“Éste es un día para rendir homenaje a todos aquellos que, en distintas latitudes, cayeron luchando para hacer más digna la vida del hombre y conquistar la auténtica libertad”. Salvador Allende, Presidente de Chile, 1º de mayo de 1971.
El 1º de mayo de todos los años sirve para que los trabajadores de todas las latitudes hagan un recuento de sus avances y retrocesos. Cada trabajador tiene que hacer un balance: ¿Estoy mejor que el año pasado? Los dirigentes obreros también tienen que revisar lo acontecido en el último año. ¿Están mejor los obreros del centro de trabajo que confiaron en ellos el liderazgo del movimiento? De igual manera, quienes se denominan dirigentes nacionales tienen que analizar la situación del país. ¿Está el país mejor en este 1º de mayo que hace un año?
Al igual que los países, los trabajadores tienen que sacar conclusiones para revisar sus metas y objetivos. Los empresarios que contratan a los trabajadores hacen el mismo ejercicio. Sus ejecutivos tienen que rendir cuentas a los propietarios de las empresas. Si las tasas de ganancia han bajado a los ejecutivos los destituyen. Si las ganancias aumentan, los ejecutivos son premiados.
En este 1º de mayo de 2010, los trabajadores tienen que preguntarse si sus salarios están mejor que el año pasado. También tienen que preguntarse si han mejorado las condiciones de trabajo. De igual manera, el trabajador tiene que preguntarse si su hogar está mejor que el año pasado. ¿Hay comida todos los días en la mesa, se sirven los “tres golpes”, están saltando “garrocha”? ¿Están los niños asistiendo todos los días a la escuela, hay buenos medios de comunicación, tienen libros?
Hay indicios que los trabajadores en 2010 están peor que el año pasado. El desempleo subió, la informalidad aumentó como consecuencia de las políticas de flexibilización, el precio de la canasta básica aumentó, el sistema educativo continúa desarticulándose, el transporte empeoró y la salud ambiental desmejoró.
Aún más, a partir del 1º de julio el impuesto al consumo subirá en un 40 por ciento. Para colmo, ahora hay una ley que prohíbe la protesta. Cualquier trabajador que proteste por estas condiciones sociales puede ser condenado a dos años de prisión.
Los propietarios de las empresas y sus ejecutivos se irán a la playa o a Miami este 1º de mayo. También se llevarán a algunos de sus trabajadores, para que no piensen mucho. Los que marcharán hacia la Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Panamá, tienen que elaborar una estrategia para enfrentar la ofensiva patronal – en combinación con el gobierno - que pretende empobrecerlos aún más.
En los próximos meses el actual gobierno presentará una ley que haga ineficaz eliminará la huelga. La legislación que se propondrá le permitirá al empresario contratar “rompehuelgas”. La nueva política introducirá un nuevo nivel de represión contra el trabajador y su familia. La muerte de jóvenes trabajadores y jefes de familia obrera, a manos de matones y agentes armados, se pondrá a la orden del día.
El primer punto en una estrategia que le permita a los trabajadores enfrentar la represión es la unidad de la clase obrera. Los trabajadores unidos pueden negociar mejor. Sobre la unidad de clase los empresarios tienen buena experiencia: Cuando sus intereses son amenazados cierran filas y reaccionan inmediatamente. Los trabajadores tienen que unirse en este 1º de mayo para enfrentar los retos del futuro.
Panamá, 29 de abril de 2010.
viernes, 30 de abril de 2010
sábado, 24 de abril de 2010
El Ministerio de Seguridad Pública
Panamá ya cuenta con su Ministerio de Seguridad Pública, creado por el gobierno que preside Ricardo Martinelli. La nueva dependencia tiene relación directa con la política norteamericana de controlar el tráfico de drogas entre Colombia y EEUU. La patria de Santander es actualmente el principal productor y exportador de cocaína en el mundo. EEUU, a su vez, consume más de 50 por ciento de todas las drogas producidas a escala mundial. El nuevo Ministerio, además, tendrá bajo su responsabilidad servir de correa de trasmisión entre las fuerzas de seguridad que tiene EEUU en Colombia.
