diarios encadenados a Washington interpretan la información de Wikileaks en forma tergiversada pretendiendo que son opiniones de gobiernos y sus altos funcionarios.
Lo más interesante es que el mensajero, el dueño de Wikileaks, está siendo perseguido por las agencias de EEUU con el único fin de demostrarle al mundo que nadie puede “meterse” con sus muchachos. En Suecia le inventaron un caso de acoso sexual (según algunas fuentes las “víctimas” eran cubanas de Miami). En EEUU varios fiscales de Estados han levantado casos de “terrorismo” contra Julian Assange.
Sobre Panamá, los diarios que están procesando las filtraciones de Wikileaks todavía no han soltado toda la información que tienen de los cables enviados por sus diplomáticos a Washington. Ya se sabe que no ofrecerán algo nuevo. Sólo sabremos, con los números correspondientes a cada informe, que los rumores y las pistas falsas que se crearon a lo largo de las últimas dos décadas son producto de la Embajada de EEUU.
Sería interesante conocer los cables enviados por la embajadora norteamericana que a principios de 2009 hizo que Juan C. Varela abandonara su candidatura a la Presidencia para abrirle el camino al actual mandatario, Ricardo Martinelli. Aún más interesante, ¿qué dicen los cables fechados a fines de 2010 sobre la ofensiva de Martinelli para buscar la reelección? Casi todo el mundo sabe que él no es el candidato a Presidente de la República de Panamá que favorece EEUU. ¿Porqué están tan apresurados los diplomáticos de Washington?
La abierta injerencia de Washington en los asuntos políticos de Panamá no es algo nuevo. Han impuesto gobernantes e, incluso, han invadido el país en varias ocasiones. El deber de todos los panameños es conocer esta historia y evitar que se repita.
El problema que tienen algunos panameños (una minoría con mucho poder) es comprender que nuestro país es una República, con su propia Constitución Política y leyes que deben respetarse.
Los panameños conocen la historia de la invasión militar norteamericana de 1989 y se sienten muy resentidos. Rechazan la arrogancia del invasor y la hipocresía de sus aliados internos.
El pueblo panameño, sin embargo, reconoce que en estos momentos no está en condiciones de retribuir a quienes se apoderaron de las instituciones gubernamentales después de la invasión. A pesar de ello, el pueblo está conciente que llegará el momento propicio para recuperar la “hegemonía perdida” (como diría Hernán Porras) e iniciar la construcción de una sociedad mucho más inclusiva que elimine la pobreza y la injusticia social en Panamá.
Los medios de comunicación social panameños han sido muy tímidos en su tratamiento de la invasión militar norteamericana y sus consecuencias. Los gobiernos de los últimos 20 años (1990-2010) se muestran temerosos ante EEUU de pronunciarse sobre los acontecimientos. Prueba de ello, todavía no se conoce una cifra oficial de los muertos que causó la invasión militar norteamericana. La juventud entiende que no fueron los panameños que invadieron a EEUU en 1989. La juventud entiende también que no fueron los estudiantes que agredieron a la tropa norteamericana acantonada en la antigua Zona del Canal el 9 de enero de 1964.
Hay una conciencia nacional. Está muy presente en cada panameño. A veces un poco más profundo, a veces algo superficial. Es propio de toda sociedad moderna donde sus miembros se identifican con la nación. Nos educa la familia, la escuela y la comunidad. Nos in-forman los medios de comunicación. Para disciplinarnos, el Estado y el gobierno nos ofrecen un conjunto de símbolos que debemos respetar. El proceso termina fortaleciendo la conciencia nacional. Al extremo que muchos dan su vida por defender los símbolos, como los jóvenes de la gesta del 9 de enero. La invasión militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989 abrió una herida profunda en la conciencia nacional que todavía no se ha cicatrizado.
Todos tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo en la construcción de la nación panameña, fortalecer la decisión de cada joven para estudiar y convertirse en mujeres y hombres productivos. Debemos tener buenas relaciones con todos los países del mundo de manera respetuosa e, incluso, promover la integración regional. Evitar que en el futuro nuestras propias debilidades permita que la arrogancia de una potencia nos vuelva a invadir y cause más muertes y destrucción como en 1989.
Panamá, 16 de diciembre de 2010.
Lo más interesante es que el mensajero, el dueño de Wikileaks, está siendo perseguido por las agencias de EEUU con el único fin de demostrarle al mundo que nadie puede “meterse” con sus muchachos. En Suecia le inventaron un caso de acoso sexual (según algunas fuentes las “víctimas” eran cubanas de Miami). En EEUU varios fiscales de Estados han levantado casos de “terrorismo” contra Julian Assange.
Sobre Panamá, los diarios que están procesando las filtraciones de Wikileaks todavía no han soltado toda la información que tienen de los cables enviados por sus diplomáticos a Washington. Ya se sabe que no ofrecerán algo nuevo. Sólo sabremos, con los números correspondientes a cada informe, que los rumores y las pistas falsas que se crearon a lo largo de las últimas dos décadas son producto de la Embajada de EEUU.
Sería interesante conocer los cables enviados por la embajadora norteamericana que a principios de 2009 hizo que Juan C. Varela abandonara su candidatura a la Presidencia para abrirle el camino al actual mandatario, Ricardo Martinelli. Aún más interesante, ¿qué dicen los cables fechados a fines de 2010 sobre la ofensiva de Martinelli para buscar la reelección? Casi todo el mundo sabe que él no es el candidato a Presidente de la República de Panamá que favorece EEUU. ¿Porqué están tan apresurados los diplomáticos de Washington?
La abierta injerencia de Washington en los asuntos políticos de Panamá no es algo nuevo. Han impuesto gobernantes e, incluso, han invadido el país en varias ocasiones. El deber de todos los panameños es conocer esta historia y evitar que se repita.
El problema que tienen algunos panameños (una minoría con mucho poder) es comprender que nuestro país es una República, con su propia Constitución Política y leyes que deben respetarse.
Los panameños conocen la historia de la invasión militar norteamericana de 1989 y se sienten muy resentidos. Rechazan la arrogancia del invasor y la hipocresía de sus aliados internos.
El pueblo panameño, sin embargo, reconoce que en estos momentos no está en condiciones de retribuir a quienes se apoderaron de las instituciones gubernamentales después de la invasión. A pesar de ello, el pueblo está conciente que llegará el momento propicio para recuperar la “hegemonía perdida” (como diría Hernán Porras) e iniciar la construcción de una sociedad mucho más inclusiva que elimine la pobreza y la injusticia social en Panamá.
Los medios de comunicación social panameños han sido muy tímidos en su tratamiento de la invasión militar norteamericana y sus consecuencias. Los gobiernos de los últimos 20 años (1990-2010) se muestran temerosos ante EEUU de pronunciarse sobre los acontecimientos. Prueba de ello, todavía no se conoce una cifra oficial de los muertos que causó la invasión militar norteamericana. La juventud entiende que no fueron los panameños que invadieron a EEUU en 1989. La juventud entiende también que no fueron los estudiantes que agredieron a la tropa norteamericana acantonada en la antigua Zona del Canal el 9 de enero de 1964.
Hay una conciencia nacional. Está muy presente en cada panameño. A veces un poco más profundo, a veces algo superficial. Es propio de toda sociedad moderna donde sus miembros se identifican con la nación. Nos educa la familia, la escuela y la comunidad. Nos in-forman los medios de comunicación. Para disciplinarnos, el Estado y el gobierno nos ofrecen un conjunto de símbolos que debemos respetar. El proceso termina fortaleciendo la conciencia nacional. Al extremo que muchos dan su vida por defender los símbolos, como los jóvenes de la gesta del 9 de enero. La invasión militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989 abrió una herida profunda en la conciencia nacional que todavía no se ha cicatrizado.
Todos tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo en la construcción de la nación panameña, fortalecer la decisión de cada joven para estudiar y convertirse en mujeres y hombres productivos. Debemos tener buenas relaciones con todos los países del mundo de manera respetuosa e, incluso, promover la integración regional. Evitar que en el futuro nuestras propias debilidades permita que la arrogancia de una potencia nos vuelva a invadir y cause más muertes y destrucción como en 1989.
Panamá, 16 de diciembre de 2010.
sábado, 11 de diciembre de 2010
La reelección en Panamá: Política del perro y del gato
Parece que el presidente Ricardo Martinelli prepara su estrategia para salir victorioso en las elecciones de 2014. Desde 2009 planea como conseguir una mayoría en los otros poderes del Estado: la Asamblea Nacional de Diputados y la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Corte le correspondió nombrar tres magistrados afectos a su persona poco después de asumir el mando. En el caso de la Asamblea le ha resultado algo más lento, pero no tan difícil.
En las elecciones de 2009, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), perdió la Presidencia pero conservó la bancada más grande en la Asamblea. Un total de 26 curules de un total de 71. El Partido Panameñista, que ganó las elecciones en alianza con el presidente Martinelli, logró un total de 25 puestos en la Asamblea.
La sorpresa fue el Partido Cambio Democrático (CD) que obtuvo, junto con sus aliados menores, un total de 19 asientos. El éxito relativo fue gracias a la campaña millonaria del candidato victorioso Ricardo Martinelli. Con esta bancada, sin embargo, el CD no podía aspirar a desarrollar una política agresiva y autónoma. En 2009 y 2010 logró controlar la agenda legislativa con los votos de su aliado de fórmula, el Partido Panameñista. Todo indica que esta fórmula le resulta incómoda al presidente Martinelli.
Para corregir este problema político, entre 2009 y 2010, el ejecutivo “secuestró” 3 diputados del Partido Panameñista. Para agregar a esta labor, y que impresiona aún más, se “llevó” 5 diputados del PRD a sus toldas. En poco más de un año logró sumar a su bancada un total de 8 diputados. A fines de 2010 ya cuenta con 27. Es, actualmente, la bancada más grande en la Asamblea. El Partido Panameñista quedó con 22 y el PRD sólo tiene 21 curules.
La guerra política declarada por el CD, sin embargo, está lejos de cantar victoria. Al contrario, el presidente Martinelli sólo se sentirá satisfecho cuando logre amarrar una mayoría absoluta en la Asamblea. Es decir, cuando tenga 36 diputados (el 50 por ciento más uno) en su bancada. Para lograr este objetivo necesita arrear para su lado a 9 diputados más. Si entre 2009 y 2010 el CD logró quitarle a los otros partidos un total de 8 diputados, no hay porque no creer que pueda restarles otros nueve legisladores en los próximos dos años (2011 y 2012).
Con una mayoría absoluta en la Asamblea, el CD no dependería de su actual aliado, el Partido Panameñista. A principios de 2009, ambos acordaron en la Embajada de EEUU que formarían un pacto electoral – con Martinelli a la cabeza - para presentarse en las elecciones de ese año. El acuerdo incluía un compromiso - con la embajadora de testigo - que el Partido Panameñista encabezaría la alianza en las elecciones de 2014. Si el CD obtiene una mayoría absoluta en la Asamblea ese pacto puede considerarse letra muerta.
La agresividad del presidente Martinelli ha soltado muchas tuercas en las viejas maquinas electorales y mostrado las múltiples debilidades de los partidos tradicionales. Los diputados “saltamontes” no tienen lealtad alguna para con los partidos que en una época decían que eran “nacionalistas” y ahora han demostrado ser neoliberales. Las cúpulas de los partidos han perdido contacto con sus bases y las decisiones se toman en el marco de un directorio ampliado que maneja los hilos del poder utilizando el clientelismo. Los diputados electos, en su mayoría, no responden a sus partidos y menos a las bases. Son “cuadros” sin ideología pero con una gran ambición y que son fácilmente manipulados por quienes manejan los hilos del poder.
El escenario político puede complicarse si el presidente Martinelli pretende utilizar su poder político (más sus conexiones económicas) para alterar la correlación de fuerzas establecida en Panamá después de la invasión militar norteamericana en 1989. La alternabilidad política entre las fracciones que controlan la economía del país era lo que perseguía la Embajada de EEUU en 2009. Si el CD amenaza ese equilibrio, pueden surgir muchas alternativas. Entre las mencionadas se destaca una opción popular encabezada por el FRENADESO y/o el Partido Alternativa Popular.
También puede darse una alianza entre el PRD y el Partido Panameñista para detener las pretensiones de Martinelli y su Partido CD en 2014. ¿Imposible? Sólo un pacto de este tipo podría detener una ofensiva política de Martinelli en la Asamblea y, de paso, en la Corte Suprema de Justicia. Más aún, sería la única “llave” capaz de levantar una fórmula para detener al actual mandatario en las elecciones generales de 2014. ¿Como mezclar el agua y el aceite? Mejor todavía, jugar al perro y al gato.
Panamá, 9 de diciembre de 2010.
En las elecciones de 2009, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), perdió la Presidencia pero conservó la bancada más grande en la Asamblea. Un total de 26 curules de un total de 71. El Partido Panameñista, que ganó las elecciones en alianza con el presidente Martinelli, logró un total de 25 puestos en la Asamblea.
La sorpresa fue el Partido Cambio Democrático (CD) que obtuvo, junto con sus aliados menores, un total de 19 asientos. El éxito relativo fue gracias a la campaña millonaria del candidato victorioso Ricardo Martinelli. Con esta bancada, sin embargo, el CD no podía aspirar a desarrollar una política agresiva y autónoma. En 2009 y 2010 logró controlar la agenda legislativa con los votos de su aliado de fórmula, el Partido Panameñista. Todo indica que esta fórmula le resulta incómoda al presidente Martinelli.
Para corregir este problema político, entre 2009 y 2010, el ejecutivo “secuestró” 3 diputados del Partido Panameñista. Para agregar a esta labor, y que impresiona aún más, se “llevó” 5 diputados del PRD a sus toldas. En poco más de un año logró sumar a su bancada un total de 8 diputados. A fines de 2010 ya cuenta con 27. Es, actualmente, la bancada más grande en la Asamblea. El Partido Panameñista quedó con 22 y el PRD sólo tiene 21 curules.
La guerra política declarada por el CD, sin embargo, está lejos de cantar victoria. Al contrario, el presidente Martinelli sólo se sentirá satisfecho cuando logre amarrar una mayoría absoluta en la Asamblea. Es decir, cuando tenga 36 diputados (el 50 por ciento más uno) en su bancada. Para lograr este objetivo necesita arrear para su lado a 9 diputados más. Si entre 2009 y 2010 el CD logró quitarle a los otros partidos un total de 8 diputados, no hay porque no creer que pueda restarles otros nueve legisladores en los próximos dos años (2011 y 2012).
Con una mayoría absoluta en la Asamblea, el CD no dependería de su actual aliado, el Partido Panameñista. A principios de 2009, ambos acordaron en la Embajada de EEUU que formarían un pacto electoral – con Martinelli a la cabeza - para presentarse en las elecciones de ese año. El acuerdo incluía un compromiso - con la embajadora de testigo - que el Partido Panameñista encabezaría la alianza en las elecciones de 2014. Si el CD obtiene una mayoría absoluta en la Asamblea ese pacto puede considerarse letra muerta.
La agresividad del presidente Martinelli ha soltado muchas tuercas en las viejas maquinas electorales y mostrado las múltiples debilidades de los partidos tradicionales. Los diputados “saltamontes” no tienen lealtad alguna para con los partidos que en una época decían que eran “nacionalistas” y ahora han demostrado ser neoliberales. Las cúpulas de los partidos han perdido contacto con sus bases y las decisiones se toman en el marco de un directorio ampliado que maneja los hilos del poder utilizando el clientelismo. Los diputados electos, en su mayoría, no responden a sus partidos y menos a las bases. Son “cuadros” sin ideología pero con una gran ambición y que son fácilmente manipulados por quienes manejan los hilos del poder.
El escenario político puede complicarse si el presidente Martinelli pretende utilizar su poder político (más sus conexiones económicas) para alterar la correlación de fuerzas establecida en Panamá después de la invasión militar norteamericana en 1989. La alternabilidad política entre las fracciones que controlan la economía del país era lo que perseguía la Embajada de EEUU en 2009. Si el CD amenaza ese equilibrio, pueden surgir muchas alternativas. Entre las mencionadas se destaca una opción popular encabezada por el FRENADESO y/o el Partido Alternativa Popular.
También puede darse una alianza entre el PRD y el Partido Panameñista para detener las pretensiones de Martinelli y su Partido CD en 2014. ¿Imposible? Sólo un pacto de este tipo podría detener una ofensiva política de Martinelli en la Asamblea y, de paso, en la Corte Suprema de Justicia. Más aún, sería la única “llave” capaz de levantar una fórmula para detener al actual mandatario en las elecciones generales de 2014. ¿Como mezclar el agua y el aceite? Mejor todavía, jugar al perro y al gato.
Panamá, 9 de diciembre de 2010.
viernes, 3 de diciembre de 2010
Los documentos secretos de Washington
El gobierno del presidente Barack Obama en EEUU se siente vulnerable frente a la revelación de más de 250 mil documentos de sus archivos secretos que comenzaron a publicarse a fines de noviembre. Los documentos revelan tanto las conspiraciones contra los enemigos de Washington como los engaños cometidos contra sus supuestos aliados.
Algunos investigadores están buscando las conexiones entre el colapso del campo socialista, el tráfico de drogas dirigido por EEUU y la “guerra contra el terrorismo”. Al desaparecer la supuesta amenaza comunista de Moscú, EEUU tuvo que crear un enemigo nuevo que tomó una década para definirse – entre 1990 y 2000. La creación de la imagen terrorista de la cultura islámica y la invasión de Irak y Afganistán forman parte de una de los capítulos más confusos de la política exterior de EEUU.
El coordinador del grupo llamado WikiLeaks, Julian Assange, quien logró infiltrarse en la red creada por el Pentágono para la distribución de documentos secretos del gobierno, ha sido amenazado por las autoridades de EEUU. Incluso, los suecos han solicitado a la Interpol su arresto por supuesto acoso de dos mujeres de ese país. A pesar de todo, los documentos descifrados fueron recibidos por medios de comunicación europeos y de otras regiones. En EEUU el New York Times comenzó a publicar una selección de los documentos, censurando los más comprometedores.
Lástima que Wikileaks no incluye los mensajes de las embajadas norteamericanas con información sobre las guerras secretas de ese país que contribuyen a incrementar - a escala global - las ganancias extra-económicas de la banca internacional en el campo del tráfico de drogas, la venta de armas, la lucha por el control de los hidrocarburos (las actividades especulativas y financieras asociadas al crimen organizado). Tampoco incluye informes sobre el trabajo de las misiones norteamericanas en el extranjero que arrojen luz sobre sus avances en materia de imponerle a todo los países del mundo las políticas de des-posesión neo-liberales. En otras palabras, ingresos que complementan las cada vez más magras ganancias obtenidas mediante la explotación de los trabajadores (la declinación de la tasa de ganancia capitalista).
En el caso de Panamá, se destacan los informes secretos enviados por la Embajada de EEUU a Washington antes de la invasión militar que derrocó al general Manuel A. Noriega en 1989. El 20 de diciembre de ese año EEUU juramentó al presidente Guillermo Endara en una base militar norteamericana quien después nombró un gabinete y comenzó a gobernar.
En Panamá se desconocen los arreglos post-invasión entre EEUU y los nuevos gobernantes panameños. Las contradicciones que surgieron entre Panamá y EEUU, así como entre los propios gobernantes panameños, que se distanciaron, son una historia que no se ha dado a conocer. La invasión que causó muchas muertes nunca ha sido objeto de una investigación a fondo por parte de Panamá. Incluso, no existe una cifra oficial de los panameños que murieron como causa de la invasión militar norteamericana.
EEUU secuestró la totalidad de los archivos de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) y sus antecesoras: La Guardia Nacional (1953-1983) y la Policía Nacional (1936-1953). Según investigaciones realizadas por instituciones de varios países, los archivos de las FDP se encuentran en un depósito de en el sur del estado de Florida bajo la custodia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU.
