La Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá fue creada para servirle al proyecto de nación que concibieron los fundadores de la Republica y las generaciones que continuaron su labor. Méndez Pereira y sus colaboradores eran concientes de las necesidades que tenía el país.
A partir de 1935 la Universidad de Panamá comenzó a producir los profesionales que demandaban el Estado, las empresas públicas, las industrias y el comercio. La Universidad egresó generación tras generación de ingenieros, médicos y educadores.
El debate en torno a las políticas universitarias giraba en torno al futuro del país, la cuestión social, los retos del desarrollo, la soberanía y la viabilidad del proyecto de nación. Profesores y estudiantes reflejaban las preocupaciones de los diferentes sectores sociales del país. Al mismo tiempo, estremecían los cimientos de la sociedad con sus pronunciamientos y sus manifestaciones publicas.
La Universidad de Panamá era una institución que vibraba con el país y el país le enviaba a sus mejores hijos para ser formados en el espíritu de una nación en movimiento, en construcción. Fueron los universitarios panameños que hicieron realidad nuestro anhelo de soberanía, que universalizaron la educación, levantaron el lema de “salud igual para todos”, que ocuparon las plazas claves de nuestras industrias y que hicieron realidad el anhelo de ser libres de frontera a frontera.
Las políticas neoliberales aplicadas en el país durante el último cuarto de siglo ha ido lenta pero sistemáticamente desmontando los logros de las generaciones que lucharon en el siglo XX. El estado panameño es apenas una caricatura de lo que fue. Las empresas publicas y las industrias prácticamente han desaparecido. El sector agropecuario está en crisis, algunos dicen que está en bancarrota. Nuestra educación y el sistema de salud están en crisis. El proyecto de nación ha sido cuidadosamente engavetado y encerrado bajo llave.
En este contexto la Universidad de Panamá se encuentra buscando el camino que la reúna con el proyecto de nación. Frente a un Estado debilitado por las políticas neoliberales de desregulación, la Universidad no le puede proporcionar su fuerza ni sus recursos intelectuales a una sociedad que no logra encontrar su propia identidad.
La sociedad le está exigiendo a la Universidad de Panamá que se pronuncie sobre los grandes problemas que la aquejan. Le esta pidiendo que ponga toda su energía creativa al servicio del proyecto de nación. El Estado dirige los destinos del país por senderos peligrosos y le corresponde a la Universidad de Panamá trabajar en la búsqueda de nuevos caminos.
El avance del crimen organizado refleja una realidad que los panameños no podemos ignorar. Hay que ver el problema de la violencia de manera integral. De igual manera, los problemas sociales y económicos y nuestras relaciones con los países vecinos tienen que ser manejados con un plan nacional de desarrollo. El desgreño administrativo es otro elemento que debe atraer la atención de todos.
La Universidad de Panamá se encuentra sumida en un debate electoral que no conduce a objetivos claros. Algunas de las mentes más claras del país se han pasado meses elaborando tácticas para crear ilusiones falsas en torno al futuro de la institución.
Hay que entender que la crisis de la Universidad no tiene que ver sólo con los programas de estudios, los profesores y los estudiantes. La crisis universitaria es el reflejo de una crisis nacional. El debate no puede centrarse en proyectos de diferentes sectores, tiene que enfocar los problemas del país. La Universidad no existe para solucionarle problemas a quienes tienen aspiraciones administrativas. La Universidad se creó para servirle al proyecto de nación.
Iniciemos el debate universitario en torno a los problemas nacionales y busquemos sus soluciones. La situación actual de la Universidad, arrastrada por un proceso que afecta a todo el país, no debe enceguecer a los discípulos de los Méndez Pereira, Miró o Soler. Hay que elevar la mirada por encima del horizonte y contribuir en forma decidida a la construcción de la nueva sociedad a la que aspira todo panameño comprometido con la nación. El reto planteado para el debate universitario es hacer de la Universidad de Panamá un proyecto que la ponga al servicio del país.
Panamá, 24 de junio de 2010.

Nuevas políticas públicas para combatir el crimen organizado (IV)