El Ministerio de Seguridad tiene bajo su mando todas las fuerzas represivas del Estado panameño. Concentra las actividades de la Policía Nacional, las fuerzas especiales de la Presidencia, las Fuerzas Aéreonavales, de Investigación Judicial, Migración y Fuerzas Fronterizas. Algunos asesores norteamericanos sugirieron que el Ministerio Público se sometiera al nuevo Ministerio. Por el momento, esta idea fue engavetada. La nueva entidad, que forma parte del gabinete del presidente Martinelli, suplanta a las antiguas Fuerzas de Defensa (FDP). Entre las primeras iniciativas del general Noriega al frente de las FDP en 1983 fue concentrar todas las instituciones represivas, en forma similar a lo que está ocurriendo actualmente.
La centralización de las actividades represivas de los aparatos especializados del Estado panameño, le permite a EEUU mantener un control más estricto sobre las actividades del gobierno. En la actualidad, Panamá está habilitando un total de 11 bases aéreonavales sobre el Atlántico y el Pacífico para uso de patrulleras y pequeños barcos de guerra norteamericanos. Igualmente, utiliza fondos, tecnología y asesoría de EEUU para patrullar la frontera con Colombia.
El nuevo Ministerio es encabezado por el J. Raúl Mulino, presidente del pequeño partido Unión Patriótica , miembro de la alianza gubernamental. En el desmembramiento del antiguo Ministerio de Gobierno y Justicia, que dio lugar al nuevo engranaje de seguridad, apareció también el Ministerio del Interior. Todo indica que esta nueva dependencia se dedicará a actividades de índole social con sus juntas comunales, los bomberos y la Banda Republicana.
Mientras que EEUU tiene un proyecto muy claro en Panamá, el gobierno del presidente Martinelli no logra definir sus políticas en forma precisa. Hasta el presente – después de 10 meses en la Presidencia – ha logrado mantener un perfil alto que lo ha favorecido en las encuestas. Sin embargo, no se ha preocupado de resolver los problemas de seguridad ciudadana, de educación o salud y los problemas económicos no son atendidos.
El colapso reciente del sistema de recolección de basura es una muestra de los problemas que acechan al actual gobierno. Las políticas ambientales, mineras y turísticas tienden a acumular contradicciones que pueden estallar en cualquier momento. Martinelli pareciera más interesado es convertir el país en centro de inversiones de dudosa transparencia. Al mismo tiempo, expone al Istmo a alianzas extranjeras conflictivas.
En este marco, se ha enfrentado a los trabajadores, a las capas medias y, últimamente, cuestionó la legitimidad de las organizaciones formadas en la década de 1990 con el nombre Sociedad Civil. Los programas de subvención popular, en parte heredados del gobierno anterior, le han permitido conservar algo de credibilidad. Pero todo indica que el Ministerio de Seguridad, y las políticas represivas que anuncia, pondrán en entredicho la legitimidad de los ocupantes del Palacio de las Garzas.
Panamá, 22 de abril de 2010.
El Ministerio de Seguridad tiene bajo su mando todas las fuerzas represivas del Estado panameño. Concentra las actividades de la Policía Nacional, las fuerzas especiales de la Presidencia, las Fuerzas Aéreonavales, de Investigación Judicial, Migración y Fuerzas Fronterizas. Algunos asesores norteamericanos sugirieron que el Ministerio Público se sometiera al nuevo Ministerio. Por el momento, esta idea fue engavetada. La nueva entidad, que forma parte del gabinete del presidente Martinelli, suplanta a las antiguas Fuerzas de Defensa (FDP). Entre las primeras iniciativas del general Noriega al frente de las FDP en 1983 fue concentrar todas las instituciones represivas, en forma similar a lo que está ocurriendo actualmente.
La centralización de las actividades represivas de los aparatos especializados del Estado panameño, le permite a EEUU mantener un control más estricto sobre las actividades del gobierno. En la actualidad, Panamá está habilitando un total de 11 bases aéreonavales sobre el Atlántico y el Pacífico para uso de patrulleras y pequeños barcos de guerra norteamericanos. Igualmente, utiliza fondos, tecnología y asesoría de EEUU para patrullar la frontera con Colombia.