En un despacho de la Embajada de EEUU del 13 de diciembre de 1989, clasificada como secreta, y numerada de la sección 01 de 05 Panamá 08545, se describe la situación política de Panamá y los planes del general Noriega para seguir resistiendo el embargo económico de EEUU. Se refiere a las esperanzas que tiene la oposición al gobierno militar de que se produzca un golpe de Estado.
La única parte que está censurada por los encargados de archivar la información se refiere a los nombres de los principales asesores civiles con que contaba Noriega en esa época. Los únicos nombres que aparecen mencionados son los miembros de su Estado Mayor. Todo indica que la Embajada tenía instrucciones de ganarse a estos oficiales. Los documentos se refieren al intento de golpe del 3 de octubre de 1989 como una muestra de debilidad por parte de Noriega. Los agentes norteamericanos no asumen responsabilidad alguna, pero tampoco ven el frustrado golpe del mayor Giroldi y sus compañeros de armas como algo ajeno.
Sobre este incidente, el periodista del Washington Post, Robert Woodward, informó en su libro Los comandantes, con lujo de detalles, como los hilos eran manejados desde las oficinas del entonces Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Colin Powel, en coordinación directa con el presidente George Bush (padre). La decisión última para abandonar a Giroldi a su suerte dentro del Cuartel Central, ubicado en El Chorrillo, fue tomada en la Casa Blanca.
Muchos de los documentos dados a conocer por WikiLeaks son relativamente recientes. La mayoría se refieren a la forma de percibir el mundo por parte de los diplomáticos enviados por EEUU a trabajar en el extranjero. Los informes diplomáticos insinúan que los líderes africanos son ignorantes, los políticos árabes son corruptos y los europeos irresponsables. La documentación descubierta revela una falta de formación política entre los diplomáticos desplegados por Washington. Sus informes reflejan prejuicios adquiridos en los clubes de los suburbios de las ciudades norteamericanas, más que conocimientos adquiridos sobre el terreno.
Panamá, 2 de diciembre de 2010.
Algunos investigadores están buscando las conexiones entre el colapso del campo socialista, el tráfico de drogas dirigido por EEUU y la “guerra contra el terrorismo”. Al desaparecer la supuesta amenaza comunista de Moscú, EEUU tuvo que crear un enemigo nuevo que tomó una década para definirse – entre 1990 y 2000. La creación de la imagen terrorista de la cultura islámica y la invasión de Irak y Afganistán forman parte de una de los capítulos más confusos de la política exterior de EEUU.
El coordinador del grupo llamado WikiLeaks, Julian Assange, quien logró infiltrarse en la red creada por el Pentágono para la distribución de documentos secretos del gobierno, ha sido amenazado por las autoridades de EEUU. Incluso, los suecos han solicitado a la Interpol su arresto por supuesto acoso de dos mujeres de ese país. A pesar de todo, los documentos descifrados fueron recibidos por medios de comunicación europeos y de otras regiones. En EEUU el New York Times comenzó a publicar una selección de los documentos, censurando los más comprometedores.
Lástima que Wikileaks no incluye los mensajes de las embajadas norteamericanas con información sobre las guerras secretas de ese país que contribuyen a incrementar - a escala global - las ganancias extra-económicas de la banca internacional en el campo del tráfico de drogas, la venta de armas, la lucha por el control de los hidrocarburos (las actividades especulativas y financieras asociadas al crimen organizado). Tampoco incluye informes sobre el trabajo de las misiones norteamericanas en el extranjero que arrojen luz sobre sus avances en materia de imponerle a todo los países del mundo las políticas de des-posesión neo-liberales. En otras palabras, ingresos que complementan las cada vez más magras ganancias obtenidas mediante la explotación de los trabajadores (la declinación de la tasa de ganancia capitalista).
En el caso de Panamá, se destacan los informes secretos enviados por la Embajada de EEUU a Washington antes de la invasión militar que derrocó al general Manuel A. Noriega en 1989. El 20 de diciembre de ese año EEUU juramentó al presidente Guillermo Endara en una base militar norteamericana quien después nombró un gabinete y comenzó a gobernar.
En Panamá se desconocen los arreglos post-invasión entre EEUU y los nuevos gobernantes panameños. Las contradicciones que surgieron entre Panamá y EEUU, así como entre los propios gobernantes panameños, que se distanciaron, son una historia que no se ha dado a conocer. La invasión que causó muchas muertes nunca ha sido objeto de una investigación a fondo por parte de Panamá. Incluso, no existe una cifra oficial de los panameños que murieron como causa de la invasión militar norteamericana.
EEUU secuestró la totalidad de los archivos de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) y sus antecesoras: La Guardia Nacional (1953-1983) y la Policía Nacional (1936-1953). Según investigaciones realizadas por instituciones de varios países, los archivos de las FDP se encuentran en un depósito de en el sur del estado de Florida bajo la custodia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU.
En un despacho de la Embajada de EEUU del 13 de diciembre de 1989, clasificada como secreta, y numerada de la sección 01 de 05 Panamá 08545, se describe la situación política de Panamá y los planes del general Noriega para seguir resistiendo el embargo económico de EEUU. Se refiere a las esperanzas que tiene la oposición al gobierno militar de que se produzca un golpe de Estado.
La única parte que está censurada por los encargados de archivar la información se refiere a los nombres de los principales asesores civiles con que contaba Noriega en esa época. Los únicos nombres que aparecen mencionados son los miembros de su Estado Mayor. Todo indica que la Embajada tenía instrucciones de ganarse a estos oficiales. Los documentos se refieren al intento de golpe del 3 de octubre de 1989 como una muestra de debilidad por parte de Noriega. Los agentes norteamericanos no asumen responsabilidad alguna, pero tampoco ven el frustrado golpe del mayor Giroldi y sus compañeros de armas como algo ajeno.
Sobre este incidente, el periodista del Washington Post, Robert Woodward, informó en su libro Los comandantes, con lujo de detalles, como los hilos eran manejados desde las oficinas del entonces Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Colin Powel, en coordinación directa con el presidente George Bush (padre). La decisión última para abandonar a Giroldi a su suerte dentro del Cuartel Central, ubicado en El Chorrillo, fue tomada en la Casa Blanca.
Muchos de los documentos dados a conocer por WikiLeaks son relativamente recientes. La mayoría se refieren a la forma de percibir el mundo por parte de los diplomáticos enviados por EEUU a trabajar en el extranjero. Los informes diplomáticos insinúan que los líderes africanos son ignorantes, los políticos árabes son corruptos y los europeos irresponsables. La documentación descubierta revela una falta de formación política entre los diplomáticos desplegados por Washington. Sus informes reflejan prejuicios adquiridos en los clubes de los suburbios de las ciudades norteamericanas, más que conocimientos adquiridos sobre el terreno.
Panamá, 2 de diciembre de 2010.
domingo, 28 de noviembre de 2010
La revista TAREAS cumple 50 años
La revista TAREAS cumple 50 años de publicación interrumpida en 2010. Fundada en la ciudad de Panamá en 1960 por un grupo de jóvenes intelectuales, encabezado por Ricaurte Soler, la revista ha sacado un total de 136 entregas con artículos que cubren todas las áreas culturales, políticas y de las ciencias sociales. En reciente correo, el sociólogo centroamericano, Edelberto Torres Rivas, señala que “el compromiso de Tareas es su libertad para decir todo lo que es reto, desafío y rebeldía...”
Cuando la revista cumplió su cuarto de siglo (en 1985) el gran poeta y matemático panameño, José de J. (Chuchú) Martínez, dijo que “nunca como hoy ha estado nuestro país falto de soluciones para los problemas que pesan sobre la mayoría de nuestra población”. Pero agregó, inmediatamente, “Tareas quiere jugar un papel proponiendo alternativas, colaborando en el diseño de un proyecto nacional, con todas las virtudes de proyectos anteriores, pero sin ninguno de sus defectos...”
Sin duda, son palabras que podemos hacer nuestras en la actualidad con toda legitimidad, quizás con algo más de urgencia. Chuchú en aquel momento también dijo que “Tareas es hoy más joven que nunca”, por los retos que tenían que enfrentar los panameños de esa época y que hoy les corresponde, aún más, a esta generación que mira hacia el futuro.
Tareas recogió la rebeldía de la juventud panameña que sembró las banderas en la antigua Zona del Canal en la década de 1950, que formó la vanguardia en la lucha contra las tropas norteamericanas acantonadas a orillas de la vía acuática en las jornadas de enero de 1964. De igual manera, fue una voz crítica en el proceso de negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter que puso fin a la “quinta frontera” e hizo realidad la evacuación de las bases militares extranjeras. Condenó la invasión de 1989 y ha mantenido una posición vertical contra las políticas neoliberales y la creciente re-militarización del país de los últimos lustros.
El martes, 30 de noviembre de 2010, en la Biblioteca Nacional, a las 6pm, miembros del grupo fundador, patrocinadores, contribuyentes y los amigos de Tareas, se reunirán para celebrar el cincuentenario. También le desearán otros 50 años más de vida productiva y combativa. Entre los oradores, que harán uso de la palabra, se destaca Arístides Martínez Ortega, compañero de Soler y los otros fundadores. Entre estos últimos, estarán presentes en el acto, Carlos B. Pedreschi, Alfredo Castillero C., Franz García de Paredes y César Young Núñez.
Según uno de los economistas más reconocidos, por su contribución a las ciencias sociales, Theotonio dos Santos, Tareas “cumple con un rol estratégico de alerta, conciente de los grandes problemas de nuestros tiempos”. Refiriéndose a Ricaurte Soler, el intelectual brasileño agrega que su “obra fue fundamental para el desarrollo del pensamiento social latinoamericano”. Desde EEUU, el sociólogo Immanuel Wallerstein envía un mensaje donde afirma que “Tareas ha sido una revista de calidad que enriquece el debate sobre los grandes problemas de actualidad, así como en la profundización de las teorías sociales”.
Durante la primera década del siglo XXI, la revista Tareas ha publicado los trabajos de cientistas sociales, humanistas y artistas quienes han abordado temas diversos. En el caso de Panamá, sus preocupaciones han girado en torno al futuro del Canal de Panamá y su contribución al desarrollo nacional. También ha mostrado un interés especial en la relación entre Panamá y EEUU, y los intereses de este último en crear un régimen de seguridad similar al que tuvo el país en la segunda mitad del siglo pasado. La revista ha hecho especial énfasis en problemas como la seguridad social, la salud, el ambiente, el desorden urbano y la cuestión de género.
Le ha llamado la atención a los responsables de las políticas públicas sobre la necesidad de sentar las bases para un desarrollo incluyente, capaz de integrar a todos los panameños en el proceso de desarrollo. Han sido casi nulos los resultados obtenidos a nivel de la clase gobernante que continúa impulsando políticas de crecimiento económico irracional (basados en el asalto al erario público). Las políticas de des- posesión sólo han generado más pobreza, corrupción y le han dado alas al crimen organizado.
A nivel regional e internacional, Tareas ha estudiado con detalle las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales impuestas a escala global. Políticas que condujeron al colapso del sistema capitalista. En esta misma dirección, los contribuyentes de artículos observan como la correlación internacional de fuerzas tiende a cambiar, las países emergentes ocupan nuevos espacios y las viejas potencias tienden a desmoronarse.
Chuchú pronosticó en 1985 que la revista llegaría a cumplir otros 25 años de trabajo. En 2010, todos los que tienen algún grado de responsabilidad en la continuidad de Tareas, y que se inspiran en el legado de Ricaurte Soler, están seguros que cumplirá 50 años más de vida.
Panamá, 25 de noviembre de 2010.
Cuando la revista cumplió su cuarto de siglo (en 1985) el gran poeta y matemático panameño, José de J. (Chuchú) Martínez, dijo que “nunca como hoy ha estado nuestro país falto de soluciones para los problemas que pesan sobre la mayoría de nuestra población”. Pero agregó, inmediatamente, “Tareas quiere jugar un papel proponiendo alternativas, colaborando en el diseño de un proyecto nacional, con todas las virtudes de proyectos anteriores, pero sin ninguno de sus defectos...”
Sin duda, son palabras que podemos hacer nuestras en la actualidad con toda legitimidad, quizás con algo más de urgencia. Chuchú en aquel momento también dijo que “Tareas es hoy más joven que nunca”, por los retos que tenían que enfrentar los panameños de esa época y que hoy les corresponde, aún más, a esta generación que mira hacia el futuro.
Tareas recogió la rebeldía de la juventud panameña que sembró las banderas en la antigua Zona del Canal en la década de 1950, que formó la vanguardia en la lucha contra las tropas norteamericanas acantonadas a orillas de la vía acuática en las jornadas de enero de 1964. De igual manera, fue una voz crítica en el proceso de negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter que puso fin a la “quinta frontera” e hizo realidad la evacuación de las bases militares extranjeras. Condenó la invasión de 1989 y ha mantenido una posición vertical contra las políticas neoliberales y la creciente re-militarización del país de los últimos lustros.
El martes, 30 de noviembre de 2010, en la Biblioteca Nacional, a las 6pm, miembros del grupo fundador, patrocinadores, contribuyentes y los amigos de Tareas, se reunirán para celebrar el cincuentenario. También le desearán otros 50 años más de vida productiva y combativa. Entre los oradores, que harán uso de la palabra, se destaca Arístides Martínez Ortega, compañero de Soler y los otros fundadores. Entre estos últimos, estarán presentes en el acto, Carlos B. Pedreschi, Alfredo Castillero C., Franz García de Paredes y César Young Núñez.
Según uno de los economistas más reconocidos, por su contribución a las ciencias sociales, Theotonio dos Santos, Tareas “cumple con un rol estratégico de alerta, conciente de los grandes problemas de nuestros tiempos”. Refiriéndose a Ricaurte Soler, el intelectual brasileño agrega que su “obra fue fundamental para el desarrollo del pensamiento social latinoamericano”. Desde EEUU, el sociólogo Immanuel Wallerstein envía un mensaje donde afirma que “Tareas ha sido una revista de calidad que enriquece el debate sobre los grandes problemas de actualidad, así como en la profundización de las teorías sociales”.
Durante la primera década del siglo XXI, la revista Tareas ha publicado los trabajos de cientistas sociales, humanistas y artistas quienes han abordado temas diversos. En el caso de Panamá, sus preocupaciones han girado en torno al futuro del Canal de Panamá y su contribución al desarrollo nacional. También ha mostrado un interés especial en la relación entre Panamá y EEUU, y los intereses de este último en crear un régimen de seguridad similar al que tuvo el país en la segunda mitad del siglo pasado. La revista ha hecho especial énfasis en problemas como la seguridad social, la salud, el ambiente, el desorden urbano y la cuestión de género.
Le ha llamado la atención a los responsables de las políticas públicas sobre la necesidad de sentar las bases para un desarrollo incluyente, capaz de integrar a todos los panameños en el proceso de desarrollo. Han sido casi nulos los resultados obtenidos a nivel de la clase gobernante que continúa impulsando políticas de crecimiento económico irracional (basados en el asalto al erario público). Las políticas de des- posesión sólo han generado más pobreza, corrupción y le han dado alas al crimen organizado.
A nivel regional e internacional, Tareas ha estudiado con detalle las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales impuestas a escala global. Políticas que condujeron al colapso del sistema capitalista. En esta misma dirección, los contribuyentes de artículos observan como la correlación internacional de fuerzas tiende a cambiar, las países emergentes ocupan nuevos espacios y las viejas potencias tienden a desmoronarse.
Chuchú pronosticó en 1985 que la revista llegaría a cumplir otros 25 años de trabajo. En 2010, todos los que tienen algún grado de responsabilidad en la continuidad de Tareas, y que se inspiran en el legado de Ricaurte Soler, están seguros que cumplirá 50 años más de vida.
Panamá, 25 de noviembre de 2010.
jueves, 18 de noviembre de 2010
La derrota de Obama
Los resultados de las elecciones del 2 de noviembre de 2010 representan una derrota contundente del pueblo norteamericano. Más allá de las elecciones, se trataba del fracaso del presidente Barak Obama, quien fuera ungido en 2008 para dirigir el país del norte hacia un puerto seguro frente a la crisis del capitalismo y las guerras imperialistas. El Partido Demócrata del presidente Obama perdió la mayoría en la Cámara de Representantes (responsable de la política fiscal) y apenas conservó su poder en el Senado (responsable de la política exterior).
Durante los dos años en la Casa Blanca, Obama aplicó las mismas políticas que desarrolló su antecesor – George W. Bush – de 2001 al 2009. Le transfirió fondos públicos a la banca para sacarla de la bancarrota y destinó cada vez más recursos a las guerras en Asia. Con una economía nacional “enferma” que no produce de manera competitiva, Obama simplemente logró extenderle la vida unos años más a los especuladores que juegan a la quiebra del sistema capitalista.
Casi todos coinciden en que el principal factor que explica la derrota es la economía que está estancada. Lo más alarmante es la tasa de desempleo (9.6 por ciento). Estas circunstancias han dado pie a la aparición de una nueva corriente electoral derechista que logró atraer mucha atención y muchos fondos para su causa. Los sentimientos de xenofobia contra los migrantes de países latinoamericanos fueron manipulados y convertidos en un problema de “seguridad nacional”. El historiador Garry Wills agrega algo más: la reacción francamente racista contra un hombre negro en la Casa Blanca.
Según Amy Goodman, los grandes medios de comunicación fueron los principales ganadores en las elecciones de este año en EEUU. “Estas fueron las elecciones legislativas de mitad de mandato más caras en la historia: costaron casi cuatro mil millones de dólares, de los cuales tres mil millones se gastaron en publicidad. ¿Qué pasaría si el tiempo publicitario para las campañas fuera gratuito? No se oyen debates al respecto porque las corporaciones obtienen inmensas ganancias con los avisos publicitarios de las campañas políticas”.
La reacción derechista es parte del caldo de cultivo que caracteriza la sociedad norteamericana en esta coyuntura. La promesa de Obama se hizo humo y sectores amplios de la población simplemente no acudieron a las urnas. Estaban decepcionados y no creen que la solución de sus problemas está en los partidos políticos o en los discursos bien articulados de sus representantes. Incluso, muchos se inclinaron por los candidatos de la extrema derecha que postuló el Partido Republicano y su nueva vanguardia, el Tea Party.
La fracción derechista representada en el Tea Party aprovechó las políticas erráticas de Obama e introdujo un elemento de miedo y odio, a la vez, en el proceso electoral de 2010. La profesora Ruth Rosen, de la Universidad de California – Berkeley, apunta al hecho que “dentro de unas cuantas décadas la población no blanca será mayoría en EEUU. Muchos cristianos evangélicos se sienten sitiados y las mujeres, por su parte, sienten que deben proteger públicamente a sus familias de cambios tan vertiginosos y posiblemente dañinos. Sienten que burócratas, inmigrantes o minorías anónimas a las que identifican como “los otros” amenazan su pureza moral. Lo que no les despierta miedo es que las corporaciones hayan tomado al gobierno”.
Las políticas públicas norteamericanas han logrado, en gran parte, construir una sociedad con tres estamentos, con el objetivo de mantener un control social sobre las organizaciones populares. Por un lado, una masa de trabajadores que hasta hace poco era considerada afluente y estable. Esta población, en su mayoría trabajadores asalariados, provienen de migraciones europeas de fines del siglo XIX y principios del siglo pasado. Por el otro, una población calificada como negra, de ascendencia africana, que llegó a las costas norteamericanas como esclavos hace tres o cuatro siglos. Por último, la población llamada “latina” producto de migraciones masivas, especialmente mexicanas, de la última mitad del siglo XX. La aparición del Tea Party es un indicador de futuros enfrentamientos entre estos estamentos creados artificialmente por políticas públicas de la elite gobernante.