Ante el desorden generalizado a nivel nacional y la legislación contraria a los intereses del país, es necesario introducir nuevas políticas públicas para erradicar el crimen organizado. Hay que tomar la acción necesaria que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado. Hemos señalado como las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación de las instituciones gubernamentales, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otras iniciativas legislativas han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y el crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle de agua al pez.
Hay que proceder de manera rápida y eficaz para reformar la legislación aprobada en las últimas dos décadas y así comenzar a eliminar el crimen y la violencia. Las reformas legislativas tendrían que centrarse en las áreas del trabajo, de la educación y de la economía. Las iniciativas legislativas tendrían que ser opuestas a las aprobadas de manera irregular por la Asamblea de Diputados el fin de semana pasada.
En primer lugar, en el sector trabajo, hay que estabilizar (todo lo contrario de flexibilizar) el empleo. Hay que convertir el concepto promovido por la legislación de trabajo informal o “justo a tiempo”, en la noción de trabajo estable y decente. Hay que devolverle al trabajador su hogar, que le fuera secuestrada por la legislación que flexibiliza su relación de trabajo. La relación estable entre el trabajador y el hogar produce una familia íntegra con valores asociados con el trabajo y la educación. En vez de dispersar a los miembros de la familia, esa institución básica debe fortalecerse.
Fortaleciendo a la familia de manera concreta, con un hogar que se sustenta con un ingreso regular, se activa la red de relaciones de la comunidad. Los valores de trabajo y educación, compartidos por las unidades familiares de la comunidad, generan un interés en promover actividades culturales, educativas, deportivas y otras.
En segundo lugar, en el sector educación, hay que devolverle el sentido original que le dieron los fundadores del sistema educativo panameño hace cien años. Mediante la educación estamos formando nuevos ciudadanos y trabajadores del más alto nivel productivo que contribuyan a consolidar la Nación. En la actualidad, estamos formando empleados domésticos para una economía “transitista” al servicio del crimen organizado.
Los establecimientos escolares han sido abandonados y se encuentran en un estado deplorable. Los educadores han sido objeto de persecución y sus salarios han disminuido a tal extremo que necesitan varios empleos simultáneos para cumplir con sus responsabilidades familiares. La situación ha creado una generación de estudiantes sin rumbo, a quienes se les prohíbe organizarse y realizar actividades académicas por temor a sus protestas.
Hay que construir establecimientos escolares nuevos, darle mantenimiento permanente a los otros y reestructurar la planilla de los educadores.
Tercero, el sector económico tiene que planificarse para contribuir al crecimiento y desarrollo armónicos con los intereses de todos los panameños. En la actualidad, el crimen organizado se ha adueñado del turismo, también de la explotación de los recursos naturales y ha puesto a nuestra juventud a defender sus intereses en las calles actuando como sicarios. La seguridad alimenticia y la seguridad ciudadana han sido subordinadas a la seguridad de los inversionistas de cuyos capitales se desconocen su origen. La seguridad ciudadana ha sido sacrificada a nombre de un Ministerio de Seguridad cuyo objetivo es contribuir al tráfico internacional y nacional de drogas y armas.
Panamá, 17 de junio de 2010.

“Desregulación” y crimen organizado (III)

Las políticas públicas de desregulación complementan las medidas de flexibilización del trabajo que han tomado los últimos gobiernos. Según las nociones que manejan los ideólogos neoliberales, la desregulación debería disminuir la participación del sector público en las actividades económicas de los inversionistas. Los empresarios reciben recursos del sector público o utilizan la infraestructura que ofrece la sociedad pero no deben ser objeto de supervisión. La propuesta supone que los inversionistas se autorregulan en una amplia gama de actividades económicas. En principio, los intereses de todos los inversionistas supuestamente encuentran un equilibrio que garantiza la competencia entre los empresarios.
La desregulación también pretende reducir la participación del gobierno en actividades que pueden beneficiar a los inversionistas. La aplicación de las políticas públicas de desregulación han afectado la participación gubernamental en sectores estratégicos como la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo urbano, así como la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, el transporte, el deporte y el desarrollo de la comunidad.
Los diferentes niveles de educación han visto sus presupuestos disminuir e, igualmente, la calidad de la educación. La desregulación ha reorientado recursos a otros sectores y, a la vez, ha convertido ese sector gubernamental en un centro de corrupción.
El mismo fenómeno se puede destacar con relación a las políticas públicas en salud y vivienda. El presupuesto disminuye y las enfermedades erradicadas en el pasado regresan a ocupar sus lugares. Las soluciones habitacionales son cada vez menos “racionales” y responden a otros intereses.
La desregulación y las respectivas políticas públicas correspondientes también tienen como objetivo promover la captación de inversiones extranjeras. La legislación permite el ingreso de capitales sin previo examen de su origen. La inversión en actividades vinculadas a negocios relacionados con la explotación de drogas, del sexo y de casa de juego tienden a multiplicarse. En torno a estas actividades se desarrollan actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la prostitución y los juegos al azar.
La desregulación, a su vez, crea un mercado paralelo que no es controlado por la sociedad. La proliferación de estas actividades penetran las estructuras legalmente establecidas y tienden a corromperlas. En un principio, los agentes que ocupan estas instancias aceptan pagos ilegales y después s prestan favores remunerados. En un segundo momento, se crean asociaciones entre las actividades ilícitas y los negocios establecidos legalmente. El proceso llega a su tercera etapa cuando los agentes de las actividades ilícitas se apoderan de las actividades legales (productivas) o las someten a sus propósitos. En estos casos, la instancia pública responde a los intereses ilícitos como el lavado de dinero, tráfico de drogas y otros negocios turbios.
Dependiendo de la etapa de desarrollo de este proceso de descomposición, el grado de la violencia y de la delincuencia varían. En la medida en que las políticas públicas se flexibilizan y las estructuras gubernamentales se desregularizan, hay un incremento de la violencia y del crimen.
Ante un panorama de este tipo, es necesario tomar algún tipo de acción que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado. Hemos señalado como las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación del gobierno, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otros han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle agua al pez.
Panamá, 10 de junio de 2010.