El nuevo Ministerio es encabezado por el J. Raúl Mulino, presidente del pequeño partido Unión Patriótica , miembro de la alianza gubernamental. En el desmembramiento del antiguo Ministerio de Gobierno y Justicia, que dio lugar al nuevo engranaje de seguridad, apareció también el Ministerio del Interior. Todo indica que esta nueva dependencia se dedicará a actividades de índole social con sus juntas comunales, los bomberos y la Banda Republicana.
Mientras que EEUU tiene un proyecto muy claro en Panamá, el gobierno del presidente Martinelli no logra definir sus políticas en forma precisa. Hasta el presente – después de 10 meses en la Presidencia – ha logrado mantener un perfil alto que lo ha favorecido en las encuestas. Sin embargo, no se ha preocupado de resolver los problemas de seguridad ciudadana, de educación o salud y los problemas económicos no son atendidos.
El colapso reciente del sistema de recolección de basura es una muestra de los problemas que acechan al actual gobierno. Las políticas ambientales, mineras y turísticas tienden a acumular contradicciones que pueden estallar en cualquier momento. Martinelli pareciera más interesado es convertir el país en centro de inversiones de dudosa transparencia. Al mismo tiempo, expone al Istmo a alianzas extranjeras conflictivas.
En este marco, se ha enfrentado a los trabajadores, a las capas medias y, últimamente, cuestionó la legitimidad de las organizaciones formadas en la década de 1990 con el nombre Sociedad Civil. Los programas de subvención popular, en parte heredados del gobierno anterior, le han permitido conservar algo de credibilidad. Pero todo indica que el Ministerio de Seguridad, y las políticas represivas que anuncia, pondrán en entredicho la legitimidad de los ocupantes del Palacio de las Garzas.
Panamá, 22 de abril de 2010.
viernes, 16 de abril de 2010
Los corruptos criminalizan la protesta
La Asamblea de Diputados acaba de aprobar una ley que convierte la protesta en un crimen que puede ser objeto de un castigo de hasta dos años de prisión en Panamá. Hace poco elevaron la pena de prisión más larga de 20 a 50 años. La legislación, obviamente, tiene nombre y apellido. Se quiere acabar con la poca libertad de expresión que le queda a los sectores populares y, especialmente, a los segmentos más combativos de la clase obrera organizada.
La protesta en la calle es el último recurso que le queda a la gente que no tiene la capacidad financiera para expresar su descontento por medio de partidos políticos, por los medios de comunicación (televisión) o utilizando las cuentas bancarias de los dueños del país. En los últimos 20 años, a los trabajadores se les han coartado sus libertades para organizarse y negociar sus condiciones de trabajo. A los educadores del país se les ha acorralado, recortando sus niveles de ingreso. En las áreas rurales, a los trabajadores del campo se les secuestran sus tierras, contaminan sus fuentes de agua y son reprimidos en forma sistemática. En las comunidades indígenas, las autoridades y las empresas privadas pasan sus tractores por encima de sus viviendas y destruyen sus puentes.
El derecho a la expresión mediante la protesta está consagrado en la Constitución, leyes y convenios internacionales firmados por los gobiernos panameños. Sin embargo, el gobierno decidió tomar medidas de precaución como consecuencia de sus políticas impopulares. La reforma fiscal que entrará a regir a mediados de 2010 generará mucho descontento y protestas. Igualmente, el incremento de los precios de los alimentos que conforman la canasta básica creará zozobra en la familia panameña.
Las protestas también van dirigidas a la corrupción que es rampante entre las cúpulas gobernantes y sus socios del sector privado. En los mandos medios se manipulan los recursos de salud, educación y aseo municipal. En las esferas más altas, los negocios son más suculentos. A la cabeza de los proyectos que reparten miles de millones entre los corruptos se colocan las autopistas, las minas, las represas, los casinos, la usura inmobiliaria y el negocio de las reexportaciones.