Según la apreciación optimista del economista Dean Baker, EEUU tiene que “recorrer un largo trecho para restaurar una economía que funcione para la gran mayoría, pero el primer paso es saber dónde estamos. La redistribución (de la riqueza) hacia arriba de las tres últimas décadas no tiene que ver con el mercado. Se trata de un proceso por el que el rico y el poderoso han reescrito las reglas para hacerse más ricos y más poderosos”. ¿Habrá tomado ese primer paso el presidente Obama?
Panamá, 18 de noviembre de 2010.
Durante los dos años en la Casa Blanca, Obama aplicó las mismas políticas que desarrolló su antecesor – George W. Bush – de 2001 al 2009. Le transfirió fondos públicos a la banca para sacarla de la bancarrota y destinó cada vez más recursos a las guerras en Asia. Con una economía nacional “enferma” que no produce de manera competitiva, Obama simplemente logró extenderle la vida unos años más a los especuladores que juegan a la quiebra del sistema capitalista.
Casi todos coinciden en que el principal factor que explica la derrota es la economía que está estancada. Lo más alarmante es la tasa de desempleo (9.6 por ciento). Estas circunstancias han dado pie a la aparición de una nueva corriente electoral derechista que logró atraer mucha atención y muchos fondos para su causa. Los sentimientos de xenofobia contra los migrantes de países latinoamericanos fueron manipulados y convertidos en un problema de “seguridad nacional”. El historiador Garry Wills agrega algo más: la reacción francamente racista contra un hombre negro en la Casa Blanca.
Según Amy Goodman, los grandes medios de comunicación fueron los principales ganadores en las elecciones de este año en EEUU. “Estas fueron las elecciones legislativas de mitad de mandato más caras en la historia: costaron casi cuatro mil millones de dólares, de los cuales tres mil millones se gastaron en publicidad. ¿Qué pasaría si el tiempo publicitario para las campañas fuera gratuito? No se oyen debates al respecto porque las corporaciones obtienen inmensas ganancias con los avisos publicitarios de las campañas políticas”.
La reacción derechista es parte del caldo de cultivo que caracteriza la sociedad norteamericana en esta coyuntura. La promesa de Obama se hizo humo y sectores amplios de la población simplemente no acudieron a las urnas. Estaban decepcionados y no creen que la solución de sus problemas está en los partidos políticos o en los discursos bien articulados de sus representantes. Incluso, muchos se inclinaron por los candidatos de la extrema derecha que postuló el Partido Republicano y su nueva vanguardia, el Tea Party.
La fracción derechista representada en el Tea Party aprovechó las políticas erráticas de Obama e introdujo un elemento de miedo y odio, a la vez, en el proceso electoral de 2010. La profesora Ruth Rosen, de la Universidad de California – Berkeley, apunta al hecho que “dentro de unas cuantas décadas la población no blanca será mayoría en EEUU. Muchos cristianos evangélicos se sienten sitiados y las mujeres, por su parte, sienten que deben proteger públicamente a sus familias de cambios tan vertiginosos y posiblemente dañinos. Sienten que burócratas, inmigrantes o minorías anónimas a las que identifican como “los otros” amenazan su pureza moral. Lo que no les despierta miedo es que las corporaciones hayan tomado al gobierno”.
Las políticas públicas norteamericanas han logrado, en gran parte, construir una sociedad con tres estamentos, con el objetivo de mantener un control social sobre las organizaciones populares. Por un lado, una masa de trabajadores que hasta hace poco era considerada afluente y estable. Esta población, en su mayoría trabajadores asalariados, provienen de migraciones europeas de fines del siglo XIX y principios del siglo pasado. Por el otro, una población calificada como negra, de ascendencia africana, que llegó a las costas norteamericanas como esclavos hace tres o cuatro siglos. Por último, la población llamada “latina” producto de migraciones masivas, especialmente mexicanas, de la última mitad del siglo XX. La aparición del Tea Party es un indicador de futuros enfrentamientos entre estos estamentos creados artificialmente por políticas públicas de la elite gobernante.
Según la apreciación optimista del economista Dean Baker, EEUU tiene que “recorrer un largo trecho para restaurar una economía que funcione para la gran mayoría, pero el primer paso es saber dónde estamos. La redistribución (de la riqueza) hacia arriba de las tres últimas décadas no tiene que ver con el mercado. Se trata de un proceso por el que el rico y el poderoso han reescrito las reglas para hacerse más ricos y más poderosos”. ¿Habrá tomado ese primer paso el presidente Obama?
Panamá, 18 de noviembre de 2010.
viernes, 12 de noviembre de 2010
Ricord: El político militante
Durante casi setenta años el doctor Humberto Ricord se mantuvo activo en la política panameña. No era hombre de partidos tradicionales, aunque su pensamiento y acción impactaba sobre el acontecer nacional. Siendo un adolescente, a principios de la década de 1940, en plena segunda guerra mundial, participó en la fundación de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP). Años más tarde, se agitaba en la creación del Frente Patriótico de la Juventud. Siendo más maduro se activó en varias iniciativas políticas que involucraba trabajar en la organización de sindicatos, agrupaciones populares y en la formación de cuadros estudiantiles. Sin descansar, al final de su largo recorrido, se embarcó en la organización del Frente Panamá Soberana (FPS) que a fines del siglo XX se opuso a la extensión de las bases militares norteamericanas en el país. A principios del presente siglo, el FPS le puso una demanda de “bien oculto” a la Autoridad del Canal de Panamá.
El FPS le rendirá homenaje al jurista, historiador y militante Humberto Ricord el martes, 16 de diciembre de 2010, en el Salón de Profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, a las 6 p.m. Recientemente se cumplió un año de su fallecimiento en la capital. En el acto harán uso de la palabra la abogada y especialista en derecho social, Anayansi Turner, catedrática universitaria. Igualmente, hablará el profesor Virgilio Araúz, quien abordará al Ricord historiador. Finalmente, este servidor analizará los aportes de Ricord a la vida política panameña. Al final del acto, se ha abierto un período para que todos los interesados puedan dejar sentado su testimonio en torno a la vida del maestro del derecho.
Entre las obras de mayor impacto de Ricord, se destaca su trabajo sobre los “Clanes de la oligarquía panameña” publicado en la década de 1950 bajo la firma de Anónimo. En aquella época se vivía una violenta represión contra todas las ideas progresistas y, especialmente, todo lo que fuera cercano al socialismo. La guerra fría y el “maccartismo” estaban a la orden del día. El folleto circuló en cuatro partes de mano en mano. El enfoque de Ricord fue original en la medida en que realizaba por primera vez un análisis de las clases sociales panameñas. Enfocó la clase en el poder económico y político, y la descompuso según sus intereses y formas de acumular riquezas.
Ricord también escribió importantes obras de historia, desentrañando la gesta del 3 de noviembre así como la vida y muerte de Victoriano Lorenzo. Su obra sobre la Guerra de los Mil Días (1899-1902) es considerada la mejor aproximación a ese conflicto que causó tanta destrucción y dolor en el istmo panameño. Sin entender las causas de esa movilización popular, no se puede entrar a conocer los motivos de la separación de Panamá de Colombia, el pacto con EEUU y las luchas de casi un siglo por recuperar la soberanía por parte de los panameños.
Sin duda, este último problema era el que motivaba más a Ricord. ¿Cómo recuperar la soberanía y darle al pueblo panameño la dignidad que se merecía? Esta fue la causa a la cual le dedicó su vida entera. Para el análisis científico de las contradicciones sociales se armó del método marxista, que estudia el comportamiento de la sociedad capitalista y sus clases sociales. Gracias a esta teoría general logró desarrollar una comprensión de Panamá y sus conflictos políticos.
Sin embargo, Ricord no sólo era un hombre de escritorio dedicado al estudio. Mientras realizaba sus trabajos, formaba parte de los diferentes grupos que luchaban por transformar a Panamá y convertirlo en una república democrática, donde todos los panameños tuvieran oportunidades para ser productivos y, sobre todo, ofrecerle a la juventud los instrumentos para superarse. Sin duda, entre sus primeros esfuerzos en la FEP hasta llegar al final del camino en el FPS, Ricord contribuyó con éxito a esos objetivos. Los altos y bajos que marcan toda trayectoria no estuvieron ausentes de la biografía de Ricord. La Asamblea Constituyente de 1946, la evacuación de las bases militares norteamericanas y la eliminación de la colonia zoneita son logros de esa generación que encabezó hombres como Ricord.
Ricord siguió muy preocupado por la corrupción política y, además, por el manejo del Canal de Panamá. En este último caso le dedicó gran parte de sus últimos años de vida a estudiar como las clases dominantes panameñas se habían apoderado de la vía acuática. El objetivo original de la recuperación del Canal, que debe servirle como instrumento al pueblo panameño en la construcción de su proyecto nacional, ha sido desviado. El FPS se ha comprometido a seguir trabajando en el camino trazado por Humberto Ricord, el militante político.
Panamá, 11 de noviembre de 2010.
El FPS le rendirá homenaje al jurista, historiador y militante Humberto Ricord el martes, 16 de diciembre de 2010, en el Salón de Profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, a las 6 p.m. Recientemente se cumplió un año de su fallecimiento en la capital. En el acto harán uso de la palabra la abogada y especialista en derecho social, Anayansi Turner, catedrática universitaria. Igualmente, hablará el profesor Virgilio Araúz, quien abordará al Ricord historiador. Finalmente, este servidor analizará los aportes de Ricord a la vida política panameña. Al final del acto, se ha abierto un período para que todos los interesados puedan dejar sentado su testimonio en torno a la vida del maestro del derecho.
Entre las obras de mayor impacto de Ricord, se destaca su trabajo sobre los “Clanes de la oligarquía panameña” publicado en la década de 1950 bajo la firma de Anónimo. En aquella época se vivía una violenta represión contra todas las ideas progresistas y, especialmente, todo lo que fuera cercano al socialismo. La guerra fría y el “maccartismo” estaban a la orden del día. El folleto circuló en cuatro partes de mano en mano. El enfoque de Ricord fue original en la medida en que realizaba por primera vez un análisis de las clases sociales panameñas. Enfocó la clase en el poder económico y político, y la descompuso según sus intereses y formas de acumular riquezas.
Ricord también escribió importantes obras de historia, desentrañando la gesta del 3 de noviembre así como la vida y muerte de Victoriano Lorenzo. Su obra sobre la Guerra de los Mil Días (1899-1902) es considerada la mejor aproximación a ese conflicto que causó tanta destrucción y dolor en el istmo panameño. Sin entender las causas de esa movilización popular, no se puede entrar a conocer los motivos de la separación de Panamá de Colombia, el pacto con EEUU y las luchas de casi un siglo por recuperar la soberanía por parte de los panameños.
Sin duda, este último problema era el que motivaba más a Ricord. ¿Cómo recuperar la soberanía y darle al pueblo panameño la dignidad que se merecía? Esta fue la causa a la cual le dedicó su vida entera. Para el análisis científico de las contradicciones sociales se armó del método marxista, que estudia el comportamiento de la sociedad capitalista y sus clases sociales. Gracias a esta teoría general logró desarrollar una comprensión de Panamá y sus conflictos políticos.
Sin embargo, Ricord no sólo era un hombre de escritorio dedicado al estudio. Mientras realizaba sus trabajos, formaba parte de los diferentes grupos que luchaban por transformar a Panamá y convertirlo en una república democrática, donde todos los panameños tuvieran oportunidades para ser productivos y, sobre todo, ofrecerle a la juventud los instrumentos para superarse. Sin duda, entre sus primeros esfuerzos en la FEP hasta llegar al final del camino en el FPS, Ricord contribuyó con éxito a esos objetivos. Los altos y bajos que marcan toda trayectoria no estuvieron ausentes de la biografía de Ricord. La Asamblea Constituyente de 1946, la evacuación de las bases militares norteamericanas y la eliminación de la colonia zoneita son logros de esa generación que encabezó hombres como Ricord.
Ricord siguió muy preocupado por la corrupción política y, además, por el manejo del Canal de Panamá. En este último caso le dedicó gran parte de sus últimos años de vida a estudiar como las clases dominantes panameñas se habían apoderado de la vía acuática. El objetivo original de la recuperación del Canal, que debe servirle como instrumento al pueblo panameño en la construcción de su proyecto nacional, ha sido desviado. El FPS se ha comprometido a seguir trabajando en el camino trazado por Humberto Ricord, el militante político.
Panamá, 11 de noviembre de 2010.
sábado, 6 de noviembre de 2010
J. Renán Esquivel: Salud igual para todos
José Renán Esquivel, el médico panameño que revolucionó la salud en Panamá, falleció en la madrugada del 2 de noviembre de 2010. El doctor Esquivel irrumpió en los ámbitos de la salud pública panameña a una edad muy joven, en la década de 1950, cuando fue seleccionado para dirigir el Hospital del Niño.
La metodología de Esquivel asombró a muchos e, incluso, fue rechazada por sectores políticos importantes del país. Por un lado, proyectó el presupuesto hospitalario (médicos, paramédicos, equipo y recursos) a las comunidades de la ciudad de Panamá y al resto del país. Por el otro, abrió las puertas del hospital para que entrara la comunidad – padres de familia, vecinos y amigos – al centro de salud. La recuperación del enfermo es mucho más rápido y eficaz cuando lo acompaña un ser querido.
Su planteamiento central era que el médico y el equipo de salud no debería reducir su trabajo al tratamiento de la enfermedad. Al contrario, debería hacer énfasis en la producción de salud en las comunidades y a prevenir la enfermedad. El concepto de producción de salud era revolucionario ya que reconocía que el bienestar de la población es el resultado del trabajo de la misma gente.
En el campo el equipo de la salud tenía que trabajar con el agricultor produciendo más y asegurando que las nuevas generaciones asistieran a la escuela. Si el agricultor no tenía tierra (o muy poca) era candidato a la enfermedad. Si el niño no iba a la escuela, sus probabilidades de ser una persona saludable eran ínfimas. En la ciudad, la familia y su comunidad eran los únicos que podían asegurar la salud para la población. Promovió el concepto de Comité de Salud para darle vida a la comunidad que luchaba para producir bienestar.
En 1969, el gobierno militar viendo su trabajo en la creciente y populosa barriada nueva de San Miguelito – donde creó una sucursal del Hospital del Niño – lo llamó para integrarlo al gabinete. Puso dos condiciones. En primer lugar, el sería el ministro de Salud (aún no existía esa cartera) con libertad de acción para desarrollar sus ideas en todo el país. Segundo, el presupuesto de Salud tendría que multiplicarse para cumplir con las demandas de su gente.
Poco después se firmó la ley del Ministerio de Salud, se creó una ley para darle vida a los Comités de Salud y se comenzó a revolucionar el país. Esquivel volvió a sorprender a todos los políticos y especialistas del país. En los consejos de Gabinete regañaba al general Torrijos, retaba al presidente Lakas, cuestionaba las nociones de Ardito Barletta y, generalmente, quedaba en minoría frente a los demás miembros del gobierno.
Las reuniones con los médicos eran sesiones pedagógicas donde martillaba sobre las nociones de salud comunitaria. Poco después de ser nombrado ministro, dio la orden de que todos los médicos tenían que salir a trabajar a las comunidades. El país fue “sectorizado” para que las condiciones y problemas de salud se estudiaran con detalle. Como consecuencia, Esquivel se adentró en lo que más le interesaba. Fue a trabajar con la gente, en las comunidades del país, a la cabeza de su equipo de salud.
El ministro de Salud les enseñaba a sembrar jardines, a cuidar vacas, a construir puentes, a leer y escribir y a pelear por sus derechos. Algunos médicos y muchos políticos lo acusaban de, supuestamente, abandonar sus responsabilidades en el campo de la salud. Sin embargo, no entendían que un pueblo que no es dueño de su país jamás gozará de salud.
Esquivel organizaba un promedio de dos seminarios a la semana con los comités de salud en los barrios de las ciudades, en los campos y en las comarcas indígenas. Sembró comités en El Chorrillo, en las laderas del Canajagua y en Llano Ñopo. Los médicos, enfermeras y equipo de salud comenzaron a entender el significado de la metodología de Esquivel cuando vieron sus resultados. Comunidades enteras trabajando hombro con hombro – con los salubristas entre medio – produciendo salud. Las tasas de mortalidad y morbilidad bajaron rápidamente. Los “expertos” de EEUU y otros países visitaban Panamá para conocer la nueva política de “Salud Igual para Todos”.
Las políticas neoliberales derrotaron a Esquivel y sus equipos de salud. Los médicos regresaron a los hospitales y los recursos que promovían la producción de salud en las comunidades se acabaron.
Después de la invasión militar norteamericana de 1989, los gobiernos de turno sepultaron el legado de Esquivel. Sin embargo, la semilla que sembró Esquivel en las comunidades panameñas está lista para germinar en el pueblo panameño que tanto amó.
Panamá, 4 de noviembre de 2010.
La metodología de Esquivel asombró a muchos e, incluso, fue rechazada por sectores políticos importantes del país. Por un lado, proyectó el presupuesto hospitalario (médicos, paramédicos, equipo y recursos) a las comunidades de la ciudad de Panamá y al resto del país. Por el otro, abrió las puertas del hospital para que entrara la comunidad – padres de familia, vecinos y amigos – al centro de salud. La recuperación del enfermo es mucho más rápido y eficaz cuando lo acompaña un ser querido.
Su planteamiento central era que el médico y el equipo de salud no debería reducir su trabajo al tratamiento de la enfermedad. Al contrario, debería hacer énfasis en la producción de salud en las comunidades y a prevenir la enfermedad. El concepto de producción de salud era revolucionario ya que reconocía que el bienestar de la población es el resultado del trabajo de la misma gente.
En el campo el equipo de la salud tenía que trabajar con el agricultor produciendo más y asegurando que las nuevas generaciones asistieran a la escuela. Si el agricultor no tenía tierra (o muy poca) era candidato a la enfermedad. Si el niño no iba a la escuela, sus probabilidades de ser una persona saludable eran ínfimas. En la ciudad, la familia y su comunidad eran los únicos que podían asegurar la salud para la población. Promovió el concepto de Comité de Salud para darle vida a la comunidad que luchaba para producir bienestar.
En 1969, el gobierno militar viendo su trabajo en la creciente y populosa barriada nueva de San Miguelito – donde creó una sucursal del Hospital del Niño – lo llamó para integrarlo al gabinete. Puso dos condiciones. En primer lugar, el sería el ministro de Salud (aún no existía esa cartera) con libertad de acción para desarrollar sus ideas en todo el país. Segundo, el presupuesto de Salud tendría que multiplicarse para cumplir con las demandas de su gente.
Poco después se firmó la ley del Ministerio de Salud, se creó una ley para darle vida a los Comités de Salud y se comenzó a revolucionar el país. Esquivel volvió a sorprender a todos los políticos y especialistas del país. En los consejos de Gabinete regañaba al general Torrijos, retaba al presidente Lakas, cuestionaba las nociones de Ardito Barletta y, generalmente, quedaba en minoría frente a los demás miembros del gobierno.
Las reuniones con los médicos eran sesiones pedagógicas donde martillaba sobre las nociones de salud comunitaria. Poco después de ser nombrado ministro, dio la orden de que todos los médicos tenían que salir a trabajar a las comunidades. El país fue “sectorizado” para que las condiciones y problemas de salud se estudiaran con detalle. Como consecuencia, Esquivel se adentró en lo que más le interesaba. Fue a trabajar con la gente, en las comunidades del país, a la cabeza de su equipo de salud.
El ministro de Salud les enseñaba a sembrar jardines, a cuidar vacas, a construir puentes, a leer y escribir y a pelear por sus derechos. Algunos médicos y muchos políticos lo acusaban de, supuestamente, abandonar sus responsabilidades en el campo de la salud. Sin embargo, no entendían que un pueblo que no es dueño de su país jamás gozará de salud.
