¿Se apaga la estrella de Martinelli?

Hace un año, el 1º de julio de 2009, Ricardo Martinelli tomó posesión de la Presidencia de la República de Panamá. Durante su campaña electoral y en su discurso inaugural prometió cambios para el país. Entre las promesas más importantes, aseguró que pondría fin a la creciente violencia y presencia del crimen organizado. También planteó que acabaría con la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública. (Perdonaré, dijo, a quienes metan la pata. Destituiré a quienes meten la mano). Colocó entre sus prioridades sanear la economía de la familia panameña que se empobrece cada vez más.
También prometió crear un eje político regional de la derecha política para combatir a los gobiernos que se identificaban con agendas progresistas. Señaló que abriría las puertas del país a toda clase de inversiones, sin importar sus consecuencias para el ambiente o la integridad del país.
En el año que ha transcurrido desde su proclamación, Martinelli ha presenciado un crecimiento constante de la tasa de criminalidad, la agudización de las tasas de homicidio y actos delictivos en las comunidades del país y un aumento del tráfico de drogas y trata de blancas. A nadie le caben dudas de que Martinelli quisiera reducir la violencia. Sin embargo, poner en acción las políticas anti-criminales irían en contra de sus políticas favoritas de flexibilización del trabajo y de desregulación de las instituciones gubernamentales.
En las encuestas que se aplican para recoger las percepciones del público, se siente un cansancio con las promesas incumplidas del gobierno frente a la criminalidad. Las comunidades del país han sido tomadas por el crimen organizado y la Policía Nacional tiene problemas para ejercer su autoridad. El crimen organizado maneja las pandillas que se trasladan de un extremo al otro del país y de la ciudad Capital. Los casinos y antros del juego se han convertido en centros de distribución de drogas y de servicios de prostitución.
El avance del crimen organizado se percibe también en la creciente ola de corrupción que ha penetrado al sector público en combinación con el sector privado. Los casos que involucran a funcionarios y ex funcionarios en el tráfico de drogas y otros delitos se multiplican. La separación de la procuradora general de la Nación cinco año antes de cumplir con su período constitucional llamó la atención inmediatamente a las posibles consecuencias que podría tener esta acción.
Los sectores que le han llamado la atención al gobierno de su desviación de los caminos prometidos han sido objeto de ataques y amenazas contundentes. Entre estos se encuentran las organizaciones no gubernamentales (ONG), que se sienten representantes de la sociedad civil, así como gremios empresariales e, incluso, los medios de comunicación que en su momento apoyaban la gestión de Martienlli.
Martinelli reconoció que las políticas neoliberales de sus antecesores empobrecen a la familia panameña (el 50 por ciento se encuentra por debajo de la línea de la pobreza o muy cerca de ella) y prometió aliviar la situación de los “pobres”. Sus políticas, sin embargo, han continuado hundiendo la economía de la familia panameña que cada vez tiene más restringida su capacidad de consumo.
Aprobó una reforma fiscal que entrará en efecto a partir de hoy con un incremento del 40 por ciento a los impuestos de los sectores más pobres de la población. El impuesto al consumo pasa del 5 al 7 por ciento para todos los productos y servicios, sin incluir los alimentos.
Su política exterior ha sido más que un fracaso, una farsa. Se alió con los gobiernos de México y Colombia, así como con la extrema derecha del Partido Republicano de EEUU. Sus viajes a Europa para retratarse con Berlusconi y buscar sin éxito reuniones con otros mandatarios han generado gastos pero sin recompensa alguna. Sus declaraciones extemporáneas sobre Israel han creado problemas incluso entre los propios estamentos de ese país del Medio Oriente.
Martinelli se enfrentó directamente con las organizaciones sindicales del país al reformar el Código de Trabajo mediante la aprobación de una ley inconstitucional. La reforma al Código de Trabajo eliminó en la práctica el derecho a la huelga de los trabajadores y, además, puso fin a la cuota sindical. Al mismo tiempo, eliminó la obligación de realizar estudios de impacto ambiental para toda obra que se realice en el país. Además, creó la figura del “policía sicario” al legalizar la irresponsabilidad del agente del orden cuando hace uso de su arma de fuego.
