“Desregulación” y crimen organizado (III)

Las políticas públicas de desregulación complementan las medidas de flexibilización del trabajo que han tomado los últimos gobiernos. Según las nociones que manejan los ideólogos neoliberales, la desregulación debería disminuir la participación del sector público en las actividades económicas de los inversionistas. Los empresarios reciben recursos del sector público o utilizan la infraestructura que ofrece la sociedad pero no deben ser objeto de supervisión. La propuesta supone que los inversionistas se autorregulan en una amplia gama de actividades económicas. En principio, los intereses de todos los inversionistas supuestamente encuentran un equilibrio que garantiza la competencia entre los empresarios.
La desregulación también pretende reducir la participación del gobierno en actividades que pueden beneficiar a los inversionistas. La aplicación de las políticas públicas de desregulación han afectado la participación gubernamental en sectores estratégicos como la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo urbano, así como la seguridad social, la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, el transporte, el deporte y el desarrollo de la comunidad.
Los diferentes niveles de educación han visto sus presupuestos disminuir e, igualmente, la calidad de la educación. La desregulación ha reorientado recursos a otros sectores y, a la vez, ha convertido ese sector gubernamental en un centro de corrupción.
El mismo fenómeno se puede destacar con relación a las políticas públicas en salud y vivienda. El presupuesto disminuye y las enfermedades erradicadas en el pasado regresan a ocupar sus lugares. Las soluciones habitacionales son cada vez menos “racionales” y responden a otros intereses.
La desregulación y las respectivas políticas públicas correspondientes también tienen como objetivo promover la captación de inversiones extranjeras. La legislación permite el ingreso de capitales sin previo examen de su origen. La inversión en actividades vinculadas a negocios relacionados con la explotación de drogas, del sexo y de casa de juego tienden a multiplicarse. En torno a estas actividades se desarrollan actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la prostitución y los juegos al azar.
La desregulación, a su vez, crea un mercado paralelo que no es controlado por la sociedad. La proliferación de estas actividades penetran las estructuras legalmente establecidas y tienden a corromperlas. En un principio, los agentes que ocupan estas instancias aceptan pagos ilegales y después s prestan favores remunerados. En un segundo momento, se crean asociaciones entre las actividades ilícitas y los negocios establecidos legalmente. El proceso llega a su tercera etapa cuando los agentes de las actividades ilícitas se apoderan de las actividades legales (productivas) o las someten a sus propósitos. En estos casos, la instancia pública responde a los intereses ilícitos como el lavado de dinero, tráfico de drogas y otros negocios turbios.
Dependiendo de la etapa de desarrollo de este proceso de descomposición, el grado de la violencia y de la delincuencia varían. En la medida en que las políticas públicas se flexibilizan y las estructuras gubernamentales se desregularizan, hay un incremento de la violencia y del crimen.
Ante un panorama de este tipo, es necesario tomar algún tipo de acción que erradique las causas del ascenso de la violencia y del crimen organizado. Hemos señalado como las políticas públicas asociadas con la flexibilización de la fuerza de trabajo, la desregulación del gobierno, la disminución de la inversión en el sector educación, la disminución de los aranceles y otros han contribuido en gran parte al incremento de la violencia y crimen organizado. De la misma manera que los indicadores de criminalidad aumentan con la aplicación de las políticas públicas mencionadas, estos indicadores disminuirán al reformar la legislación que las creó. Es como privarle agua al pez.
Panamá, 10 de junio de 2010.

La flexibilización y el crimen organizado (II)

La llamada flexibilización de la fuerza de trabajo, noción introducida en el Código de Trabajo en 1995, es un ataque frontal a las nociones de modernidad y al proyecto de desarrollo que caracterizan el mundo de los últimos dos o tres siglos de la humanidad. El concepto de la flexibilización plantea que el trabajo no es una parte esencial de la estructura social. Más bien, la legislación panameña sostiene que el trabajo es un elemento marginal, que no tiene un valor fundamental para el desarrollo de la sociedad.
El presidente Ricardo Martinelli quiere llevar la flexibilización aún más lejos. Ha planteado que la conquista del día domingo como día de descanso para los trabajadores debe eliminarse. Además, tiene un proyecto de ley preparado que haría desaparecer a los sindicatos laborales. El mandatario acaba de proponer un proyecto de ley para crear el Area Económica Especial del Barú (las antiguas plantaciones bananeras) donde los trabajadores no tendrían la protección de la Constitución Política ni del Código de Trabajo. Es decir, que no se podrían organizar, que tendrían salarios por debajo del mínimo y que los “empresarios” podrían contratar libremente trabajadores extranjeros.
Como consecuencia, el trabajo pasa a ser sacrificado por las políticas publicas que se aprueban y ejecutan en el país. La flexibilización tiene efectos macro y micro sobre la sociedad. En términos generales, reduce la participación del consumo de los trabajadores en la economía. A la vez, desarticula su participación en las instancias donde se toman las decisiones que lo afectan. Se producen incrementos en el empleo informal, en el desempleo juvenil, en la discriminación por género y en la descalificación del trabajo.
A nivel micro, la flexibilización convierte a los jefes de hogar en trabajadores precarios, bloquea el ingreso de los jóvenes al trabajo, incrementa la deserción escolar de los adolescentes y aumenta el abandono de los niños. La flexibilización desintegra la estructura familiar, convirtiéndolo el hogar en un cascaron sin figura paterna o autoridad socializadora. Al mismo tiempo, la ausencia de la estructura familiar desarticula a la comunidad y su red de relaciones que, incluso, se vuelve conflictiva.
La familia se desintegra con cada miembro buscando una solución a su problema particular. Muchas veces siguen viviendo bajo un mismo techo pero sin relaciones familiares. Igual fenómeno se produce a nivel de la comunidad al desaparecer la red de relaciones. La gente vive en un lugar que guarda cierta homogeneidad pero sin que exista un sentir comunitario.
La desintegración familiar genera condiciones propicias para la corrupción. Los diferentes miembros de la familia negocian independientemente con agentes del crimen organizado para resolver problemas inmediatos. La comunidad, a la vez, se convierte en un hervidero de oportunidades para la corrupción del comercio, del trafico de personas y de drogas.
La flexibilización de la fuerza de trabajo propicia las condiciones ideales para el crecimiento y consolidación del crimen organizado. En este “caldo de cultivo” creado por el trabajo informal, la familia desintegrada y la comunidad desarticulada, el crimen organizado recluta los jóvenes para sus bandas al servicio del tráfico de ilícitos y la prostitución. El crecimiento del crimen organizado crea conflictos territoriales entre los grupos que promueven los asaltos y los homicidios (ajusticiamientos).
La legislación pasada y la nueva que pretende introducir el gobierno – al servicio de los intereses del crimen organizado – sólo contribuye a acelerar el espiral de violencia y la inseguridad ciudadana que vive Panamá.
Panamá, 3 de junio de 2010.