Esquivel organizaba un promedio de dos seminarios a la semana con los comités de salud en los barrios de las ciudades, en los campos y en las comarcas indígenas. Sembró comités en El Chorrillo, en las laderas del Canajagua y en Llano Ñopo. Los médicos, enfermeras y equipo de salud comenzaron a entender el significado de la metodología de Esquivel cuando vieron sus resultados. Comunidades enteras trabajando hombro con hombro – con los salubristas entre medio – produciendo salud. Las tasas de mortalidad y morbilidad bajaron rápidamente. Los “expertos” de EEUU y otros países visitaban Panamá para conocer la nueva política de “Salud Igual para Todos”.
Las políticas neoliberales derrotaron a Esquivel y sus equipos de salud. Los médicos regresaron a los hospitales y los recursos que promovían la producción de salud en las comunidades se acabaron.
Después de la invasión militar norteamericana de 1989, los gobiernos de turno sepultaron el legado de Esquivel. Sin embargo, la semilla que sembró Esquivel en las comunidades panameñas está lista para germinar en el pueblo panameño que tanto amó.
Panamá, 4 de noviembre de 2010.
sábado, 30 de octubre de 2010
Vivan los mineros chilenos
En Panamá conocemos a Chile, en gran parte, por su cordillera, su vino y por el cobre que cruza el Canal con destino a los mercados de norte América y Europa. En la actualidad, ese metal precioso chileno se dirige más hacia las usinas chinas. La saga de los 33 mineros chilenos enterrados en un socavón durante tres meses capturó la imaginación y la solidaridad de todos los trabajadores del mundo, especialmente en Panamá. Su rescate fue recibido con alegría espontánea por todo el mundo.
Los trabajadores del mundo celebraron el heroísmo de los mineros, la voluntad de los chilenos por salvar a sus hijos atrapados y la moderna tecnología utilizada para hacer posible enorme empeño. Al mismo tiempo, sin embargo, los mineros chilenos han planteado muy claramente que lo ocurrido pudo haber sido evitado. La tragedia fue provocada por dos causas: En primer lugar, el desgreño de los empresarios quienes sólo tienen interés en extraer más minerales de la tierra sin importar el costo humano. En segundo lugar, el gobierno de ese país que nunca modernizó su legislación para elevar al más alto nivel de seguridad las condiciones de trabajo en las minas chilenas.
En reciente escrito, Francisco Herreros plantea que el mundo “ignora que el mismo día del rescate, los otros 328 trabajadores de la mina San José (en Copiapó) fueron despedidos sin indemnización por causal de quiebra”.
También desconoce “que en 2009 se registraron más de 191 mil accidentes laborales en el país, con 443 muertos. Además, en el primer trimestre de 2010, fallecieron 155 trabajadores. Los accidentes mineros dejaron 373 muertos en Chile en la última década, y 31 en 2010. Mientras el rescate alcanzaba el clímax, fallecieran víctimas de accidentes otros dos mineros, en Petorca y la Ligua”.
La situación chilena se parece a Panamá, así como Colombia, Brasil y México donde los accidentes mineros son usuales sin que los gobiernos pongan orden en el desgreño de los empresarios. Al igual que en los demás países latinoamericanos, la explotación minera favorece a inversionistas extranjeros. En el caso de Chile, el cobre es la entrada fiscal más importante. Sólo la empresa estatal CODELCO aportó en las últimas tres décadas 70 mil millones de dólares al fisco. (Guardando proporciones es el Canal de Panamá para la economía chilena).
Al mismo tiempo, el sector privado de la minería chilena que representa más de la mitad de las explotaciones sólo aportó 9 mil millones en los últimos 5 años. Pero, transfirió a sus filiales en el extranjero otros 90 mil millones de dólares en ganancias.
Según Herreros, el meollo del asunto no estriba en unos dólares más. “En materia de seguridad del trabajo en las minas, bastaría que el gobierno chileno envíe al Congreso un proyecto de ley que ratifique el Convenio 176 de la OIT, sobre Seguridad y Salud en las Minas. Pero no lo hará, ya que dicho convenio permite que los trabajadores paralicen las faenas que no consideren seguras, sin ser despedidos. Tampoco enviará proyectos que ratifiquen el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, la Recomendación 164 y el Convenio 187”.
Al igual que en el resto de la región, esta situación de inseguridad laboral no le permite a Chile salir de su situación de subdesarrollo. La sobre explotación de sus trabajadores no les permite integrarse al mercado de consumo e impulsar un crecimiento interno del país.
Pero los trabajadores chilenos enfrentan otro reto quizás aún más difícil. El gobierno chileno aprovechando “el viento de cola” provocado por el drama de los mineros de Copiapó, anunció su intención de introducir reformas a la legislación laboral. Según Herreros, el presidente “Piñera intentará meter de contrabando la “modernización del mercado laboral” que obsesiona desde hace años a la derecha y el empresariado, con medidas tales como “la consagración legal de la flexibilidad laboral, eliminando la indemnización por años de servicio y debilitando el movimiento sindical rebajando a cinco el número mínimo de trabajadores para constituir un sindicato”.
El pueblo chileno acaba de rescatar a sus 33 mineros de una muerte segura, gracias a su fuerza y determinación. El mundo celebra. Igualmente, hay que destacar la disciplina y fe inquebrantable de los 33 mineros que no se rindieron. Sin duda, los trabajadores mineros y su historia combativa reflejan la organización del pueblo chileno. En muchas oportunidades ha levantado proyectos para sacar el país de la pobreza. Una y otra vez ha sido reprimido. Herreros concluye que lo único que puede darle esperanza a Chile “es la recomposición de un fuerte movimiento popular, con vocación de poder”.
Panamá, 28 de octubre de 2010.
Los trabajadores del mundo celebraron el heroísmo de los mineros, la voluntad de los chilenos por salvar a sus hijos atrapados y la moderna tecnología utilizada para hacer posible enorme empeño. Al mismo tiempo, sin embargo, los mineros chilenos han planteado muy claramente que lo ocurrido pudo haber sido evitado. La tragedia fue provocada por dos causas: En primer lugar, el desgreño de los empresarios quienes sólo tienen interés en extraer más minerales de la tierra sin importar el costo humano. En segundo lugar, el gobierno de ese país que nunca modernizó su legislación para elevar al más alto nivel de seguridad las condiciones de trabajo en las minas chilenas.
En reciente escrito, Francisco Herreros plantea que el mundo “ignora que el mismo día del rescate, los otros 328 trabajadores de la mina San José (en Copiapó) fueron despedidos sin indemnización por causal de quiebra”.
También desconoce “que en 2009 se registraron más de 191 mil accidentes laborales en el país, con 443 muertos. Además, en el primer trimestre de 2010, fallecieron 155 trabajadores. Los accidentes mineros dejaron 373 muertos en Chile en la última década, y 31 en 2010. Mientras el rescate alcanzaba el clímax, fallecieran víctimas de accidentes otros dos mineros, en Petorca y la Ligua”.
La situación chilena se parece a Panamá, así como Colombia, Brasil y México donde los accidentes mineros son usuales sin que los gobiernos pongan orden en el desgreño de los empresarios. Al igual que en los demás países latinoamericanos, la explotación minera favorece a inversionistas extranjeros. En el caso de Chile, el cobre es la entrada fiscal más importante. Sólo la empresa estatal CODELCO aportó en las últimas tres décadas 70 mil millones de dólares al fisco. (Guardando proporciones es el Canal de Panamá para la economía chilena).
Al mismo tiempo, el sector privado de la minería chilena que representa más de la mitad de las explotaciones sólo aportó 9 mil millones en los últimos 5 años. Pero, transfirió a sus filiales en el extranjero otros 90 mil millones de dólares en ganancias.
Según Herreros, el meollo del asunto no estriba en unos dólares más. “En materia de seguridad del trabajo en las minas, bastaría que el gobierno chileno envíe al Congreso un proyecto de ley que ratifique el Convenio 176 de la OIT, sobre Seguridad y Salud en las Minas. Pero no lo hará, ya que dicho convenio permite que los trabajadores paralicen las faenas que no consideren seguras, sin ser despedidos. Tampoco enviará proyectos que ratifiquen el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, la Recomendación 164 y el Convenio 187”.
Al igual que en el resto de la región, esta situación de inseguridad laboral no le permite a Chile salir de su situación de subdesarrollo. La sobre explotación de sus trabajadores no les permite integrarse al mercado de consumo e impulsar un crecimiento interno del país.
Pero los trabajadores chilenos enfrentan otro reto quizás aún más difícil. El gobierno chileno aprovechando “el viento de cola” provocado por el drama de los mineros de Copiapó, anunció su intención de introducir reformas a la legislación laboral. Según Herreros, el presidente “Piñera intentará meter de contrabando la “modernización del mercado laboral” que obsesiona desde hace años a la derecha y el empresariado, con medidas tales como “la consagración legal de la flexibilidad laboral, eliminando la indemnización por años de servicio y debilitando el movimiento sindical rebajando a cinco el número mínimo de trabajadores para constituir un sindicato”.
El pueblo chileno acaba de rescatar a sus 33 mineros de una muerte segura, gracias a su fuerza y determinación. El mundo celebra. Igualmente, hay que destacar la disciplina y fe inquebrantable de los 33 mineros que no se rindieron. Sin duda, los trabajadores mineros y su historia combativa reflejan la organización del pueblo chileno. En muchas oportunidades ha levantado proyectos para sacar el país de la pobreza. Una y otra vez ha sido reprimido. Herreros concluye que lo único que puede darle esperanza a Chile “es la recomposición de un fuerte movimiento popular, con vocación de poder”.
Panamá, 28 de octubre de 2010.
jueves, 21 de octubre de 2010
Trabajadores recuperan el derecho a la huelga
El enfrentamiento en la mesa del diálogo entre capital y trabajo arrojó un triunfo parcial para los trabajadores. Sin embargo, no hay que olvidar los muertos y heridos que se sacrificaron hace tres meses en la batalla de Changuinola. Después de varias semanas, el gobierno nacional y los representantes de los patrones llegaron a un acuerdo con los trabajadores y otros sectores de la sociedad civil en la mesa del diálogo creada para revisar la Ley 30. Hay que esperar un tiempo para determinar si los logros en el diálogo representan algún cambio en la correlación de fuerzas.
La legislación, conocida con el nombre de “ley chorizo”, que acababa con los sindicatos del país, eliminaba los estudios de impacto ambiental y ponía por encima de la ley a los abusos policiales, fue aprobada en junio de 2010. Las protestas de los obreros fueron reprimidas especialmente en Changuinola, centro de producción bananera, donde la Policía Nacional reconoció haber muerto a dos obreros y herido a varios centenares.
La mayoría de los trabajadores de las bananeras en el área de Changuinola son de la etnia ngobe. El presidente Martinelli y su gabinete enviaron tropas militarizadas para reprimir las protestas. En encuestas recientes, el 85 por ciento de los panameños rechazaron las acciones de los ministros que encabezaron la represión.
Con relación a los acuerdos, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) señaló “que nunca podremos sentirnos plenamente satisfechos con los resultados obtenidos... (Pero) se ha logrado frenar los planes del gobierno dirigidos a liquidar a las organizaciones sindicales y conculcar importantes conquistas de los trabajadores. Se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30”.
Según FRENADESO, “el gobierno volvió a incumplir su palabra y en uno de los anteproyectos de ley, el que se refiere a la policía, eliminó un párrafo fundamental acordado en la mesa de diálogo, el que ordenaba la detención preventiva para los policías que cometieran actos delictivos en manifestaciones públicas. La Confederación Nacional de Sindicatos Independientes (CONUSI) no avaló este cambio que el gobierno impuso luego de concluida la labor de la mesa sobre la Ley 30”.
También dice que “los responsables de estos crímenes deben ir al banquillo de los acusados y los funcionarios responsables de la represión y de los insultos contra el pueblo, como el ministro José Raúl Mulino, el director de la Policía Gustavo Pérez, la ministra Alma Cortés y Didier Degracia, deben ser destituidos”.
El Partido Alternativa Popular (PAP) coincide en que el ministro “Mulino debe presentar de inmediato su renuncia si tuviera un mínimo de dignidad”. El PAP presentó su posición frente a los acuerdos planteando, por un lado, algunos resultados positivos y, por el otro, destacando los negativos.
“Lo positivo: La mesa de diálogo consagró lo que los trabajadores con la huelga general del 13 de julio pasado y el pueblo de Changuinola logró en las calles a costa de muertos, heridos, lisiados y centenas de detenidos, devolver a los sindicatos el derecho de cobrar sus cuotas, el derecho a huelga (aunque retaceado) y los estudios de impacto ambiental.
“Lo negativo: Se concentra sobre todo en materia de derechos humanos, pues el gobierno, desconociendo incluso lo acordado en la mesa de diálogo, reiteró la “Ley chorizo” impidiendo a los jueces separar del cargo y detener preventivamente a policías que hayan cometido flagrante abuso de autoridad en servicio. Además, se mantiene la vigencia de la “Ley carcelazo” (sanciones de hasta 2 años por cerrar una calle) cuya derogación fue uno de los objetivos de la lucha”.
Los heridos y las familias de las víctimas no recibirán ayuda. Además, “la mesa no desactivó las amenazas contra la libertad personal de la dirigencia popular porque se mantiene el expediente amañado de la Fiscalía Auxiliar contra todos ellos”.
En cuanto al derecho a huelga se conservó el derecho de la gerencia, su personal de confianza y los empleados de mantenimiento para entrar a las plantas afectadas por una huelga legal. Según el PAP, “esto es un retroceso respecto a los derechos que consagra el Código de Trabajo y una victoria de los empresarios”.
La mesa reconoció que durante una huelga se paraliza la producción en los planteles industriales. Sin embargo, no quedaron claros los derechos de los trabajadores en paro en el sector comercial.
Panamá, 21 de octubre de 2010.
La legislación, conocida con el nombre de “ley chorizo”, que acababa con los sindicatos del país, eliminaba los estudios de impacto ambiental y ponía por encima de la ley a los abusos policiales, fue aprobada en junio de 2010. Las protestas de los obreros fueron reprimidas especialmente en Changuinola, centro de producción bananera, donde la Policía Nacional reconoció haber muerto a dos obreros y herido a varios centenares.
La mayoría de los trabajadores de las bananeras en el área de Changuinola son de la etnia ngobe. El presidente Martinelli y su gabinete enviaron tropas militarizadas para reprimir las protestas. En encuestas recientes, el 85 por ciento de los panameños rechazaron las acciones de los ministros que encabezaron la represión.
Con relación a los acuerdos, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) señaló “que nunca podremos sentirnos plenamente satisfechos con los resultados obtenidos... (Pero) se ha logrado frenar los planes del gobierno dirigidos a liquidar a las organizaciones sindicales y conculcar importantes conquistas de los trabajadores. Se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30”.
Según FRENADESO, “el gobierno volvió a incumplir su palabra y en uno de los anteproyectos de ley, el que se refiere a la policía, eliminó un párrafo fundamental acordado en la mesa de diálogo, el que ordenaba la detención preventiva para los policías que cometieran actos delictivos en manifestaciones públicas. La Confederación Nacional de Sindicatos Independientes (CONUSI) no avaló este cambio que el gobierno impuso luego de concluida la labor de la mesa sobre la Ley 30”.
También dice que “los responsables de estos crímenes deben ir al banquillo de los acusados y los funcionarios responsables de la represión y de los insultos contra el pueblo, como el ministro José Raúl Mulino, el director de la Policía Gustavo Pérez, la ministra Alma Cortés y Didier Degracia, deben ser destituidos”.
El Partido Alternativa Popular (PAP) coincide en que el ministro “Mulino debe presentar de inmediato su renuncia si tuviera un mínimo de dignidad”. El PAP presentó su posición frente a los acuerdos planteando, por un lado, algunos resultados positivos y, por el otro, destacando los negativos.
“Lo positivo: La mesa de diálogo consagró lo que los trabajadores con la huelga general del 13 de julio pasado y el pueblo de Changuinola logró en las calles a costa de muertos, heridos, lisiados y centenas de detenidos, devolver a los sindicatos el derecho de cobrar sus cuotas, el derecho a huelga (aunque retaceado) y los estudios de impacto ambiental.
“Lo negativo: Se concentra sobre todo en materia de derechos humanos, pues el gobierno, desconociendo incluso lo acordado en la mesa de diálogo, reiteró la “Ley chorizo” impidiendo a los jueces separar del cargo y detener preventivamente a policías que hayan cometido flagrante abuso de autoridad en servicio. Además, se mantiene la vigencia de la “Ley carcelazo” (sanciones de hasta 2 años por cerrar una calle) cuya derogación fue uno de los objetivos de la lucha”.
Los heridos y las familias de las víctimas no recibirán ayuda. Además, “la mesa no desactivó las amenazas contra la libertad personal de la dirigencia popular porque se mantiene el expediente amañado de la Fiscalía Auxiliar contra todos ellos”.
En cuanto al derecho a huelga se conservó el derecho de la gerencia, su personal de confianza y los empleados de mantenimiento para entrar a las plantas afectadas por una huelga legal. Según el PAP, “esto es un retroceso respecto a los derechos que consagra el Código de Trabajo y una victoria de los empresarios”.
La mesa reconoció que durante una huelga se paraliza la producción en los planteles industriales. Sin embargo, no quedaron claros los derechos de los trabajadores en paro en el sector comercial.
Panamá, 21 de octubre de 2010.
viernes, 8 de octubre de 2010
Universidad y humanidades
La Universidad de Panamá nació en un día como hoy hace 75 años. Apareció en 1935, en una coyuntura extraordinaria para el desarrollo y consolidación de la nación panameña. Inserto en los procesos de expansión del mundo capitalista por varios siglos, resultado de su privilegiada posición geográfica, Panamá estaba a punto de iniciar una transformación radical de sus estructuras sociales.
Con motivo del aniversario, la Facultad de Humanidades acaba de publicar el libro “Las humanidades en la Universidad de Panamá”, de los profesores Carmen G. Córdoba y Marco A. Gandásegui. El libro recoge un conjunto de ensayos sobre un selecto grupo de hombres y mujeres que contribuyeron a la casa de estudios superiores y al desarrollo del país. Además, el volumen recoge varios artículos de los fundadores de la Universidad.
Según el libro, en 1935 “la República de Panamá fundada apenas tres décadas antes (1903) tenía que consolidar sus instituciones. Además, el país se preparaba para crear el mercado nacional con la construcción de carreteras, la modernización del sector agropecuario y el surgimiento de fábricas. La demanda de obreros productivos, técnicos de todos los niveles, profesionales y científicos para administrar el nuevo Estado panameño se percibía claramente en el horizonte”.
Como consecuencia, “la Universidad de Panamá fue convocada apenas creada para dar forma a ese ejército moderno de hombres y mujeres preparados para asumir las responsabilidades de hacer realidad el proyecto de nación anhelado por todos los panameños. El país apenas tenía una población de medio millón de habitantes pero su actividad económica era vibrante, en parte gracias a la ruta de transito y el Canal de Panamá. Las oportunidades eran múltiples pero sus posibilidades eran frenadas por la existencia de una estructura social dependiente y una escasez de hombres y mujeres con las herramientas intelectuales para construir el mundo nuevo anhelado”.
La Universidad de Panamá nació en medio de una lucha ideológica entre fuerzas liberales y conservadores. “Esta lucha entre lo viejo – decidido a no morir – y lo nuevo – que aún no se hacía realidad – remecía toda la estructura social panameña”. El crítico intelectual Roque J. Laurenza lo plantearía en 1933 en su famosa intervención sobre los poetas republicanos en el Instituto Nacional:
“La nueva generación quiere disparar la vida panameña hacia un nuevo horizonte, preñado de promesas, (pero la) tradición pesa sobre la conciencia nacional con su aparente suficiencia”.