Mientras unos se enriquecen, las grandes mayorías siguen empobreciéndose. La Asamblea de Diputados – representando a la corrupción - no tiene otra alternativa. Hay que criminalizar la protesta. La protesta popular es la respuesta a una situación creada por una clase corrupta que está llevando al país por un camino que no tiene salida. El presidente Ricardo Martinelli es de hecho también presidente de la bancada oficial, mayoritaria en la Asamblea de Diputados. Si decide publicar la ley aprobada por la Asamblea en la Gaceta Oficial creará una crisis de legitimidad que lo perseguirá para el resto de su mandato (2014). Si veta su propia propuesta crearía una crisis de credibilidad entre sus partidarios.
Es probable que mañana le toque “protestar” a la cruzada civilista – la extrema derecha panameña - y tendrá que enfrentar una ley de su propia factura. En ese momento contará con el apoyo de la Embajada de EEUU que levantará sus cañones en defensa de la libertad de corrupción de los sectores más adinerados del país. No hay que olvidarse que las leyes siempre regresan para hacer justicia contra los corruptos.
Panamá, 15 de abril de 2010.
La protesta en la calle es el último recurso que le queda a la gente que no tiene la capacidad financiera para expresar su descontento por medio de partidos políticos, por los medios de comunicación (televisión) o utilizando las cuentas bancarias de los dueños del país. En los últimos 20 años, a los trabajadores se les han coartado sus libertades para organizarse y negociar sus condiciones de trabajo. A los educadores del país se les ha acorralado, recortando sus niveles de ingreso. En las áreas rurales, a los trabajadores del campo se les secuestran sus tierras, contaminan sus fuentes de agua y son reprimidos en forma sistemática. En las comunidades indígenas, las autoridades y las empresas privadas pasan sus tractores por encima de sus viviendas y destruyen sus puentes.
El derecho a la expresión mediante la protesta está consagrado en la Constitución, leyes y convenios internacionales firmados por los gobiernos panameños. Sin embargo, el gobierno decidió tomar medidas de precaución como consecuencia de sus políticas impopulares. La reforma fiscal que entrará a regir a mediados de 2010 generará mucho descontento y protestas. Igualmente, el incremento de los precios de los alimentos que conforman la canasta básica creará zozobra en la familia panameña.
Las protestas también van dirigidas a la corrupción que es rampante entre las cúpulas gobernantes y sus socios del sector privado. En los mandos medios se manipulan los recursos de salud, educación y aseo municipal. En las esferas más altas, los negocios son más suculentos. A la cabeza de los proyectos que reparten miles de millones entre los corruptos se colocan las autopistas, las minas, las represas, los casinos, la usura inmobiliaria y el negocio de las reexportaciones.
Mientras unos se enriquecen, las grandes mayorías siguen empobreciéndose. La Asamblea de Diputados – representando a la corrupción - no tiene otra alternativa. Hay que criminalizar la protesta. La protesta popular es la respuesta a una situación creada por una clase corrupta que está llevando al país por un camino que no tiene salida. El presidente Ricardo Martinelli es de hecho también presidente de la bancada oficial, mayoritaria en la Asamblea de Diputados. Si decide publicar la ley aprobada por la Asamblea en la Gaceta Oficial creará una crisis de legitimidad que lo perseguirá para el resto de su mandato (2014). Si veta su propia propuesta crearía una crisis de credibilidad entre sus partidarios.
Es probable que mañana le toque “protestar” a la cruzada civilista – la extrema derecha panameña - y tendrá que enfrentar una ley de su propia factura. En ese momento contará con el apoyo de la Embajada de EEUU que levantará sus cañones en defensa de la libertad de corrupción de los sectores más adinerados del país. No hay que olvidarse que las leyes siempre regresan para hacer justicia contra los corruptos.
Panamá, 15 de abril de 2010.
jueves, 8 de abril de 2010
EEUU e Israel: Alianza y lealtad
EEUU ha quedado estupefacto con la posición del gobierno de Israel de rechazar la mano que le da de comer. Washington insiste en que Tel Aviv tiene que someter su política exterior a los dictados de EEUU. Sin embargo, los gobernantes del partido Likud se han atrincherado en posiciones que aparentan ser auto-destructivos.