Políticamente Martinelli se ha creado una situación de inestabilidad al alejarse de sus aliados más cercanos como son los empresarios, la Embajada de EEUU y el Partido Panameñista. En el marco de una creciente pérdida de popularidad y un enfrentamiento con la oposición de los sectores populares y de las capas medias, no es el momento más adecuado para perder sus aliados. Es probable que durante el segundo semestre de 2010 la estrella de Martinelli se siga apagando.
Panamá, 1º de julio de 2010.

La Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá fue creada para servirle al proyecto de nación que concibieron los fundadores de la Republica y las generaciones que continuaron su labor. Méndez Pereira y sus colaboradores eran concientes de las necesidades que tenía el país.
A partir de 1935 la Universidad de Panamá comenzó a producir los profesionales que demandaban el Estado, las empresas públicas, las industrias y el comercio. La Universidad egresó generación tras generación de ingenieros, médicos y educadores.
El debate en torno a las políticas universitarias giraba en torno al futuro del país, la cuestión social, los retos del desarrollo, la soberanía y la viabilidad del proyecto de nación. Profesores y estudiantes reflejaban las preocupaciones de los diferentes sectores sociales del país. Al mismo tiempo, estremecían los cimientos de la sociedad con sus pronunciamientos y sus manifestaciones publicas.
La Universidad de Panamá era una institución que vibraba con el país y el país le enviaba a sus mejores hijos para ser formados en el espíritu de una nación en movimiento, en construcción. Fueron los universitarios panameños que hicieron realidad nuestro anhelo de soberanía, que universalizaron la educación, levantaron el lema de “salud igual para todos”, que ocuparon las plazas claves de nuestras industrias y que hicieron realidad el anhelo de ser libres de frontera a frontera.
Las políticas neoliberales aplicadas en el país durante el último cuarto de siglo ha ido lenta pero sistemáticamente desmontando los logros de las generaciones que lucharon en el siglo XX. El estado panameño es apenas una caricatura de lo que fue. Las empresas publicas y las industrias prácticamente han desaparecido. El sector agropecuario está en crisis, algunos dicen que está en bancarrota. Nuestra educación y el sistema de salud están en crisis. El proyecto de nación ha sido cuidadosamente engavetado y encerrado bajo llave.
En este contexto la Universidad de Panamá se encuentra buscando el camino que la reúna con el proyecto de nación. Frente a un Estado debilitado por las políticas neoliberales de desregulación, la Universidad no le puede proporcionar su fuerza ni sus recursos intelectuales a una sociedad que no logra encontrar su propia identidad.
La sociedad le está exigiendo a la Universidad de Panamá que se pronuncie sobre los grandes problemas que la aquejan. Le esta pidiendo que ponga toda su energía creativa al servicio del proyecto de nación. El Estado dirige los destinos del país por senderos peligrosos y le corresponde a la Universidad de Panamá trabajar en la búsqueda de nuevos caminos.
El avance del crimen organizado refleja una realidad que los panameños no podemos ignorar. Hay que ver el problema de la violencia de manera integral. De igual manera, los problemas sociales y económicos y nuestras relaciones con los países vecinos tienen que ser manejados con un plan nacional de desarrollo. El desgreño administrativo es otro elemento que debe atraer la atención de todos.
La Universidad de Panamá se encuentra sumida en un debate electoral que no conduce a objetivos claros. Algunas de las mentes más claras del país se han pasado meses elaborando tácticas para crear ilusiones falsas en torno al futuro de la institución.
Hay que entender que la crisis de la Universidad no tiene que ver sólo con los programas de estudios, los profesores y los estudiantes. La crisis universitaria es el reflejo de una crisis nacional. El debate no puede centrarse en proyectos de diferentes sectores, tiene que enfocar los problemas del país. La Universidad no existe para solucionarle problemas a quienes tienen aspiraciones administrativas. La Universidad se creó para servirle al proyecto de nación.