La Universidad de Panamá sigue siendo – y lo será siempre - la expresión de ese nuevo mundo que se está construyendo. Refleja al país que se esfuerza por dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. Es la lucha entre las estructuras del pasado y las nuevas que apuntan hacia el futuro. Un futuro, sin embargo, no conocido, por construirse, lleno de esperanzas y con proyectos sociales definidos.
El libro recién publicado se refiere a los debates que han caracterizado a la Universidad de Panamá en 75 años de historia. “Los debates y los enfrentamientos ideológicos emergieron inmediatamente. Hombres y mujeres de la talla de Octavio Méndez Pereira, Jephta Duncan y Georgina Jiménez se lanzaron a la palestra. No se quedaron atrás Baltasar Isaza Calderón, Diego Domínguez Caballero y Otilia Arosemena de Tejeira.
Los debates entre conservadores y liberales, fueron rápidamente superados por las ideas reformistas de la siguiente generación de universitarios. Es el período en que emergen las organizaciones de las capas medias, los gremios de la clase obrera y una juventud combativa, dispuesta a reivindicar la Nación. “Si las generaciones de pensadores críticos llenaron los pasillos universitarios con sus ideas en sus primeros años, la nueva generación que la sucedió no perdió el paso y trajo intelectuales como Isaías García, Ricaurte Soler, Reina Torres de Araúz, César de León y Víctor Avila”. Todos estos docentes e investigadores, hombres públicos y forjadores de ideas tenían en común su compromiso universitario y su práctica diaria de compartir ideas con la juventud. En el plano ideológico, los humanistas universitarios se enfrentan en forma permanente apuntando en la dirección que consideran urgente para hacer realidad el proyecto de nación.
“Estas figuras – juntos con Rodrigo Miró, Ángel Rubio, Carlos M. Gasteazoro, Alfredo Castillero y tantos otros – tenían otro elemento en común. Eran profesores de la Facultad de Humanidades semillero del pensamiento más progresista de Panamá. Ser humanista era y es, por definición, ser progresista”. Nos legaron la tarea impostergable de construir un futuro nuevo y mejor - sin perder nuestra identidad - sobre el cual tenemos que avanzar sin prisa para llegar más rápido a nuestro destino como nación.
7 de octubre de 2010.
Con motivo del aniversario, la Facultad de Humanidades acaba de publicar el libro “Las humanidades en la Universidad de Panamá”, de los profesores Carmen G. Córdoba y Marco A. Gandásegui. El libro recoge un conjunto de ensayos sobre un selecto grupo de hombres y mujeres que contribuyeron a la casa de estudios superiores y al desarrollo del país. Además, el volumen recoge varios artículos de los fundadores de la Universidad.
Según el libro, en 1935 “la República de Panamá fundada apenas tres décadas antes (1903) tenía que consolidar sus instituciones. Además, el país se preparaba para crear el mercado nacional con la construcción de carreteras, la modernización del sector agropecuario y el surgimiento de fábricas. La demanda de obreros productivos, técnicos de todos los niveles, profesionales y científicos para administrar el nuevo Estado panameño se percibía claramente en el horizonte”.
Como consecuencia, “la Universidad de Panamá fue convocada apenas creada para dar forma a ese ejército moderno de hombres y mujeres preparados para asumir las responsabilidades de hacer realidad el proyecto de nación anhelado por todos los panameños. El país apenas tenía una población de medio millón de habitantes pero su actividad económica era vibrante, en parte gracias a la ruta de transito y el Canal de Panamá. Las oportunidades eran múltiples pero sus posibilidades eran frenadas por la existencia de una estructura social dependiente y una escasez de hombres y mujeres con las herramientas intelectuales para construir el mundo nuevo anhelado”.
La Universidad de Panamá nació en medio de una lucha ideológica entre fuerzas liberales y conservadores. “Esta lucha entre lo viejo – decidido a no morir – y lo nuevo – que aún no se hacía realidad – remecía toda la estructura social panameña”. El crítico intelectual Roque J. Laurenza lo plantearía en 1933 en su famosa intervención sobre los poetas republicanos en el Instituto Nacional:
“La nueva generación quiere disparar la vida panameña hacia un nuevo horizonte, preñado de promesas, (pero la) tradición pesa sobre la conciencia nacional con su aparente suficiencia”.
La Universidad de Panamá sigue siendo – y lo será siempre - la expresión de ese nuevo mundo que se está construyendo. Refleja al país que se esfuerza por dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. Es la lucha entre las estructuras del pasado y las nuevas que apuntan hacia el futuro. Un futuro, sin embargo, no conocido, por construirse, lleno de esperanzas y con proyectos sociales definidos.
El libro recién publicado se refiere a los debates que han caracterizado a la Universidad de Panamá en 75 años de historia. “Los debates y los enfrentamientos ideológicos emergieron inmediatamente. Hombres y mujeres de la talla de Octavio Méndez Pereira, Jephta Duncan y Georgina Jiménez se lanzaron a la palestra. No se quedaron atrás Baltasar Isaza Calderón, Diego Domínguez Caballero y Otilia Arosemena de Tejeira.
Los debates entre conservadores y liberales, fueron rápidamente superados por las ideas reformistas de la siguiente generación de universitarios. Es el período en que emergen las organizaciones de las capas medias, los gremios de la clase obrera y una juventud combativa, dispuesta a reivindicar la Nación. “Si las generaciones de pensadores críticos llenaron los pasillos universitarios con sus ideas en sus primeros años, la nueva generación que la sucedió no perdió el paso y trajo intelectuales como Isaías García, Ricaurte Soler, Reina Torres de Araúz, César de León y Víctor Avila”. Todos estos docentes e investigadores, hombres públicos y forjadores de ideas tenían en común su compromiso universitario y su práctica diaria de compartir ideas con la juventud. En el plano ideológico, los humanistas universitarios se enfrentan en forma permanente apuntando en la dirección que consideran urgente para hacer realidad el proyecto de nación.
“Estas figuras – juntos con Rodrigo Miró, Ángel Rubio, Carlos M. Gasteazoro, Alfredo Castillero y tantos otros – tenían otro elemento en común. Eran profesores de la Facultad de Humanidades semillero del pensamiento más progresista de Panamá. Ser humanista era y es, por definición, ser progresista”. Nos legaron la tarea impostergable de construir un futuro nuevo y mejor - sin perder nuestra identidad - sobre el cual tenemos que avanzar sin prisa para llegar más rápido a nuestro destino como nación.
7 de octubre de 2010.
jueves, 30 de septiembre de 2010
“El escudo citadino” propuesto por Seguridad
Según el “Plan Nacional de Seguridad”, dado a conocer por el gobierno, la sociedad panameña se enfrenta a cuatro amenazas. Se destacan el narcotráfico, el crimen violento, la corrupción y el pandillersimo. Para efectos de análisis, los cuatro factores se pueden separar. Sin embargo, las cuatro “amenazas” son los brazos de un mismo flagelo. Los pandilleros son los brazos armados del narcotráfico, que alimenta la corrupción que sobrevive gracias al crimen violento.
Para enfrentar este flagelo el plan gubernamental propone desarrollar dos ejes de acción. Por un lado, la “acción preventiva del delito” y, por el otro, las “acciones correctivas de criminalidad”. Las acciones “preventivas” se refieren a tres aspectos: En primer lugar, la coordinación de las agencias del Estado. Segundo, el llamado “programa de barrio seguro”: Mejor iluminación, “remover” cercas y recuperar los espacios públicos. Por último, duplicar el número de policías “en la calle”. Lo terrible de este plan es que ninguna de las tres “acciones” tiene relación alguna con la prevención del crimen. El plan contra el crimen que promueve el gobierno no intenta identificar las causas del crimen en Panamá. La ciudadanía es testigo del fracaso de la lucha contra el crimen.
Por ejemplo, la corrupción existente actualmente no permite que las agencias del Estado coordinen. Más bien compiten entre sí. El ejemplo del “barrio seguro” es factible si las familias que viven en las comunidades son estables, los jefes tienen empleo y los niños están en las escuelas. El número de policías está relacionado con el número de personas peligrosas. Con el paso de cada día el agente de policía se está convirtiendo en el “enemigo” e, igualmente, el policía ve a los miembros de la comunidad como sus enemigos.
Las acciones preventivas, tal como están concebidas, no conducen a objetivo alguno. Todas están destinadas al fracaso. Se olvidan del actor principal y el escenario donde se desarrolla este drama de la vida real. Para acabar con el crimen, hay que tener jefes de familia con un empleo estable, capaces de conservar la solidez del hogar. Además, es el conjunto de familias que comparten un espacio cultural, que forma la comunidad con sus instituciones de educación y de recreación, que excluyen al crimen organizado y la corrupción.
Si las “acciones preventivas del delito” propuestas están fuera de lugar, las “acciones correctivas de la criminalidad” son un peligro abierto para la sociedad panameña. Entre las “acciones correctivas” el gobierno coloca en primer lugar la “instalación de 11 estaciones aeronavales”. Las estaciones o bases militares tienen como fin supuesto, interrumpir el flujo del tráfico de drogas entre Colombia y EEUU. Para cualquier persona con capacidad de raciocinio es obvio que estas estaciones no sirven en absoluto para detener a los narcotraficantes.
La razón de ser de las “estaciones” es para militarizar a la Policía Nacional de Panamá y someterla a una vigilancia más estricta por parte de EEUU. La “seguridad pública” panameña está siendo cada vez más centralizada en pocas manos que responden directamente a los estamentos norteamericanos.
En segundo lugar, las “acciones correctivas” incluyen la creación de “un escudo citadino, con retenes alrededor de (las ciudades de) Panamá, Colón y (la provincia de) Chiriquí”. La idea es tan asombrosa que es probable que la quieran hacer realidad. En la edad media, las ciudades vivían amuralladas. En la conquista europea del “lejano oeste” los fuertes se construían en el medio del territorio enemigo. Ahora el Estado de Israel lo hace en los territorios ocupados de Palestina. La ciudad colonial de Panamá construyó sus murallas para separar a su población europea del “arrabal”.
“El escudo citadino” mencionado se complementaría con la creación de un “Centro de Análisis de Información”. Este gigantesco G-2, según el documento, “tendrá como objetivo centralizar y analizar la información procedente de los estamentos de seguridad, que serán utilizadas estratégicamente para la planificación operativa”. Los panameños podríamos proclamarle al mundo que somos el primer país “democrático” que se somete a sí mismo a un sistema de control policíaco total. (Israel se lo hace a Palestina, Alemania se lo hizo a sus enemigos durante la II Guerra Mundial y Pinochet lo aplicó al pueblo chileno).
¿Son estas ideas del presidente Martinelli, del director de la Policía, Gustavo Pérez, ambos productos de academias militares norteamericanas? ¿Podrían ser ideas del ministro de Seguridad, Raúl Mulino, o del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimtriu, ambos sin entrenamiento militar? No creemos. Los cuatro se encuentran maravillados con estas nociones de guerra, aviones y tanques, sin darse cuenta de que han convertido en su enemigo al pueblo panameño, los hijos de sus vecinos y probablemente los nietos que contraerán nupcias con sus propias nietas.
Panamá, 30 de septiembre de 2010
Para enfrentar este flagelo el plan gubernamental propone desarrollar dos ejes de acción. Por un lado, la “acción preventiva del delito” y, por el otro, las “acciones correctivas de criminalidad”. Las acciones “preventivas” se refieren a tres aspectos: En primer lugar, la coordinación de las agencias del Estado. Segundo, el llamado “programa de barrio seguro”: Mejor iluminación, “remover” cercas y recuperar los espacios públicos. Por último, duplicar el número de policías “en la calle”. Lo terrible de este plan es que ninguna de las tres “acciones” tiene relación alguna con la prevención del crimen. El plan contra el crimen que promueve el gobierno no intenta identificar las causas del crimen en Panamá. La ciudadanía es testigo del fracaso de la lucha contra el crimen.
Por ejemplo, la corrupción existente actualmente no permite que las agencias del Estado coordinen. Más bien compiten entre sí. El ejemplo del “barrio seguro” es factible si las familias que viven en las comunidades son estables, los jefes tienen empleo y los niños están en las escuelas. El número de policías está relacionado con el número de personas peligrosas. Con el paso de cada día el agente de policía se está convirtiendo en el “enemigo” e, igualmente, el policía ve a los miembros de la comunidad como sus enemigos.
Las acciones preventivas, tal como están concebidas, no conducen a objetivo alguno. Todas están destinadas al fracaso. Se olvidan del actor principal y el escenario donde se desarrolla este drama de la vida real. Para acabar con el crimen, hay que tener jefes de familia con un empleo estable, capaces de conservar la solidez del hogar. Además, es el conjunto de familias que comparten un espacio cultural, que forma la comunidad con sus instituciones de educación y de recreación, que excluyen al crimen organizado y la corrupción.
Si las “acciones preventivas del delito” propuestas están fuera de lugar, las “acciones correctivas de la criminalidad” son un peligro abierto para la sociedad panameña. Entre las “acciones correctivas” el gobierno coloca en primer lugar la “instalación de 11 estaciones aeronavales”. Las estaciones o bases militares tienen como fin supuesto, interrumpir el flujo del tráfico de drogas entre Colombia y EEUU. Para cualquier persona con capacidad de raciocinio es obvio que estas estaciones no sirven en absoluto para detener a los narcotraficantes.
La razón de ser de las “estaciones” es para militarizar a la Policía Nacional de Panamá y someterla a una vigilancia más estricta por parte de EEUU. La “seguridad pública” panameña está siendo cada vez más centralizada en pocas manos que responden directamente a los estamentos norteamericanos.
En segundo lugar, las “acciones correctivas” incluyen la creación de “un escudo citadino, con retenes alrededor de (las ciudades de) Panamá, Colón y (la provincia de) Chiriquí”. La idea es tan asombrosa que es probable que la quieran hacer realidad. En la edad media, las ciudades vivían amuralladas. En la conquista europea del “lejano oeste” los fuertes se construían en el medio del territorio enemigo. Ahora el Estado de Israel lo hace en los territorios ocupados de Palestina. La ciudad colonial de Panamá construyó sus murallas para separar a su población europea del “arrabal”.
“El escudo citadino” mencionado se complementaría con la creación de un “Centro de Análisis de Información”. Este gigantesco G-2, según el documento, “tendrá como objetivo centralizar y analizar la información procedente de los estamentos de seguridad, que serán utilizadas estratégicamente para la planificación operativa”. Los panameños podríamos proclamarle al mundo que somos el primer país “democrático” que se somete a sí mismo a un sistema de control policíaco total. (Israel se lo hace a Palestina, Alemania se lo hizo a sus enemigos durante la II Guerra Mundial y Pinochet lo aplicó al pueblo chileno).
¿Son estas ideas del presidente Martinelli, del director de la Policía, Gustavo Pérez, ambos productos de academias militares norteamericanas? ¿Podrían ser ideas del ministro de Seguridad, Raúl Mulino, o del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimtriu, ambos sin entrenamiento militar? No creemos. Los cuatro se encuentran maravillados con estas nociones de guerra, aviones y tanques, sin darse cuenta de que han convertido en su enemigo al pueblo panameño, los hijos de sus vecinos y probablemente los nietos que contraerán nupcias con sus propias nietas.
Panamá, 30 de septiembre de 2010
jueves, 23 de septiembre de 2010
Políticas equivocadas y crimen organizado
La semana pasada nos referimos a la violencia y el avance del crimen organizado en la región. Sostuvimos que Panamá se encuentra en el mismo camino, ya trazado por los países vecinos, debido a las políticas desastrosas que ejecutan los gobiernos de turno, muy especialmente el actual presidido por Ricardo Martinelli. Tanto las políticas sociales (flexibilización del trabajo) como la política exterior (someterse a la militarización impuesta por EEUU) son señales de futuros problemas que los panameños tendremos que pagar a precios muy elevados.
El diario O Globo de la ciudad de Sao Paulo, metrópoli de Brasil con 20 millones de habitantes, entrevistó a un capo pandillero encerrado por varios delitos y quien desde la cárcel revela las operaciones que realiza en combinación con el crimen organizado y la clase política de su país. El entrevistado se llama Marcos Camacho, mejor conocido como Marcola. Dirige detrás de las barras una pandilla ligada al crimen organizado conocida con el nombre de “Primer Comando de la Capital” (PCC).
Marcola refleja la crisis del sistema político y su relación con el crimen organizado y el tráfico de drogas. Según Marcola, “yo era pobre e invisible. Sólo éramos noticia cuando una favela desaparecía debajo de un derrumbe en los cerros o en la música romántica sobre "la belleza de esas montañas al amanecer". ¿Qué hicieron los políticos? Nada. El gobierno federal nunca aprobó presupuesto para nosotros”.
Marcola dice que “ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. No hay solución. La propia idea de "solución" ya es un error”.
O Globo pregunta: ¿Usted no tiene miedo de morir? Marcola contesta: “Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. En la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo ordenar que los maten allá afuera. Nosotros somos hombres-bombas. En las favelas hay cien mil hombres-bombas. La muerte para ustedes es un drama. La muerte para nosotros es algo cotidiano, tirados en una fosa común”.
“No hay más proletarios o infelices o explotados”, señala Marcola. “Hay una tercera cosa creciendo, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió una especie de post miseria que genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet y armas modernas”.
O Globo pregunta: ¿Qué cambió en las favelas? Marcola contesta: Mangos (dólares). ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares como Beira Mar (empresario brasileño) no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un despacho… ¿Qué policía va a quemar esa mina de oro? Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y "colocado en el micro-ondas".
Desde su silla tras las barras, Marcola le dice al periodista: “Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes se mueren de miedo. Ustedes nos transformaron en super stars del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las favelas, por miedo o por amor. Ustedes son odiados.
O Globo pregunta: ¿Pero, qué debemos hacer? Marcola contesta: “Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mis intereses. ¡Agarren a "los barones, narcotraficantes del polvo" (cocaína)! Hay diputados, senadores, empresarios y ex presidentes metidos en el tráfico de la cocaína y de las armas. ¿Pero, quién puede meterles mano? ¿El Ejército? Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Para acabar con nosotros necesitan estallar una bomba atómica en las favelas. ¿Ya pensó? ¿Ipanema radio-activa?
O Globo pregunta: ¿No habrá una solución? Marcola contesta: “Ustedes deben hacerse una autocrítica de su propia incompetencia. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Sólo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Entiéndame, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden la extensión del problema. Como escribió el divino Dante: "Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno".
Si México y Centroamérica se enfrentan a serios problemas, Brasil no se queda atrás. Para qué decir EEUU con una población marginada a punto de estallar. Panamá todavía tiene una oportunidad de frenar el avance del crimen organizado si hacemos un alto y modificamos radicalmente las políticas públicas equivocadas que sirven de caldo de cultivo de la violencia y empujan a la adolescencia hacia las pandillas.
Panamá, 23 de septiembre de 2010.
El diario O Globo de la ciudad de Sao Paulo, metrópoli de Brasil con 20 millones de habitantes, entrevistó a un capo pandillero encerrado por varios delitos y quien desde la cárcel revela las operaciones que realiza en combinación con el crimen organizado y la clase política de su país. El entrevistado se llama Marcos Camacho, mejor conocido como Marcola. Dirige detrás de las barras una pandilla ligada al crimen organizado conocida con el nombre de “Primer Comando de la Capital” (PCC).
Marcola refleja la crisis del sistema político y su relación con el crimen organizado y el tráfico de drogas. Según Marcola, “yo era pobre e invisible. Sólo éramos noticia cuando una favela desaparecía debajo de un derrumbe en los cerros o en la música romántica sobre "la belleza de esas montañas al amanecer". ¿Qué hicieron los políticos? Nada. El gobierno federal nunca aprobó presupuesto para nosotros”.
Marcola dice que “ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. No hay solución. La propia idea de "solución" ya es un error”.