Los analistas norteamericanos señalan que Israel y EEUU tienen un enemigo común en la región: la República Islámica de Irán. A la vez, cuentan con aliados comunes: Arabia Saudita, Egipto y Jordania. En este caso, los viejos adagios deberían tener plena vigencia: los enemigos de tus amigos son tus enemigos.
La pieza que no cuadra en la estrategia de EEUU en el Medio Oriente es Palestina. Un pueblo que tiene 60 años de estar luchando para ser reconocido como país soberano. Desde 1967 Palestina es ocupado militarmente por Israel. Casi medio siglo de una política israelí de represión y opresión le ha costado la vida a decenas de miles de palestinos. EEUU financia esta situación. Además, le proporcionas armas, incluso, tolera el armamento atómico de Israel.
Como una muestra de buena fe hacia los países de la región, EEUU le pidió a Tel Aviv que no construyera más viviendas en la parte oriental de Jerusalén, capital de la futura república palestina. (Israel tiene actualmente un proyecto de construir 1,600 viviendas como primer paso de un plan que incluye un total de 50,000). La agencia de noticias española EFE, informó el Viernes Santo que la conmemoración tradicional de la muerte de Jesús en la cruz se realizó pasando por barrios recién ocupados por judíos. La vía dolorosa ahora es habitada por judíos que expropiaron las casas de cristianos y árabes que fueron expulsados del sector.
“En la tercera parada (de la vía Crucis), agrega el despacho de EFE, en la que según la tradición Jesús cayó cuando cargaba la cruz, se emplaza una vivienda propiedad del ex primer ministro israelí, Ariel Sharón, que fue confiscada a una familia cristiana palestina”.
Washington señala, en su disputa con Tel Aviv, que su objetivo es promover un entendimiento entre los distintos gobiernos árabes en torno al futuro de la región. Los aliados de EEUU están de acuerdo en aislar e, incluso, atacar militarmente a Irán pero con la condición que Palestina se convierta en un Estado soberano. O, por lo menos, que EEUU logre que Israel se comporte como un aliado leal. Israel se negó a hacerlo y de la peor manera, humillando públicamente a toda la cúpula gobernante de Washington.
En EEUU el conflicto de intereses entre los dos países lo han bautizado con el nombre de “impasse”. Lo único seguro es que la pelea se va a resolver. Sin embargo, la solución va a significar una relación totalmente nueva. Es decir, la alianza o protección tradicional que recibe Israel de parte de EEUU sufrirá cambios importantes.
Washington tiene compromisos militares muy grandes en la región que van desde el norte de Africa hasta Afganistán. El núcleo duro de la región está en los países productores de petróleo que incluyen Arabia Saudita, Irak e Irán. El área se extiende hacia el mar Caspio, otra región rica en yacimientos. Israel ha sido una pieza clave en mantener un equilibrio favorable para EEUU en la región desde 1960.
En estos momentos, sin embargo, los gobernantes en Washington perciben a Tel Aviv más interesada en conservar un pacto interno de partidos de extrema derecha, decididos en anexar a Palestina, que en mantener la dominación de EEUU en la región. En la década de 1970 el secretario de Estado, Henry Kissinger, le dobló la mano al primer ministro Begín cuando éste se resistía a negociar la paz con Egipto. Fue una paz norteamericana que aseguró tener al lado de Washington ese poderoso país árabe.
Un creciente número de judíos en EEUU – que escriben en los medios de ese país – están nerviosos por el desarrollo del actual impasse entre los dos países. ¿Qué consecuencias puede tener un enfriamiento del compromiso que ha tenido EEUU para con Israel? Aún más, ¿puede el apoyo de los judíos en EEUU para con Israel sufrir una crisis? Ambos escenarios parecieran muy extremos y alejados de lo que ha caracterizado la historia reciente.
Sin embargo, como lo han dicho sus gobernantes desde su independencia, EEUU no tiene amigos, sólo tiene intereses.