Iniciemos el debate universitario en torno a los problemas nacionales y busquemos sus soluciones. La situación actual de la Universidad, arrastrada por un proceso que afecta a todo el país, no debe enceguecer a los discípulos de los Méndez Pereira, Miró o Soler. Hay que elevar la mirada por encima del horizonte y contribuir en forma decidida a la construcción de la nueva sociedad a la que aspira todo panameño comprometido con la nación. El reto planteado para el debate universitario es hacer de la Universidad de Panamá un proyecto que la ponga al servicio del país.
Panamá, 24 de junio de 2010.

Nuevas políticas públicas para combatir el crimen organizado (IV)

Ante el desorden generalizado a nivel nacional y la legislación contraria a los intereses del país, es necesario introducir nuevas políticas públicas para erradicar el crimen organizado. Hay que tomar la acción necesaria que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado. Hemos señalado como las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación de las instituciones gubernamentales, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otras iniciativas legislativas han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y el crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle de agua al pez.
Hay que proceder de manera rápida y eficaz para reformar la legislación aprobada en las últimas dos décadas y así comenzar a eliminar el crimen y la violencia. Las reformas legislativas tendrían que centrarse en las áreas del trabajo, de la educación y de la economía. Las iniciativas legislativas tendrían que ser opuestas a las aprobadas de manera irregular por la Asamblea de Diputados el fin de semana pasada.
En primer lugar, en el sector trabajo, hay que estabilizar (todo lo contrario de flexibilizar) el empleo. Hay que convertir el concepto promovido por la legislación de trabajo informal o “justo a tiempo”, en la noción de trabajo estable y decente. Hay que devolverle al trabajador su hogar, que le fuera secuestrada por la legislación que flexibiliza su relación de trabajo. La relación estable entre el trabajador y el hogar produce una familia íntegra con valores asociados con el trabajo y la educación. En vez de dispersar a los miembros de la familia, esa institución básica debe fortalecerse.
Fortaleciendo a la familia de manera concreta, con un hogar que se sustenta con un ingreso regular, se activa la red de relaciones de la comunidad. Los valores de trabajo y educación, compartidos por las unidades familiares de la comunidad, generan un interés en promover actividades culturales, educativas, deportivas y otras.
En segundo lugar, en el sector educación, hay que devolverle el sentido original que le dieron los fundadores del sistema educativo panameño hace cien años. Mediante la educación estamos formando nuevos ciudadanos y trabajadores del más alto nivel productivo que contribuyan a consolidar la Nación. En la actualidad, estamos formando empleados domésticos para una economía “transitista” al servicio del crimen organizado.
Los establecimientos escolares han sido abandonados y se encuentran en un estado deplorable. Los educadores han sido objeto de persecución y sus salarios han disminuido a tal extremo que necesitan varios empleos simultáneos para cumplir con sus responsabilidades familiares. La situación ha creado una generación de estudiantes sin rumbo, a quienes se les prohíbe organizarse y realizar actividades académicas por temor a sus protestas.
Hay que construir establecimientos escolares nuevos, darle mantenimiento permanente a los otros y reestructurar la planilla de los educadores.
Tercero, el sector económico tiene que planificarse para contribuir al crecimiento y desarrollo armónicos con los intereses de todos los panameños. En la actualidad, el crimen organizado se ha adueñado del turismo, también de la explotación de los recursos naturales y ha puesto a nuestra juventud a defender sus intereses en las calles actuando como sicarios. La seguridad alimenticia y la seguridad ciudadana han sido subordinadas a la seguridad de los inversionistas de cuyos capitales se desconocen su origen. La seguridad ciudadana ha sido sacrificada a nombre de un Ministerio de Seguridad cuyo objetivo es contribuir al tráfico internacional y nacional de drogas y armas.
Panamá, 17 de junio de 2010.