O Globo pregunta: ¿Usted no tiene miedo de morir? Marcola contesta: “Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. En la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo ordenar que los maten allá afuera. Nosotros somos hombres-bombas. En las favelas hay cien mil hombres-bombas. La muerte para ustedes es un drama. La muerte para nosotros es algo cotidiano, tirados en una fosa común”.
“No hay más proletarios o infelices o explotados”, señala Marcola. “Hay una tercera cosa creciendo, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió una especie de post miseria que genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet y armas modernas”.
O Globo pregunta: ¿Qué cambió en las favelas? Marcola contesta: Mangos (dólares). ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares como Beira Mar (empresario brasileño) no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un despacho… ¿Qué policía va a quemar esa mina de oro? Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y "colocado en el micro-ondas".
Desde su silla tras las barras, Marcola le dice al periodista: “Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes se mueren de miedo. Ustedes nos transformaron en super stars del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las favelas, por miedo o por amor. Ustedes son odiados.
O Globo pregunta: ¿Pero, qué debemos hacer? Marcola contesta: “Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mis intereses. ¡Agarren a "los barones, narcotraficantes del polvo" (cocaína)! Hay diputados, senadores, empresarios y ex presidentes metidos en el tráfico de la cocaína y de las armas. ¿Pero, quién puede meterles mano? ¿El Ejército? Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Para acabar con nosotros necesitan estallar una bomba atómica en las favelas. ¿Ya pensó? ¿Ipanema radio-activa?
O Globo pregunta: ¿No habrá una solución? Marcola contesta: “Ustedes deben hacerse una autocrítica de su propia incompetencia. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Sólo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Entiéndame, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden la extensión del problema. Como escribió el divino Dante: "Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno".
Si México y Centroamérica se enfrentan a serios problemas, Brasil no se queda atrás. Para qué decir EEUU con una población marginada a punto de estallar. Panamá todavía tiene una oportunidad de frenar el avance del crimen organizado si hacemos un alto y modificamos radicalmente las políticas públicas equivocadas que sirven de caldo de cultivo de la violencia y empujan a la adolescencia hacia las pandillas.
Panamá, 23 de septiembre de 2010.
jueves, 16 de septiembre de 2010
El crimen organizado avanza sin control en la región
Nelson Quintanilla, sociólogo salvadoreño, acaba de escribir un artículo de alerta, que los panameños y latinoamericanos debemos tomar muy en cuenta. En El Salvador las pandillas declararon un paro del transporte público que paralizó el país. ¿Debe sorprendernos o es la consecuencia de políticas públicas equivocadas? Según el sociólogo, el país centroamericano “vive una ola de criminalidad que afecta los transportistas víctimas de asesinatos. El gobierno no logra definir una política que garantice la seguridad de la población. El paro del transporte decretado por las pandillas tiene como antecedente la ley de Proscripción de Organizaciones de Naturaleza Criminal”.
Mientras los gobiernos – el panameño entre los primeros – se apresuran en aprobar una legislación laboral que crea más desempleo e informalidad y, además, pone su política exterior al servicio de intereses bélicos de EEUU, como consecuencia directa la sub-región cae cada vez más en manos del crimen organizado. En el caso de El Salvador, las pandillas se han convertido en un actor político que disputa su legitimidad de igual a igual con otros sectores de la sociedad civil.
El Ejército declaró que tienen "la situación del transporte controlada”. Sin embargo, “lo que no estamos controlando es el rumor", declaró el ministro de Defensa, general David Munguía. El 1º de septiembre de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que impone hasta 10 años de cárcel a cualquier persona que integre esas agrupaciones.
Según la ley aprobada, "son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Máquina y Mao Mao". Además, quedó establecido que los bienes, valores, dinero y otras posesiones derivadas de las actividades ilícitas de las pandillas serán confiscados y pasarán a manos del Estado. En 2010, según el periódico Heraldo, en represalia al rechazo de los empresarios del transporte a pagarles la llamada "renta" (extorsión), han asesinado a 107 personas, entre choferes y cobradores.
El incremento de la violencia se ha politizado, convirtiéndose en un arma de la extrema derecha para atacar al gobierno que cuenta con el apoyo político del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN). Según el sociólogo Quintanilla “no se puede negar que la situación es complicada y que necesita firmeza para resolverlo… (Sin embargo), no necesitamos una dictadura militar para evitar la zozobra, el pueblo mismo puede y debe participar decididamente para evitar una guerra social”.
Se necesita una política pública que reincorpore a la juventud, que se ha unido a las pandillas, a las escuelas y a los centros de trabajo. Política que consolidaría a la institución familiar y fortalecería a las comunidades y centros culturales.
Hay que estudiar cuales son las fuerzas políticas que se encuentran detrás de las pandillas manipuladas por el crimen organizado. En el caso de El Salvador, plantean sus reivindicaciones y publican sus comunicados abiertamente en busca de legitimidad. La semana pasada circularon una declaración insólita pidiendo disculpas por la paralización del transporte público pero explicando sus motivos: "Los miembros de las pandillas MS y 18 le pedimos al pueblo salvadoreño, en general, nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados, a través de un paro de buses. La MS y la M-18 piden al presidente salvadoreño vetar la "Ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal".
Las pandillas del crimen organizado convocan al diálogo y le pide "al Gobierno que vete la ley de proscripción… lo invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución al conflicto de la violencia", indica el comunicado. Quintanilla concluye “que estos grupos son fuertes y si no se les presta la debida atención pueden crear más terror”. Señala con acierto que “no son leyes de mano dura o súper mano dura las que pueden resolver el problema. Debe revisarse las causas que hicieron posible la aparición de estas organizaciones y proponer alternativas de solución”.
Al igual que en Panamá, las causas que permiten la aparición de estas organizaciones criminales son las políticas públicas equivocadas que ejecutan los gobiernos de turno que desintegran las instituciones básicas de la sociedad. Estas políticas de flexibilización del trabajo y de “apertura” a inversiones de capital “sucio” se hacen cada vez más peligrosas al ser subordinados los gobiernos por los intereses del crimen organizado.
Panamá, 16 de septiembre de 2010.
Mientras los gobiernos – el panameño entre los primeros – se apresuran en aprobar una legislación laboral que crea más desempleo e informalidad y, además, pone su política exterior al servicio de intereses bélicos de EEUU, como consecuencia directa la sub-región cae cada vez más en manos del crimen organizado. En el caso de El Salvador, las pandillas se han convertido en un actor político que disputa su legitimidad de igual a igual con otros sectores de la sociedad civil.
El Ejército declaró que tienen "la situación del transporte controlada”. Sin embargo, “lo que no estamos controlando es el rumor", declaró el ministro de Defensa, general David Munguía. El 1º de septiembre de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que impone hasta 10 años de cárcel a cualquier persona que integre esas agrupaciones.
Según la ley aprobada, "son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Máquina y Mao Mao". Además, quedó establecido que los bienes, valores, dinero y otras posesiones derivadas de las actividades ilícitas de las pandillas serán confiscados y pasarán a manos del Estado. En 2010, según el periódico Heraldo, en represalia al rechazo de los empresarios del transporte a pagarles la llamada "renta" (extorsión), han asesinado a 107 personas, entre choferes y cobradores.
El incremento de la violencia se ha politizado, convirtiéndose en un arma de la extrema derecha para atacar al gobierno que cuenta con el apoyo político del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN). Según el sociólogo Quintanilla “no se puede negar que la situación es complicada y que necesita firmeza para resolverlo… (Sin embargo), no necesitamos una dictadura militar para evitar la zozobra, el pueblo mismo puede y debe participar decididamente para evitar una guerra social”.
Se necesita una política pública que reincorpore a la juventud, que se ha unido a las pandillas, a las escuelas y a los centros de trabajo. Política que consolidaría a la institución familiar y fortalecería a las comunidades y centros culturales.
Hay que estudiar cuales son las fuerzas políticas que se encuentran detrás de las pandillas manipuladas por el crimen organizado. En el caso de El Salvador, plantean sus reivindicaciones y publican sus comunicados abiertamente en busca de legitimidad. La semana pasada circularon una declaración insólita pidiendo disculpas por la paralización del transporte público pero explicando sus motivos: "Los miembros de las pandillas MS y 18 le pedimos al pueblo salvadoreño, en general, nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados, a través de un paro de buses. La MS y la M-18 piden al presidente salvadoreño vetar la "Ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal".
Las pandillas del crimen organizado convocan al diálogo y le pide "al Gobierno que vete la ley de proscripción… lo invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución al conflicto de la violencia", indica el comunicado. Quintanilla concluye “que estos grupos son fuertes y si no se les presta la debida atención pueden crear más terror”. Señala con acierto que “no son leyes de mano dura o súper mano dura las que pueden resolver el problema. Debe revisarse las causas que hicieron posible la aparición de estas organizaciones y proponer alternativas de solución”.
Al igual que en Panamá, las causas que permiten la aparición de estas organizaciones criminales son las políticas públicas equivocadas que ejecutan los gobiernos de turno que desintegran las instituciones básicas de la sociedad. Estas políticas de flexibilización del trabajo y de “apertura” a inversiones de capital “sucio” se hacen cada vez más peligrosas al ser subordinados los gobiernos por los intereses del crimen organizado.
Panamá, 16 de septiembre de 2010.
viernes, 10 de septiembre de 2010
La crisis de la educción tiene solución
A diferencia de gobiernos anteriores, el equipo que asesora al presidente Ricardo Martinelli, respondiendo quizás al caprichoso lema del “cambio”, insiste en que los educadores panameños son incapaces de planificar o de presentar propuestas que apunten en la dirección que exige la educación en el siglo XXI. La Asociación de Educadores de Veraguas (AEVE) presentó hace algunos meses un documento al despacho superior del Ministerio de Educación haciendo algunos planteamientos que merecen la atención de todos los panameños, no sólo las autoridades.
Todas las partes involucradas en la educación están de acuerdo en un punto: la educación está en crisis. Esta aseveración no sólo es válida en Panamá. Es una realidad que afecta la región latinoamericana y, en mayor medida, países como EEUU y gran parte de Europa.
Según AEVE, “se dice que la educación está en crisis”: crisis de los contenidos de la educación, crisis de la metodología y, sobre todo, crisis de una visión general que supere el terreno meramente educativo. Acierto relevante de los gremialistas.
En el documento de AEVE se agrega que “la crisis de nuestro sistema educativo responde a los profundos cambios provocados por la revolución científica- tecnológica y la consecuente transformación de las formas productivas y de la comunicación que inciden en la organización de las relaciones laborales. Pero, junto a ello, a la imposición de un modelo neoliberal que afecta tanto a nuestra sociedad como a nuestro sistema educativo”. Doble acierto analítico de los educadores
Señala lo que el gobierno quiere negar: En respuesta a las demandas neoliberales, se transformaron los objetivos de la educación y ahora responden a las necesidades de formación de recursos humanos para un mercado improductivo. “De allí, por ejemplo, en el caso de Panamá, la proliferación de bachilleratos mercantilizados. Las autoridades se olvidan que esta fragmentación es producto de las políticas neoliberales en la educación y que probaron ser un fracaso.
El gremio AEVE sostiene “que hoy la educación tiene una función meramente utilitarista”. Se ha instalando un nuevo concepto de calidad de la educación, restringido a la capacitación de diversos tipos de capital humano especializados en el consumismo y para competir en la actual sociedad de mercado.
En este sentido “las reformas curriculares y los programas especiales, desarrollados por los ejecutores del neoliberalismo para generar una educación de calidad, no han tenido éxito. Hoy no existe una educación integral. La supuesta calidad de la educación se establece sólo a partir de los peores o mejores resultados de “pruebas estandarizadas”, que sólo dan cuenta de los rendimientos en determinados contenidos y competencias de algunas áreas del currículo”.
En forma correcta, la AEVE señala que “subyace a la crisis educativa la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo. Como consecuencia, el Estado-Nación panameño carece de políticas educativas que trasciendan a las diferentes administraciones de gobierno. Esto ya lo reconoció Jeptha Duncan en su informe de gestión en… 1921.
Los educadores se preguntan si la educación es un derecho humano o simplemente otra mercancía. “En este mismo contexto, cabe destacar que el tema educativo debe ser atendido como una prioridad nacional, lo cual demanda de una visión de Estado, que se corresponda con los objetivos y lineamientos estratégicos del desarrollo nacional. Si bien, podemos coincidir en la idea de que se requieren transformaciones profundas en los procesos educativos, el dilema está en resolver hacia dónde deben apuntar esos cambios: o gestionar la educación como un derecho humano fundamental o como una mercancía más”.
Los gremialistas no se quedan a nivel del enunciado. Plantean por lo menos dos soluciones que deben ser ejecutados lo antes posible.
En primer lugar, hay que llegar a las causas de la crisis y no sólo a los síntomas. “Para el movimiento docente la línea base se aborda mediante un diagnostico multidimensional e integral de la educación panameña” No se justifican cambios en el sistema educativo, basados únicamente en aspectos de evaluación de los aprendizaje y otros elementos sociométricos que son los síntomas y no las causas del problema.
En segundo lugar, “para el movimiento docente gremialista, el sistema educativo panameño, aún no ha sido científicamente diagnosticado integralmente, de manera tal que una línea base de datos sobre las dimensiones que intervienen en la gestión de la educación pública, es una condición “sine qua non”, para entonces, planificar, diseñar y gestionar cambios que verdaderamente respondan a las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad panameña”.
Todo indica que los educadores gremialistas deberían ser llevados a los despachos del Ministerio de Educación para que comiencen a diseñar los programas de trabajo que necesita urgentemente el país en esta materia.
Panamá, 9 de septiembre de 2010.
Todas las partes involucradas en la educación están de acuerdo en un punto: la educación está en crisis. Esta aseveración no sólo es válida en Panamá. Es una realidad que afecta la región latinoamericana y, en mayor medida, países como EEUU y gran parte de Europa.
Según AEVE, “se dice que la educación está en crisis”: crisis de los contenidos de la educación, crisis de la metodología y, sobre todo, crisis de una visión general que supere el terreno meramente educativo. Acierto relevante de los gremialistas.
En el documento de AEVE se agrega que “la crisis de nuestro sistema educativo responde a los profundos cambios provocados por la revolución científica- tecnológica y la consecuente transformación de las formas productivas y de la comunicación que inciden en la organización de las relaciones laborales. Pero, junto a ello, a la imposición de un modelo neoliberal que afecta tanto a nuestra sociedad como a nuestro sistema educativo”. Doble acierto analítico de los educadores
Señala lo que el gobierno quiere negar: En respuesta a las demandas neoliberales, se transformaron los objetivos de la educación y ahora responden a las necesidades de formación de recursos humanos para un mercado improductivo. “De allí, por ejemplo, en el caso de Panamá, la proliferación de bachilleratos mercantilizados. Las autoridades se olvidan que esta fragmentación es producto de las políticas neoliberales en la educación y que probaron ser un fracaso.
El gremio AEVE sostiene “que hoy la educación tiene una función meramente utilitarista”. Se ha instalando un nuevo concepto de calidad de la educación, restringido a la capacitación de diversos tipos de capital humano especializados en el consumismo y para competir en la actual sociedad de mercado.
En este sentido “las reformas curriculares y los programas especiales, desarrollados por los ejecutores del neoliberalismo para generar una educación de calidad, no han tenido éxito. Hoy no existe una educación integral. La supuesta calidad de la educación se establece sólo a partir de los peores o mejores resultados de “pruebas estandarizadas”, que sólo dan cuenta de los rendimientos en determinados contenidos y competencias de algunas áreas del currículo”.
En forma correcta, la AEVE señala que “subyace a la crisis educativa la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo. Como consecuencia, el Estado-Nación panameño carece de políticas educativas que trasciendan a las diferentes administraciones de gobierno. Esto ya lo reconoció Jeptha Duncan en su informe de gestión en… 1921.
Los educadores se preguntan si la educación es un derecho humano o simplemente otra mercancía. “En este mismo contexto, cabe destacar que el tema educativo debe ser atendido como una prioridad nacional, lo cual demanda de una visión de Estado, que se corresponda con los objetivos y lineamientos estratégicos del desarrollo nacional. Si bien, podemos coincidir en la idea de que se requieren transformaciones profundas en los procesos educativos, el dilema está en resolver hacia dónde deben apuntar esos cambios: o gestionar la educación como un derecho humano fundamental o como una mercancía más”.
Los gremialistas no se quedan a nivel del enunciado. Plantean por lo menos dos soluciones que deben ser ejecutados lo antes posible.
En primer lugar, hay que llegar a las causas de la crisis y no sólo a los síntomas. “Para el movimiento docente la línea base se aborda mediante un diagnostico multidimensional e integral de la educación panameña” No se justifican cambios en el sistema educativo, basados únicamente en aspectos de evaluación de los aprendizaje y otros elementos sociométricos que son los síntomas y no las causas del problema.
En segundo lugar, “para el movimiento docente gremialista, el sistema educativo panameño, aún no ha sido científicamente diagnosticado integralmente, de manera tal que una línea base de datos sobre las dimensiones que intervienen en la gestión de la educación pública, es una condición “sine qua non”, para entonces, planificar, diseñar y gestionar cambios que verdaderamente respondan a las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad panameña”.
Todo indica que los educadores gremialistas deberían ser llevados a los despachos del Ministerio de Educación para que comiencen a diseñar los programas de trabajo que necesita urgentemente el país en esta materia.
Panamá, 9 de septiembre de 2010.
lunes, 6 de septiembre de 2010
Palabras de Genaro López
En términos políticos el país ha entrado en una fase de turbulencia. El gobierno ha perdido la iniciativa frente a los diferentes sectores del país. Una prueba de ello es el estancamiento de la “mesa del diálogo” que nació sin combustible. Se suponía que gobierno, sector empresarial y trabajadores se sentarían para modificar, reformar o derogar la nefasta Ley 30 (mejor conocida como Ley “Chorizo”). Oportunidad óptima para enderezar los errores cometido por el presidente Ricardo Martinelli desde su toma de posesión en 2009. Sin embargo, después de más de una semana de darle vuelta a la “mesa” el gobierno no crea las condiciones aún para que se abra el diálogo.
Además, el presidente Martinelli ha pospuesto los cambios de gabinete que debió haber efectuado a mediados de año. La turbulencia política se refleja también en la oposición que no encuentra el camino para enfrentarse a un gobierno impopular. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) aún no cura las heridas recibidas durante la última contienda electoral. Los medios de comunicación, que observan la situación, han elevado los niveles de crítica al gobierno y a la oposición preocupados por la posible pérdida de legitimidad del sistema imperante.
La economía, por otro lado, tiende a estabilizarse después de haber sufrido pérdidas en 2009 y a principios de 2010 como consecuencia de la crisis económica de EEUU (que aún siente los efectos de su política neoliberal de las últimas dos décadas). La calma en el frente financiero sigue siendo muy dependiente del desempeño de la economía norteamericana. En esta área no hay garantías.
El único sector que demuestra pujanza y novedades interesantes resulta ser la izquierda política panameña. La izquierda panameña está representada por un fuerte movimiento sindical, el brote de una expresión partidista y la movilización de amplios sectores populares que reivindican conquistas perdidas (grupos ambientales, género, comunitarios, campesinos, indígenas, etc.) Aún es muy temprano predecir si la izquierda política panameña logrará consolidarse y presentar un reto a las fuerzas tradicionales del país.
En una reciente encuesta el profesor Juan Jované, candidato a la Presidencia del Partido Alternativa Popular (PAP) – en formación – marcó un 18 por ciento de las preferencias del público consultado. Es un indicador importante de que la población electoral reconoce a una figura contestataria. Si este nivel de reconocimiento se mantiene o crece dependerá de la izquierda política.
Igualmente importante, los sectores ligados a FRENADESO, frente popular dirigido por figuras de izquierda, han anunciado su decisión de incursionar en la política electoral. El dirigente obrero Genaro López acaba de dejar la Secretaría del Sindicato de Obreros de la Construcción (SUNTRACS) y anunció su disposición a trabajar en la creación de un “instrumento político” que le permita al pueblo panameño participar en las próximas elecciones con un partido propio.