Panamá, 8 de abril de 2010.
Los analistas norteamericanos señalan que Israel y EEUU tienen un enemigo común en la región: la República Islámica de Irán. A la vez, cuentan con aliados comunes: Arabia Saudita, Egipto y Jordania. En este caso, los viejos adagios deberían tener plena vigencia: los enemigos de tus amigos son tus enemigos.
La pieza que no cuadra en la estrategia de EEUU en el Medio Oriente es Palestina. Un pueblo que tiene 60 años de estar luchando para ser reconocido como país soberano. Desde 1967 Palestina es ocupado militarmente por Israel. Casi medio siglo de una política israelí de represión y opresión le ha costado la vida a decenas de miles de palestinos. EEUU financia esta situación. Además, le proporcionas armas, incluso, tolera el armamento atómico de Israel.
Como una muestra de buena fe hacia los países de la región, EEUU le pidió a Tel Aviv que no construyera más viviendas en la parte oriental de Jerusalén, capital de la futura república palestina. (Israel tiene actualmente un proyecto de construir 1,600 viviendas como primer paso de un plan que incluye un total de 50,000). La agencia de noticias española EFE, informó el Viernes Santo que la conmemoración tradicional de la muerte de Jesús en la cruz se realizó pasando por barrios recién ocupados por judíos. La vía dolorosa ahora es habitada por judíos que expropiaron las casas de cristianos y árabes que fueron expulsados del sector.
“En la tercera parada (de la vía Crucis), agrega el despacho de EFE, en la que según la tradición Jesús cayó cuando cargaba la cruz, se emplaza una vivienda propiedad del ex primer ministro israelí, Ariel Sharón, que fue confiscada a una familia cristiana palestina”.
Washington señala, en su disputa con Tel Aviv, que su objetivo es promover un entendimiento entre los distintos gobiernos árabes en torno al futuro de la región. Los aliados de EEUU están de acuerdo en aislar e, incluso, atacar militarmente a Irán pero con la condición que Palestina se convierta en un Estado soberano. O, por lo menos, que EEUU logre que Israel se comporte como un aliado leal. Israel se negó a hacerlo y de la peor manera, humillando públicamente a toda la cúpula gobernante de Washington.
En EEUU el conflicto de intereses entre los dos países lo han bautizado con el nombre de “impasse”. Lo único seguro es que la pelea se va a resolver. Sin embargo, la solución va a significar una relación totalmente nueva. Es decir, la alianza o protección tradicional que recibe Israel de parte de EEUU sufrirá cambios importantes.
Washington tiene compromisos militares muy grandes en la región que van desde el norte de Africa hasta Afganistán. El núcleo duro de la región está en los países productores de petróleo que incluyen Arabia Saudita, Irak e Irán. El área se extiende hacia el mar Caspio, otra región rica en yacimientos. Israel ha sido una pieza clave en mantener un equilibrio favorable para EEUU en la región desde 1960.
En estos momentos, sin embargo, los gobernantes en Washington perciben a Tel Aviv más interesada en conservar un pacto interno de partidos de extrema derecha, decididos en anexar a Palestina, que en mantener la dominación de EEUU en la región. En la década de 1970 el secretario de Estado, Henry Kissinger, le dobló la mano al primer ministro Begín cuando éste se resistía a negociar la paz con Egipto. Fue una paz norteamericana que aseguró tener al lado de Washington ese poderoso país árabe.
Un creciente número de judíos en EEUU – que escriben en los medios de ese país – están nerviosos por el desarrollo del actual impasse entre los dos países. ¿Qué consecuencias puede tener un enfriamiento del compromiso que ha tenido EEUU para con Israel? Aún más, ¿puede el apoyo de los judíos en EEUU para con Israel sufrir una crisis? Ambos escenarios parecieran muy extremos y alejados de lo que ha caracterizado la historia reciente.
Sin embargo, como lo han dicho sus gobernantes desde su independencia, EEUU no tiene amigos, sólo tiene intereses.
Panamá, 8 de abril de 2010.
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