Políticas públicas y crimen organizado (I)

Sectores vinculados al gobierno y a sus estamentos de “seguridad” señalan que el crimen organizado ha creado en Panamá una crisis social de envergadura. Además, apuntan a que el crimen organizado está creciendo. Agregan que el mejor contrapeso a esa enfermedad es una ciudadanía organizada. Los mismos dicen que hay que “sacar a los maleantes de la sociedad, sacarlos de la calle”. Sin embargo, las mismas autoridades gubernamentales legislan en forma sistemática en contra de la ciudadanía y a favor del crimen organizado.
Algunos expertos dicen que es necesario prevenir y buscar la causa del crimen. Dicen que es necesario buscar la causa en la estructura de la familia. Según estos especialistas, la familia bien constituida produciría ciudadanos íntegros. Tienen razón quienes dicen que es necesario buscar las causas del crimen. Sin embargo, se pierden cuando señalan que la víctima de la desorganización social – la familia – es la causa del problema. Hay que buscar las causas del crimen en otro lugar.
Las causas del crimen organizado en Panamá son las políticas públicas que aplican sistematicamente los gobiernos. La desorganización social de los diferentes sectores sociales es consecuencia de las leyes que se aprueban en la Asamblea de Diputados y son ejecutadas por el Presidente de la República. Leyes contra las organizaciones de los trabajadores, contra los productores agrícolas, contra los estudiantes, contra las amas de casa, contra los pequeños propietarios y tantas otras.
Estas leyes debilitan el tejido social de la familia, de la comunidad y del país. A su vez, le permiten a quienes especulan con las riquezas nacionales apropiarse de la producción de los panameños mediante la violencia, la corrupción y utilizando las mismas leyes que se crean para ese fin,
Los gobiernos panameños han desarrollado políticas publicas que contribuyen al aumento del crimen y de la corrupción. Entre las políticas públicas más notorias en este sentido ha sido la flexibilización de la fuerza de trabajo. Paralelo a la flexibilización, aparecen la desregulación y la llamada “apertura”. ¿Qué efectos han tenido estas políticas públicas sobre la estructura social panameña?
Estas políticas que debilitan la estructura social panameña son complementadas con espectáculos como la “Gran caminata por la seguridad ciudadana” realizada el domingo pasado en la ciudad de Panamá. Encabezada por el presidente de la República, la marcha que debió haber enviado un mensaje claro al país a favor de la paz se convirtió en un “show mediático” sin mayor contenido.
Para enfrentar el crimen organizado se necesita una sociedad, con grupos sociales consolidados, organizados y decididos a tomar acción. Se necesita una dirección política (gobierno) conocedora de las causas de la crisis y con la valentía para enfrentar los retos que presenta el crimen organizado. En la actualidad, sin embargo, los grupos sociales son desarticulados por la legislación que les secuestra sus familias, les destruye sus fuentes de trabajo y desarticula las redes sociales de las comunidades. Además, convierte a los gobernantes en presas fáciles para caer en las trampas del crimen organizado.
Hemos enumerado algunas de las malas noticias. Pero también hay buenas noticias. De la misma manera que se ha legislado en forma negativa durante los últimos lustros, se puede revertir esa tendencia y comenzar a promover leyes que pongan fin al crimen y destruir sus tentáculos. Por un lado, leyes que estabilicen el trabajo (en contra de la flexibilización). Además, leyes que regulen las actividades económicas en el país. Igualmente, una legislación que respete las riquezas del país y las ponga al servicio de los panameños.
Panamá, 27 de mayo de 2010.