Según López, “en las discusiones que hemos sostenido con los trabajadores y la dirigencia de FRENADESO, hemos llegado a la conclusión de que es hora de construir nuestro propio instrumento político electoral para disputarle el poder en 2014 a los partidos corruptos de la clase dominante… Estamos cansados de los politiqueros que siempre engañan al pueblo, abusadores y asesinos de trabajadores”.
López agregó que el “instrumento político lo entendemos como un proyecto democrático, anti neoliberal, amplio, donde tengan cabida las mujeres y hombres que anhelan una sociedad verdaderamente humana, justa y democrática”. Sobre su propia candidatura señaló que el “proyecto no tiene candidaturas pre-determinadas como se ha llegado a insinuar en los medios. El rol que se nos asigne será determinado por las consultas que se realizarán con las bases y los trabajadores”.
López fue reemplazado en la secretaría general de SUNTRACS por Saúl Méndez quien señaló que en el “camino por conquistar una sociedad justa, democrática, solidaria y verdaderamente humana, de bienestar y prosperidad para todos, hemos determinado la necesidad de erigir un instrumento político electoral… Esta decisión está determinada por el trabajo de acumulación lograda en los últimos años, los avances organizativos y las consultas efectuadas con amplios sectores nacionales”.
Según Méndez, los sectores populares tienen que “desafiar las reglas del juego establecidas por la partidocracia reinante. Pero estamos seguros que con el apoyo de los trabajadores y el pueblo lograremos vencer. Pronto le llegará el turno a los pobres, explotados y olvidados”.
Según un periodista de la localidad, existe mucho optimismo entre los sindicalistas. “Consideran que según los análisis políticos que se han hecho, FRENADESO y todas las organizaciones afines lograrán inscribir un partido en un día”. Según el medio, Méndez aseguró que “nosotros queremos estar seguros de que hay voluntad y no estar mendigando firmas que después no vamos a poder recoger”.
Panamá, 2 de septiembre de 2010.
Además, el presidente Martinelli ha pospuesto los cambios de gabinete que debió haber efectuado a mediados de año. La turbulencia política se refleja también en la oposición que no encuentra el camino para enfrentarse a un gobierno impopular. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) aún no cura las heridas recibidas durante la última contienda electoral. Los medios de comunicación, que observan la situación, han elevado los niveles de crítica al gobierno y a la oposición preocupados por la posible pérdida de legitimidad del sistema imperante.
La economía, por otro lado, tiende a estabilizarse después de haber sufrido pérdidas en 2009 y a principios de 2010 como consecuencia de la crisis económica de EEUU (que aún siente los efectos de su política neoliberal de las últimas dos décadas). La calma en el frente financiero sigue siendo muy dependiente del desempeño de la economía norteamericana. En esta área no hay garantías.
El único sector que demuestra pujanza y novedades interesantes resulta ser la izquierda política panameña. La izquierda panameña está representada por un fuerte movimiento sindical, el brote de una expresión partidista y la movilización de amplios sectores populares que reivindican conquistas perdidas (grupos ambientales, género, comunitarios, campesinos, indígenas, etc.) Aún es muy temprano predecir si la izquierda política panameña logrará consolidarse y presentar un reto a las fuerzas tradicionales del país.
En una reciente encuesta el profesor Juan Jované, candidato a la Presidencia del Partido Alternativa Popular (PAP) – en formación – marcó un 18 por ciento de las preferencias del público consultado. Es un indicador importante de que la población electoral reconoce a una figura contestataria. Si este nivel de reconocimiento se mantiene o crece dependerá de la izquierda política.
Igualmente importante, los sectores ligados a FRENADESO, frente popular dirigido por figuras de izquierda, han anunciado su decisión de incursionar en la política electoral. El dirigente obrero Genaro López acaba de dejar la Secretaría del Sindicato de Obreros de la Construcción (SUNTRACS) y anunció su disposición a trabajar en la creación de un “instrumento político” que le permita al pueblo panameño participar en las próximas elecciones con un partido propio.
Según López, “en las discusiones que hemos sostenido con los trabajadores y la dirigencia de FRENADESO, hemos llegado a la conclusión de que es hora de construir nuestro propio instrumento político electoral para disputarle el poder en 2014 a los partidos corruptos de la clase dominante… Estamos cansados de los politiqueros que siempre engañan al pueblo, abusadores y asesinos de trabajadores”.
López agregó que el “instrumento político lo entendemos como un proyecto democrático, anti neoliberal, amplio, donde tengan cabida las mujeres y hombres que anhelan una sociedad verdaderamente humana, justa y democrática”. Sobre su propia candidatura señaló que el “proyecto no tiene candidaturas pre-determinadas como se ha llegado a insinuar en los medios. El rol que se nos asigne será determinado por las consultas que se realizarán con las bases y los trabajadores”.
López fue reemplazado en la secretaría general de SUNTRACS por Saúl Méndez quien señaló que en el “camino por conquistar una sociedad justa, democrática, solidaria y verdaderamente humana, de bienestar y prosperidad para todos, hemos determinado la necesidad de erigir un instrumento político electoral… Esta decisión está determinada por el trabajo de acumulación lograda en los últimos años, los avances organizativos y las consultas efectuadas con amplios sectores nacionales”.
Según Méndez, los sectores populares tienen que “desafiar las reglas del juego establecidas por la partidocracia reinante. Pero estamos seguros que con el apoyo de los trabajadores y el pueblo lograremos vencer. Pronto le llegará el turno a los pobres, explotados y olvidados”.
Según un periodista de la localidad, existe mucho optimismo entre los sindicalistas. “Consideran que según los análisis políticos que se han hecho, FRENADESO y todas las organizaciones afines lograrán inscribir un partido en un día”. Según el medio, Méndez aseguró que “nosotros queremos estar seguros de que hay voluntad y no estar mendigando firmas que después no vamos a poder recoger”.
Panamá, 2 de septiembre de 2010.
jueves, 26 de agosto de 2010
Martinelli no dialoga y sigue la crisis
La crisis económica de EEUU y los países más industrializados del mundo parece consolidarse. La tasa de ganancia de las inversiones – y como consecuencia – el crecimiento económico se encuentra en su punto más bajo desde la gran crisis. La economía mundial sigue marchando – aunque cojeando – en gran parte debido a la expansión de la producción china. Entre los países llamados “subdesarrollados” la situación es ambivalente. En los países de la gran cuenca del Caribe las tasas de crecimiento han perdido su ímpetu. La disminución de las importaciones de EEUU – entre otras razones – han resentido las economías de la región.
En el caso de Panamá, la tasa de crecimiento ha disminuido en forma significativa en los últimos dos años. Sin embargo, Panamá logra mantener una tasa aceptable para los inversionistas en gran medida gracias a las expectativas creadas por la ampliación del Canal, las actividades portuarias y la confianza que le proporciona un gobierno amigo del capitalismo depredador.
En 14 meses en el poder, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha creado condiciones favorables para que los inversionistas extranjeros lleguen al país recibiendo todas las garantías para que puedan explotar sin control a la fuerza de trabajo y acabar con la naturaleza del país. Precisamente, las dos fuentes de riqueza de todo país. El presidente Martinelli – quizás ignorando el significado de sus propias acciones – está destruyendo la relación productiva que debe existir entre la población (trabajadores educados y productivos) y la naturaleza que sirve de base para el desarrollo económico. La gota que rebasó el contenedor fue la aprobación, a tambor batiente, de la Ley 30 que de un solo plumazo reformó 3 códigos y seis leyes. Esas piezas legislativas existían para proteger a la población y a la naturaleza de los inversionistas depredadores.
Los depredadores son inversionistas piratas quienes para extraer riquezas destruyen todo lo que encuentran en su camino. En el caso de Panamá, la Ley 30 les permite a los inversionistas destruir las comunidades formadas por trabajadores quienes se quedarán sin el empleo asalariado que les permitía llevar el sustento familiar a sus hogares. Al mismo tiempo, les dará luz verde a los inversionistas que están destruyendo bosques, ríos, playas y otros recursos naturales.
Los obreros de las bananeras de Changuinola se levantaron contra la Ley 30 y pagaron su atrevimiento con vidas humanas, centenares de heridos y muchas viviendas destruidas. La represión de la Policía Nacional de Martinelli fue implacable. Ante la ola de rechazo a la barbarie desatada por el presidente, éste decidió llamar a una mesa de diálogo entre las partes: gobierno, empresarios y obreros. Han pasado tres semanas de no-diálogo de los convocados y el gobierno todavía no ha dado el primer paso para encontrar un terreno común sobre el cual entablar un intercambio que tenga sentido.
Por el contrario, en la mesa de diálogo se dan cita los representantes más sectarios del gobierno que les cuesta sólo pensar que se sentarán a conversar con obreros. Por su lado, los empresarios escogidos a dedo por el gobierno consideran que es una pérdida de tiempo hablar sobre Bocas del Toro. Curiosamente, mientras que en el pasado los presidentes Pérez Balladares, Moscoso y Martín Torrijos dividían a los trabajadores para después aliarse con el sector que los favorecía, en el caso de Martinelli éste ha logado unir a los trabajadores por primera vez en más de cuarenta años. La unión, sin embargo, no ha sido puesta a prueba debido a la inoperancia total de la mesa del diálogo.
Según la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), ninguna de las demandas de los trabajadoras ha sido objeto de consideración por el gobierno. Estos son “la derogatoria de la Ley 30”, la ampliación de la mesa para incluir indígenas, ambientalistas y otros. Atender a los heridos de la represión en Changuinola y eliminar los expedientes levantados por las fiscalías en contra de los miembros de las agrupaciones populares sentados en la mesa.
El gobierno pretende que está dialogando mientras satura los medios de comunicación con propaganda a favor de la ley 30 y persigue a los defensores de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la empresa minera Petaquilla admitió que los embalses de contención del cianuro están a punto de desbordarse. Según otra versión, de SERPAJ-Panamá, “la tina de Molejones en el Campamento 5, se rajó y toda el agua y lodo con cianuro fueron a dar derechito al río del mismo nombre, tributario del río San Juan” que llega al Caribe.
Panamá, 26 de agosto de 2010.
En el caso de Panamá, la tasa de crecimiento ha disminuido en forma significativa en los últimos dos años. Sin embargo, Panamá logra mantener una tasa aceptable para los inversionistas en gran medida gracias a las expectativas creadas por la ampliación del Canal, las actividades portuarias y la confianza que le proporciona un gobierno amigo del capitalismo depredador.
En 14 meses en el poder, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha creado condiciones favorables para que los inversionistas extranjeros lleguen al país recibiendo todas las garantías para que puedan explotar sin control a la fuerza de trabajo y acabar con la naturaleza del país. Precisamente, las dos fuentes de riqueza de todo país. El presidente Martinelli – quizás ignorando el significado de sus propias acciones – está destruyendo la relación productiva que debe existir entre la población (trabajadores educados y productivos) y la naturaleza que sirve de base para el desarrollo económico. La gota que rebasó el contenedor fue la aprobación, a tambor batiente, de la Ley 30 que de un solo plumazo reformó 3 códigos y seis leyes. Esas piezas legislativas existían para proteger a la población y a la naturaleza de los inversionistas depredadores.
Los depredadores son inversionistas piratas quienes para extraer riquezas destruyen todo lo que encuentran en su camino. En el caso de Panamá, la Ley 30 les permite a los inversionistas destruir las comunidades formadas por trabajadores quienes se quedarán sin el empleo asalariado que les permitía llevar el sustento familiar a sus hogares. Al mismo tiempo, les dará luz verde a los inversionistas que están destruyendo bosques, ríos, playas y otros recursos naturales.
Los obreros de las bananeras de Changuinola se levantaron contra la Ley 30 y pagaron su atrevimiento con vidas humanas, centenares de heridos y muchas viviendas destruidas. La represión de la Policía Nacional de Martinelli fue implacable. Ante la ola de rechazo a la barbarie desatada por el presidente, éste decidió llamar a una mesa de diálogo entre las partes: gobierno, empresarios y obreros. Han pasado tres semanas de no-diálogo de los convocados y el gobierno todavía no ha dado el primer paso para encontrar un terreno común sobre el cual entablar un intercambio que tenga sentido.
Por el contrario, en la mesa de diálogo se dan cita los representantes más sectarios del gobierno que les cuesta sólo pensar que se sentarán a conversar con obreros. Por su lado, los empresarios escogidos a dedo por el gobierno consideran que es una pérdida de tiempo hablar sobre Bocas del Toro. Curiosamente, mientras que en el pasado los presidentes Pérez Balladares, Moscoso y Martín Torrijos dividían a los trabajadores para después aliarse con el sector que los favorecía, en el caso de Martinelli éste ha logado unir a los trabajadores por primera vez en más de cuarenta años. La unión, sin embargo, no ha sido puesta a prueba debido a la inoperancia total de la mesa del diálogo.
Según la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), ninguna de las demandas de los trabajadoras ha sido objeto de consideración por el gobierno. Estos son “la derogatoria de la Ley 30”, la ampliación de la mesa para incluir indígenas, ambientalistas y otros. Atender a los heridos de la represión en Changuinola y eliminar los expedientes levantados por las fiscalías en contra de los miembros de las agrupaciones populares sentados en la mesa.
El gobierno pretende que está dialogando mientras satura los medios de comunicación con propaganda a favor de la ley 30 y persigue a los defensores de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la empresa minera Petaquilla admitió que los embalses de contención del cianuro están a punto de desbordarse. Según otra versión, de SERPAJ-Panamá, “la tina de Molejones en el Campamento 5, se rajó y toda el agua y lodo con cianuro fueron a dar derechito al río del mismo nombre, tributario del río San Juan” que llega al Caribe.
Panamá, 26 de agosto de 2010.
lunes, 23 de agosto de 2010
EEUU realiza ejercicios militares en el Canal
La Policía Nacional hizo aparecer al trabajador de Bocas del Toro, Valentín Palacio, desaparecido como consecuencia de la represión desatada contra los sindicalistas bananeros en huelga a principios del pasado mes de julio. Según la Policía, el joven trabajador ngobe fue golpeado en Changuinola por un grupo de “maleantes” y amenazado de muerte. Durante un mes el paradero de Palacio fue un misterio a pesar de los habeas corpus interpuestos por familiares y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Panamá.
En otro acto encubierto, el gobierno panameño está financiando la compra de 1000 chasis de buses Volvo para surtir las rutas de transporte público de la ciudad capital. La empresa favorecida en Panamá tiene como nombre Transmassivo, cuya dirección ejecutiva está en manos de la empresa colombiana Fanalca. Otra empresa colombiana – Superpolo – construirá los buses. Superpolo es una propiedad conjunta de MarcoPolo (Brasil) y Fanalca.
Sin que el gobierno nacional informe a la ciudadanía panameña, EEUU inició ayer un conjunto de maniobras militares sobre ambas costas de Panamá, principalmente en los alrededores del Canal de Panamá. Se desconoce el tipo de maniobras o la intensidad de las mismas. Según medios internacionales, EEUU ha invitado al gobierno panameño que envíe observadores. Además, están participando oficiales navales de otros países de la región. Entre estos últimos se destacan las armadas de Argentina, Brasil, Chile así como de México. Incluso, están involucrados elementos de las fuerzas armadas de Ecuador, Nicaragua y El Salvador.
Según informa la agencia de noticias France Press (AFP), y confirma el Comando Sur de EEUU, este país inauguró ayer un conjunto de “ejercicios militares” en las inmediaciones de la vía acuática. Los ejercicios incluyen 15 países latinoamericanos, Canadá así como EEUU. Hace un mes el gobierno panameño acusó de terroristas a los trabajadores de la construcción, empleados en la ampliación del Canal, que protestaban por los salarios bajos.
Las maniobras se realizarán entre el 18 y 26 de agosto de 2010. Según AFP la movilización militar tiene como objetivo “coordinar respuestas a una eventual amenaza al Canal de Panamá o ante desastres naturales”. A la cabeza de la actividad se encuentra la Segunda Flota de EEUU. El ejercicio, denominado PANAMAX, busca "mejorar las capacidades terrestres, navales, aéreas y de fuerzas especiales de los 15 países de la región participantes".
La AFP señala que los ejercicios se están realizando en momentos en que EEUU ha incrementado las tensiones con Venezuela. La agencia agrega que “el embajador norteamericano designado para trasladarse a Caracas denunció, entre otras cosas, que el ejército venezolano tiene la moral baja y presenta influencia cubana”. EEUU también ha creado inestabilidad en la región ocupando más de media docena de bases militares colombianas. Según la Agencia la ocupación militar de Colombia por parte de EEUU “irritó al gobierno de Hugo Chávez”. El acuerdo firmado el año pasado entre Washington y Bogotá permite a soldados estadounidenses utilizar siete bases colombianas, lo que Caracas denunció como una amenaza.
Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Haití son los únicos países latinoamericanos que no participan en las maniobras militares. En los ejercicios, durante los cuales estarán apostados 42 representantes de 13 países en el cuartel de la Segunda Flota de la Armada en Norfolk, Virginia, participarán componentes de la Fuerza Aérea estadounidense del estado de Arizona y del Ejército en Texas, informó la agencia de prensa.
"La mayor parte del ejercicio será simulado y contará con algunas acciones en vivo en Panamá, Florida y Virginia", según el Comando Sur. En 2009 los ejercicios incluyeron un componente “contraterrorista”. En 2008 durante maniobras similares murió un policía panameño en un caso que fue calificado como descuido por parte de las autoridades.
EEUU realiza este tipo de maniobras militares conjuntas desde la década de 1950 en el marco de sus preparativos para enfrentar a la Unión Soviética en la guerra fría. Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980 le daba apoyo a las dictaduras militares en la región facilitando tecnología de punta. En la actualidad, el gobierno norteamericano no explica que objetivos persigue financiando y organizando las maniobras militares.
En el caso de Panamá, que se ha declarado neutral y no tiene fuerzas armadas desde 1990, desde entonces los gobiernos no cumplen con sus obligaciones constitucionales. Los oficiales de la Policía Nacional y del Servicio Aéreo Naval son invitados para disfrazarse de coroneles y almirantes y sentarse con sus contrapartes en centros refrigerados para observar en pantallas virtuales las operaciones.
Panamá, 19 de agosto de 2010.
En otro acto encubierto, el gobierno panameño está financiando la compra de 1000 chasis de buses Volvo para surtir las rutas de transporte público de la ciudad capital. La empresa favorecida en Panamá tiene como nombre Transmassivo, cuya dirección ejecutiva está en manos de la empresa colombiana Fanalca. Otra empresa colombiana – Superpolo – construirá los buses. Superpolo es una propiedad conjunta de MarcoPolo (Brasil) y Fanalca.
Sin que el gobierno nacional informe a la ciudadanía panameña, EEUU inició ayer un conjunto de maniobras militares sobre ambas costas de Panamá, principalmente en los alrededores del Canal de Panamá. Se desconoce el tipo de maniobras o la intensidad de las mismas. Según medios internacionales, EEUU ha invitado al gobierno panameño que envíe observadores. Además, están participando oficiales navales de otros países de la región. Entre estos últimos se destacan las armadas de Argentina, Brasil, Chile así como de México. Incluso, están involucrados elementos de las fuerzas armadas de Ecuador, Nicaragua y El Salvador.
Según informa la agencia de noticias France Press (AFP), y confirma el Comando Sur de EEUU, este país inauguró ayer un conjunto de “ejercicios militares” en las inmediaciones de la vía acuática. Los ejercicios incluyen 15 países latinoamericanos, Canadá así como EEUU. Hace un mes el gobierno panameño acusó de terroristas a los trabajadores de la construcción, empleados en la ampliación del Canal, que protestaban por los salarios bajos.
Las maniobras se realizarán entre el 18 y 26 de agosto de 2010. Según AFP la movilización militar tiene como objetivo “coordinar respuestas a una eventual amenaza al Canal de Panamá o ante desastres naturales”. A la cabeza de la actividad se encuentra la Segunda Flota de EEUU. El ejercicio, denominado PANAMAX, busca "mejorar las capacidades terrestres, navales, aéreas y de fuerzas especiales de los 15 países de la región participantes".
La AFP señala que los ejercicios se están realizando en momentos en que EEUU ha incrementado las tensiones con Venezuela. La agencia agrega que “el embajador norteamericano designado para trasladarse a Caracas denunció, entre otras cosas, que el ejército venezolano tiene la moral baja y presenta influencia cubana”. EEUU también ha creado inestabilidad en la región ocupando más de media docena de bases militares colombianas. Según la Agencia la ocupación militar de Colombia por parte de EEUU “irritó al gobierno de Hugo Chávez”. El acuerdo firmado el año pasado entre Washington y Bogotá permite a soldados estadounidenses utilizar siete bases colombianas, lo que Caracas denunció como una amenaza.
Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Haití son los únicos países latinoamericanos que no participan en las maniobras militares. En los ejercicios, durante los cuales estarán apostados 42 representantes de 13 países en el cuartel de la Segunda Flota de la Armada en Norfolk, Virginia, participarán componentes de la Fuerza Aérea estadounidense del estado de Arizona y del Ejército en Texas, informó la agencia de prensa.
"La mayor parte del ejercicio será simulado y contará con algunas acciones en vivo en Panamá, Florida y Virginia", según el Comando Sur. En 2009 los ejercicios incluyeron un componente “contraterrorista”. En 2008 durante maniobras similares murió un policía panameño en un caso que fue calificado como descuido por parte de las autoridades.
EEUU realiza este tipo de maniobras militares conjuntas desde la década de 1950 en el marco de sus preparativos para enfrentar a la Unión Soviética en la guerra fría. Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980 le daba apoyo a las dictaduras militares en la región facilitando tecnología de punta. En la actualidad, el gobierno norteamericano no explica que objetivos persigue financiando y organizando las maniobras militares.
En el caso de Panamá, que se ha declarado neutral y no tiene fuerzas armadas desde 1990, desde entonces los gobiernos no cumplen con sus obligaciones constitucionales. Los oficiales de la Policía Nacional y del Servicio Aéreo Naval son invitados para disfrazarse de coroneles y almirantes y sentarse con sus contrapartes en centros refrigerados para observar en pantallas virtuales las operaciones.
Panamá, 19 de agosto de 2010.
jueves, 12 de agosto de 2010
Sondeos de opinión favorecen a Martinelli
Según la última encuesta efectuada por una empresa de la localidad, el presidente Ricardo Martinelli se recuperó de su caída en popularidad ante la opinión pública. Más del 60 por ciento de la muestra entrevistada opinó que Martinelli estaba manejando bien los asuntos gubernamentales. Al mismo tiempo, sin embargo, sus colaboradores más cercanos en el Consejo de Gabinete siguieron perdiendo imagen frente a la población. Este fue el caso especialmente del flamante ministro de Seguridad, Raúl Mulino, y las ministras de Educación y Trabajo, respectivamente, Lucy Molinar y Alma Cortez.
Los resultados de la encuesta contrastan con la represión de la huelga de los trabajadores de las bananeras en Changuinola que costó varias vidas, el colapso del servicio de recolección de basura de la ciudad capital y la denuncia de casos de corrupción en diferentes sectores del gobierno. Según algunos comentaristas, la recuperación de Martinelli se debió probablemente a su llamada a una mesa del diálogo para revisar la Ley 30 (conocida como la ley “chorizo”) que ha sido rechazada por la gran mayoría de los panameños. Según la encuesta más del 60 por ciento de la población entrevistada opinó que la Ley 30 debía ser derogada y otro 20 por ciento señaló que los artículos contrarios a la sindicalización debían eliminarse.
La mesa del diálogo creada por el gobierno del presidente Martinelli arrancó con diversos problemas. Entre los 10 actores invitados a sentarse, sólo dos provienen del sector laboral. Tanto CONUSI, vinculado a FRENADESO, como CONATO, cercano al torrijismo, aceptaron la invitación pero la condicionaron a una agenda dirigida a la derogación de la Ley 30. Además, pidieron que se incluyera en la discusión la remoción de varios ministros y directivos de la Policía Nacional.
El gobierno, por su lado, invitó a un conjunto de figuras a la mesa del diálogo que fueron sorprendidos al saber que irían a la cita con los trabajadores y el gobierno. El presidente Martinelli defiende la Ley 30 señalando que los obreros están contentos con la iniciativa que la sindicalización sea voluntaria y que la Policía no sea responsable de sus actos cuando está cumpliendo con su trabajo.
El Partido Alternativa Popular (PAP), una de las organizaciones que más denunció los actos de violencia gubernamental en Bocas del Toro, se pronunció enfático. Exigió “la derogatoria de todas las leyes que son causales del conflicto (a Ley 14, el decreto ejecutivo 537 y la Ley 30), así como finalizar la persecución desatada contra los dirigentes sindicales y populares y solicitar el archivo de todos expedientes por ser inocentes de los cargos imputados”. También planteó la creación de “una comisión especial que le de seguimiento a la atención de los heridos, a fin de garantizar la mejor atención médica posible, sin escatimar recursos, a fin de velar por sus prontas y mejores recuperaciones posible”.
En el caso de aproximadamente 150 trabajadores de las bananeras (entre ellos muchos de los heridos por disparos de perdigones) se han abierto expedientes criminales por atentar contra “la seguridad interna del Estado”. Estas acusaciones reconocidas como políticas pueden llevar penas de cárcel de 10 años. Igualmente, en la ciudad de Panamá y otras capitales de provincia el gobierno ha levantado expedientes contra dirigentes sindicales y populares acusándolos de subvertir el orden y desestabilizar las instituciones del Estado.
A un grupo de trabajadores que anunció una huelga en la construcción de las ampliaciones del Canal de Panamá en Gatún (provincia de Colón) se le acusó de atentar contra la seguridad del Estado al poner en peligro el transporte público (¿la vía acuática interoceánica?). Casualmente, la Autoridad del Canal de Panamá poco después que contempla contratar 850 trabajadores nuevos en los próximos meses. Aparentemente, la medida obedece a su interés en garantizar la entrega de las nuevas esclusas con capacidad para recibir barcos hasta de 150 mil toneladas en la fecha prevista de 2013.
El sector empresarial panameño ve con preocupación las políticas del presidente Martinelli que pueden incidir desfavorablemente en sus planes de generar más ganancias de sus inversiones. Martinelli anunció un plan de inversiones de US$13 mil millones en un período de cuatro años que no responde a un criterio económico sustentado. Entre esas inversiones se destacan edificios públicos, centros hospitalarios especializados y corredores viales. Para lograr estos objetivos los empresarios se quejan de que se aumentan los impuestos, se endeuda el país y se generan conflictos con los sectores populares.
La popularidad de Martinelli se encuentra en un hilo. A pesar de su aparente “rebote”, producto del último sondeo de opinión pública, su futuro no se ve muy claro. FRENADESO recordó en la mesa del diálogo el caso de Valentín Palacio, trabajador desaparecido durante la represión en Changuinola.
Panamá, 12 de agosto de 2010.
Los resultados de la encuesta contrastan con la represión de la huelga de los trabajadores de las bananeras en Changuinola que costó varias vidas, el colapso del servicio de recolección de basura de la ciudad capital y la denuncia de casos de corrupción en diferentes sectores del gobierno. Según algunos comentaristas, la recuperación de Martinelli se debió probablemente a su llamada a una mesa del diálogo para revisar la Ley 30 (conocida como la ley “chorizo”) que ha sido rechazada por la gran mayoría de los panameños. Según la encuesta más del 60 por ciento de la población entrevistada opinó que la Ley 30 debía ser derogada y otro 20 por ciento señaló que los artículos contrarios a la sindicalización debían eliminarse.
La mesa del diálogo creada por el gobierno del presidente Martinelli arrancó con diversos problemas. Entre los 10 actores invitados a sentarse, sólo dos provienen del sector laboral. Tanto CONUSI, vinculado a FRENADESO, como CONATO, cercano al torrijismo, aceptaron la invitación pero la condicionaron a una agenda dirigida a la derogación de la Ley 30. Además, pidieron que se incluyera en la discusión la remoción de varios ministros y directivos de la Policía Nacional.
El gobierno, por su lado, invitó a un conjunto de figuras a la mesa del diálogo que fueron sorprendidos al saber que irían a la cita con los trabajadores y el gobierno. El presidente Martinelli defiende la Ley 30 señalando que los obreros están contentos con la iniciativa que la sindicalización sea voluntaria y que la Policía no sea responsable de sus actos cuando está cumpliendo con su trabajo.
El Partido Alternativa Popular (PAP), una de las organizaciones que más denunció los actos de violencia gubernamental en Bocas del Toro, se pronunció enfático. Exigió “la derogatoria de todas las leyes que son causales del conflicto (a Ley 14, el decreto ejecutivo 537 y la Ley 30), así como finalizar la persecución desatada contra los dirigentes sindicales y populares y solicitar el archivo de todos expedientes por ser inocentes de los cargos imputados”. También planteó la creación de “una comisión especial que le de seguimiento a la atención de los heridos, a fin de garantizar la mejor atención médica posible, sin escatimar recursos, a fin de velar por sus prontas y mejores recuperaciones posible”.
En el caso de aproximadamente 150 trabajadores de las bananeras (entre ellos muchos de los heridos por disparos de perdigones) se han abierto expedientes criminales por atentar contra “la seguridad interna del Estado”. Estas acusaciones reconocidas como políticas pueden llevar penas de cárcel de 10 años. Igualmente, en la ciudad de Panamá y otras capitales de provincia el gobierno ha levantado expedientes contra dirigentes sindicales y populares acusándolos de subvertir el orden y desestabilizar las instituciones del Estado.
A un grupo de trabajadores que anunció una huelga en la construcción de las ampliaciones del Canal de Panamá en Gatún (provincia de Colón) se le acusó de atentar contra la seguridad del Estado al poner en peligro el transporte público (¿la vía acuática interoceánica?). Casualmente, la Autoridad del Canal de Panamá poco después que contempla contratar 850 trabajadores nuevos en los próximos meses. Aparentemente, la medida obedece a su interés en garantizar la entrega de las nuevas esclusas con capacidad para recibir barcos hasta de 150 mil toneladas en la fecha prevista de 2013.
El sector empresarial panameño ve con preocupación las políticas del presidente Martinelli que pueden incidir desfavorablemente en sus planes de generar más ganancias de sus inversiones. Martinelli anunció un plan de inversiones de US$13 mil millones en un período de cuatro años que no responde a un criterio económico sustentado. Entre esas inversiones se destacan edificios públicos, centros hospitalarios especializados y corredores viales. Para lograr estos objetivos los empresarios se quejan de que se aumentan los impuestos, se endeuda el país y se generan conflictos con los sectores populares.
La popularidad de Martinelli se encuentra en un hilo. A pesar de su aparente “rebote”, producto del último sondeo de opinión pública, su futuro no se ve muy claro. FRENADESO recordó en la mesa del diálogo el caso de Valentín Palacio, trabajador desaparecido durante la represión en Changuinola.
Panamá, 12 de agosto de 2010.
jueves, 5 de agosto de 2010
Flexibilización y violencia en Panamá y Honduras
La política anti-obrera del presidente Ricardo Martinelli tiene sus seguidores en la región. En este caso, se trata del nuevo gobierno hondureño, producto de un golpe militar, presidido por Porfirio Lobo. Dándole seguimiento a propuestas por los sectores más conservadores de su clase empresarial y escudándose en políticas neo-liberales, el gobierno de Tegucigalpa está creando lo que llama un “Plan Solidario de Empleo Anticrisis”. Al igual que en Panamá el “plan” ha desatado una protesta social generalizada.
El “Plan Solidario” consiste en flexibilizar el empleo creando puestos de trabajo “por hora” o sólo por jornada de medio día. Según José Luis Baquedano, “es un proyecto político que pretende impulsar una mayor flexibilización y precarización laboral, a través de contratos de trabajo por hora y de media jornada. Una propuesta que de ninguna manera va a resolver el grave problema del empleo, ni mucho menos el del valor del salario versus el costo real de la canasta básica”. Baquedano es el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro del comité ejecutivo de del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP).
El gobierno panameño impuso esta legislación hace varios años creando zozobra en la familia del trabajador e incrementando el crimen organizado en el país. La flexibilización del trabajo le permite al empresario minimizar el salario del trabajador y emplearlo de la manera que considere más apropiado. El trabajador se vuelve una máquina. Este arreglo destruye a la familia que pierde a su proveedor principal y desarticula a la comunidad cuyas familias son diezmadas. La flexibilización es la causa de la aparición de las pandillas y la violencia criminal.
Hace un mes Martinelli promulgó la Ley 30 que, entre sus múltiples objetivos, eliminó la organización sindical en Panamá. La legislación fue rechazada por el pueblo panameño con un costo de varias vidas en las fincas bananeras de Changuinola (Bocas del Toro) producto de la represión policíaca. En la actualidad, el gobierno panameño busca fórmulas para imponer sus medidas por encima de la oposición popular.
Según Baqueadano, el gobierno está legislando en Honduras a pedido de los empresarios maquiladores. Los “trabajos son transitorios, sin beneficios sociales. Una total explotación de la mano de obra… De hecho va a modificar de forma ilegal el Código del Trabajo y la relación obrero-patronal. La empresa privada ha hecho un negocio con el desempleo. Los niveles son tan elevados que los trabajadores se someten a cualquier vejamen y propuesta que le haga el patrón”.
En este contexto, los presidentes Martinelli y Lobo tuvieron oportunidad de conversar en julio de 2010 sobre un acuerdo para exportar trabajadores de ese país a Panamá, donde recibirían remuneraciones inferiores al salario mínimo panameño. En su momento, Martinelli veía la importación de trabajadores como una medida para frenar las protestas de los trabajadores en las obras relacionadas con la ampliación del Canal de Panamá. Las empresas contratadas para trabajar en la vía acuática son de origen extranjero (española e italiana). Aparentemente, se consideran por encima de la ley y no se han hecho miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que tiene un convenio colectivo con los 50 mil trabajadores del Sindicato de la Construcción panameño (SUNTRACS).
Baquedano, en una entrevista concedida a Giorgio Trucchi, periodista uruguayo, agrega que la legislación hondureña que se quiere imponer crearía un sistema de trabajo “totalmente precarizado, no van a poder organizarse sindicalmente, no van a tener acceso a ninguna prestación laboral. Van a ser explotados y con salarios de hambre. Las mismas organizaciones sindicales van a salir gravemente afectadas. Eso es parte del plan desestabilizador”.
Los trabajadores hondureños están pidiendo que “se respete el Convenio que firmamos con los diputados, en el que acordamos que ningún proyecto de ley que afecte a los trabajadores y trabajadoras puede ser discutido y aprobado sin haberlo previamente consensuado con las confederaciones sindicales”. Hay que recordar que ese fue un pacto alcanzado con el presidente destituido por los militares en 2009, Manuel Zelaya. Según Baquedano, también “vamos a exigir que se ponga en práctica el Plan Nacional de Generación de Empleo Digno. Ese Plan fue consensuado de forma tripartita antes del golpe, en el seno del Consejo Económico y Social, y cuenta con el apoyo de la OIT.
Los sindicatos hondureños saben que su lucha es cuesta arriba. Reconocen que en Guatemala siguen “asesinando” a obreros y en “Panamá están masacrando a los trabajadores”. Según Baquedano, “los hondureños necesitan el apoyo internacional para fortalecer al movimiento sindical centroamericano, ante esta estrategia para desestabilizar al movimiento social y criminalizar la protesta”.
Panamá, 5 de agosto de 2010.
El “Plan Solidario” consiste en flexibilizar el empleo creando puestos de trabajo “por hora” o sólo por jornada de medio día. Según José Luis Baquedano, “es un proyecto político que pretende impulsar una mayor flexibilización y precarización laboral, a través de contratos de trabajo por hora y de media jornada. Una propuesta que de ninguna manera va a resolver el grave problema del empleo, ni mucho menos el del valor del salario versus el costo real de la canasta básica”. Baquedano es el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y miembro del comité ejecutivo de del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP).
El gobierno panameño impuso esta legislación hace varios años creando zozobra en la familia del trabajador e incrementando el crimen organizado en el país. La flexibilización del trabajo le permite al empresario minimizar el salario del trabajador y emplearlo de la manera que considere más apropiado. El trabajador se vuelve una máquina. Este arreglo destruye a la familia que pierde a su proveedor principal y desarticula a la comunidad cuyas familias son diezmadas. La flexibilización es la causa de la aparición de las pandillas y la violencia criminal.
Hace un mes Martinelli promulgó la Ley 30 que, entre sus múltiples objetivos, eliminó la organización sindical en Panamá. La legislación fue rechazada por el pueblo panameño con un costo de varias vidas en las fincas bananeras de Changuinola (Bocas del Toro) producto de la represión policíaca. En la actualidad, el gobierno panameño busca fórmulas para imponer sus medidas por encima de la oposición popular.
Según Baqueadano, el gobierno está legislando en Honduras a pedido de los empresarios maquiladores. Los “trabajos son transitorios, sin beneficios sociales. Una total explotación de la mano de obra… De hecho va a modificar de forma ilegal el Código del Trabajo y la relación obrero-patronal. La empresa privada ha hecho un negocio con el desempleo. Los niveles son tan elevados que los trabajadores se someten a cualquier vejamen y propuesta que le haga el patrón”.
En este contexto, los presidentes Martinelli y Lobo tuvieron oportunidad de conversar en julio de 2010 sobre un acuerdo para exportar trabajadores de ese país a Panamá, donde recibirían remuneraciones inferiores al salario mínimo panameño. En su momento, Martinelli veía la importación de trabajadores como una medida para frenar las protestas de los trabajadores en las obras relacionadas con la ampliación del Canal de Panamá. Las empresas contratadas para trabajar en la vía acuática son de origen extranjero (española e italiana). Aparentemente, se consideran por encima de la ley y no se han hecho miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que tiene un convenio colectivo con los 50 mil trabajadores del Sindicato de la Construcción panameño (SUNTRACS).
Baquedano, en una entrevista concedida a Giorgio Trucchi, periodista uruguayo, agrega que la legislación hondureña que se quiere imponer crearía un sistema de trabajo “totalmente precarizado, no van a poder organizarse sindicalmente, no van a tener acceso a ninguna prestación laboral. Van a ser explotados y con salarios de hambre. Las mismas organizaciones sindicales van a salir gravemente afectadas. Eso es parte del plan desestabilizador”.
Los trabajadores hondureños están pidiendo que “se respete el Convenio que firmamos con los diputados, en el que acordamos que ningún proyecto de ley que afecte a los trabajadores y trabajadoras puede ser discutido y aprobado sin haberlo previamente consensuado con las confederaciones sindicales”. Hay que recordar que ese fue un pacto alcanzado con el presidente destituido por los militares en 2009, Manuel Zelaya. Según Baquedano, también “vamos a exigir que se ponga en práctica el Plan Nacional de Generación de Empleo Digno. Ese Plan fue consensuado de forma tripartita antes del golpe, en el seno del Consejo Económico y Social, y cuenta con el apoyo de la OIT.
Los sindicatos hondureños saben que su lucha es cuesta arriba. Reconocen que en Guatemala siguen “asesinando” a obreros y en “Panamá están masacrando a los trabajadores”. Según Baquedano, “los hondureños necesitan el apoyo internacional para fortalecer al movimiento sindical centroamericano, ante esta estrategia para desestabilizar al movimiento social y criminalizar la protesta”.
Panamá, 5 de agosto de 2010.
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